ERC pasa a la fase del referéndum antes de que la mesa de diálogo cierre la desjudicialización

Que las legislaturas catalana y española no vayan sincronizadas, es decir, que una, la española, finalice 15 meses antes que la otra, la catalana (bajo el supuesto de que se agote) ha significado un factor de distorsión política en la relación entre ERC y el PSOE. Ha producido paradojas como que ERC, sin tener la presidencia de la Generalitat, negociara una mesa entre gobiernos, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, para después comprobar que el que sí era ‘president’ en esos momentos, Quim Torra, no mostraba el más mínimo interés por ese foro de diálogo. Otra distorsión es la que se vive en la actualidad. Este diario avanzó, el pasado 25 de enero, que ERC interpretaba que en 2022 se viviría el momento de la verdad de la mesa de diálogo, porque el 2023 será, a todas luces, inhábil por el ciclo electoral español (generales y autonómicas). Un 2023 que en España marca un fin de etapa (gane con quien gane los comicios generales), pero que pilla a Catalunya justo cruzando el ecuador de la legislatura. La mesa de diálogo, el foro donde tratar de debatir sobre el futuro político de Catalunya es la columna vertebral del ‘aragonesismo’. La proporción de idealismo justa que precisa para que su atracción por la ‘realpolitik’ no sea entendida como una versión 2.0 del ‘peix al cove’ convergente. Y si en 2022 la mesa de negociación queda en ‘stand by’, ¿qué va a hacer Aragonès hasta convocar las elecciones? De la congelación a la híperinflación A esta fecha límite del 31 de diciembre hay que sumar los tres meses en que las relaciones entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat se “congelaron” por el Catalangate. Las relaciones se retomaron en julio por algo con lo que nadie contaba: la híperinflación derivada de la guerra de Ucrania echaba trizas el plan de Pedro Sánchez de no tener que negociar unos nuevos presupuestos. Es decir, la neonata necesidad del socialista de echar mano de sus socios parlamentarios. Con solo cinco meses por delante y sabiendo que si se apostaba todo al diálogo-negociación sobre la autodeterminación las probabilidades de acabar con los bolsillos vacíos eran altísimas, los republicanos lo fiaron todo al otro pilar de la mesa: la desjudicialización. Pero esta vía, con las votaciones del jueves en el Congreso sobre la reforma del Código Penal, y la tipificación de los delitos de sedición y malversación, está ya agotada Los republicanos se hallan satisfechos del final de este 2022. Durante largos periodos temieron llegar al próximo ciclo electoral, que empieza en mayo, sin ningún logro con el que presumir y habiendo de escuchar las críticas Junts de entreguismo a Sánchez. Los pactos capitalinos, sobre la reforma del Código Penal y sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han dado aire a los republicanos. Banderín de enganche Pero la mejora del Código Penal no es algo que genere tanta ilusión en el electorado independentista como para movilizar a los más renuentes, cara a las elecciones de mayo. Sigue pendiente la resolución del conflicto político. Entre un 45% y un 51,7% del electorado ha votado por fuerzas independentistas en las elecciones catalanas desde 2012. Así que, el final del camino de la desjudicialización y la necesidad de un nuevo banderín de enganche, de carácter idealista y, a poder ser, lo suficientemente ilusionador para el mercado independentista como para que pueda ser empleada en campaña electoral ha impuesto un cambio de tercio en la mesa de negociación. Porque, en efecto, es ERC el que marca la agenda de este foro de diálogo, ante un PSOE más reactivo, entre otras cosas porque la oposición política, mediática y judicial le genera un escándalo y, ahora ya, ruido de togas. Al menos, en esta legislatura en la que los votos de los republicanos han sido y son claves para la gobernabilidad del Estado. Y este cambio de fase ha sido perceptible con toda nitidez esta semana en la que han coincidido el relanzamiento del Acuerdo de Claridad propuesto por Aragonès el 27 de septiembre, con el aderezo de la ‘vía Montenegro’ del propio partido republicano. El 'camino de Montenegro' El origen de la ‘vía Montenegro’, por cierto, es fácilmente explicable. ERC siempre ha manifestado, lejos de los micrófonos, que es en el ámbito de la desjudicialización donde ha hallado mayores aliados en Europa, por cuanto es una cuestión que afecta a los derechos fundamentales, como por ejemplo, el de la representación política. Eso sí, esos mismos aliados, cuando se les pone encima de la mesa el derecho a la autodeterminación, tuercen el morro. Jugar con la unidad territorial de un estado, en lo que es un club de estados (la Unión Europea) es harina de otro costal. Así que la opción de ERC ha sido apostar por lo que una vez ya sancionó la propia UE en el caso de Montenegro, el famoso 50%-55%. Un guiño obvio de obediencia a la comunidad internacional y a la vez una forma de poner a las propias instituciones europeas ante el espejo: atacar la ‘vía Montenegro’ sería contradecirse. Todo ello, el cambio de fase, sucede, además, sin esperar a que se reúna la propia mesa de negociación para poner el cierre formal a esta primera fase (según los republicanos), si es que se acaba celebrando. En el seno de ERC no tienen dudas (“Se llevará a cabo”, aseveran), pero en el del Govern el matiz es distinto (“Nos gustaría que se celebrara”, afirman). Y es que con todo el pescado de la desjudicialización ya vendido pocos incentivos puede tener Pedro Sánchez por reunirse con Aragonès, en Barcelona, para rubricar unos acuerdos ya votados y que, por si fuera poco, incendiaron el Congreso. Con menos, la oposición pintaría 'La Rendición de Breda'. Un año de 'impasse'...como mínimo La conclusión de todo ello es que Aragonès, que es quien capitanea todo lo relativo al Acuerdo de Claridad, tiene unas semanas o meses para poner ya en la agenda mediática el referéndum de autodeterminación. Y ya solo le quedará cruzar los dedos para que las elecciones generales de finales de 2023 sitúen, de nuevo, a ERC como la fuerza clave para que Pedro Sánchez renueve el alquiler de la Moncloa. Un triunfo del propio Sánchez sin tener que depender de ERC o uno del PP obligarían a meter el Acuerdo de Claridad y la propia mesa de diálogo en un cajón. Aragonès quedaría sin ‘columna vertebral a falta, aún, de 15 meses para agotar la legislatura en el Parlament. Mucho tiempo y más para el Govern con menos apoyo parlamentario de la historia.

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