Hacer 'tabula rasa', recomenzar la relación con Catalunya dejando atrás la judicialización. Casi tres años después de ese compromiso verbalizado durante una investidura en la que ERC tuvo un papel clave, el presidente Pedro Sánchez afronta con el 'president' Pere Aragonès el tramo final de la negociación para mitigar el impacto judicial de la organización del 1-O, una reforma del Código Penal que, eso sí, quedará después a expensas de la interpretación de los tribunales para determinar cómo afecta a los encausados por el 'procés'. Tras los indultos, la supresión de la sedición y la modificación de la malversación que está ahora en marcha, y tres presupuestos generales del Estado que han garantizado la estabilidad de la Moncloa, quedan ahora tres semanas para que, según agendaron los dos presidentes en julio, la mesa de diálogo se reúna y selle oficialmente sus resultados. Para los republicanos este no es más que un "primer escalón" para avanzar en la resolución de un conflicto que, avisan, no dan por terminado.