En la filosofía de resistencia de Pedro Sánchez la palabra "riesgo" ha acabado siendo casi una rutina. Con el sprint de la desjudicialización que negocia con el 'president' Pere Aragonès y la reforma del Código Penal aún humeante, el presidente del Gobierno se ha plantado en Barcelona arropado por toda la cúpula del PSC para defender que asume todas las consecuencias que pueda tener "sacar de los juzgados" el conflicto catalán. De hecho, bajo su punta de vista, no hay alternativa si se quiere evitar que se repita la convulsión de hace cinco años. Sin mencionarla directamente, entre ceja y ceja tiene el último episodio de la negociación con los independentistas: la modificación de la malversación. La contrapropuesta que presentarán el PSOE y Podemos a ERC es una nueva acepción del delito, la de "desvío presupuestario irregular" de dinero público a un fin distinto al que estuviese destinado, un tipo con un castigo de hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación en el que consideran que podría encajar la organización del 1-O. Esta modificación supondría, a la práctica, una rebaja de la pena para los encausados del 'procés'.