El Gobierno plantea un nuevo delito de corrupción para compensar la reforma de la malversación

Hay que ampliar el foco para entender, en su conjunto, la maraña de propuestas de enmiendas a la reforma del Código Penal presentadas por el PSOE, Podemos y ERC. Porque todas ellas son fruto de negociaciones cruzadas y, también, de la necesidad que tiene cada una de las partes de justificar sus apuestas ante los suyos. Tras la derogación de la sedición, la reforma de malversación se prevé de alto voltaje. Sobre todo con el aliento en la nuca del efecto indeseado que ha tenido la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Si lo que persiguen los republicanos es que no sea aplicable a la organización del 1-O, lo que pretende el Gobierno es que no se le eche en cara que la desjudicialización prometida a los independentistas avanza en detrimento de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo? Con la creación de un nuevo delito de "enriquecimiento ilícito" para los cargos públicos que no justifiquen un incremento patrimonial que supere los 250.000 euros. La derecha ya se ha lanzado a la yugular de Pedro Sánchez, con amenaza de moción de censura incluida. Los intereses cruzados entre ambas partes han sido escenificados de forma simultánea. ERC ha presentado un texto para acotar la definición de la malversación y dejar fuera de su interpretación que se destinaran recursos públicos para el 1-O. Se trata, sostienen, de deshacer la reforma del PP de 2015, de eliminar los conceptos "arbitrarios" que se introdujeron -apropiación indebida y administración desleal- para que la malversación no sirva para "perseguir" al independentismo, sino para castigar con las mismas penas que hasta ahora a quien se lucre o propicie el lucro de terceros. También a quien, sin que haya enriquecimiento, haga un "uso particular y ajeno a la función pública", un artículo, el 432 bis, que argumentan que se recupera del código de 1995 con un máximo de 3 años de prisión y que no sería aplicable sobre los organizadores del referéndum porque se refiere a cuestiones como, por ejemplo, el uso indebido de un coche oficial u otras herramientas de las que disponen los representantes públicos. Salvaguardar las apariencias Si una cosa incomodaba a ERC es ser ellos mismos de partida los que planteen un texto que proponga penas de cárcel -aunque sea una rebaja- para los condenados por el 1-O o dirigentes como Josep María Jové o Lluís Salvadó, con juicio pendiente por malversación y prevaricación, porque entienden que lo que hicieron no es punible y el objetivo debe ser acercarse a una amnistía. Otra cosa es, admiten, qué se acabará acordando. Las negociaciones con el PSOE han pivotado hasta ahora no en la despenalización del uso de fondos para el 1-O, sino en una reducción de penas. Así pues, habrá que ver cómo queda finalmente redactado el artículo que hace referencia a la malversación sin lucro y que los republicanos defienden que tampoco debe servir para beneficiar a dirigentes como el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE. Esa misma defensa ha hecho el PSOE, que ha asegurado que Griñán no se ahorrará la prisión con la reforma. Consciente de que la enmienda de ERC iba a atizar el fuego de PP, Vox y Ciudadanos, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, han comparecido al mismo tiempo que se registraba el texto de los republicanos para reivindicar su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y negar que fuera un movimiento para blanquear la iniciativa de los republicanos catalanes. Sobre el nuevo delito, han explicado que servirá para actuar contra aquellos cargos públicos que durante su mandato y durante los cinco años posteriores se enriquezcan en más de 250.000 euros y no sean capaces de justificar la procedencia de ese dinero. Las penas cárcel irán de entre seis meses y tres años, inhabilitación de entre dos y siete años y multas económicas de hasta tres veces lo enriquecido para quienes no acrediten un enriquecimiento desmesurado al final de su función pública. Además de esta enmienda, y derivado también de la negociación con ERC, el Gobierno también ha puesto sobre la mesa, como avanzó Podemos, un retoque de los desórdenes públicos agravados -que se incluyen tras eliminar la sedición- con la mirada puesta en las reclamaciones de los movimientos sociales y que plantea suprimir la referencia al castigo a las personas que ocupen edificios u oficinas sin haber hecho uso de la violencia. A este filón se acogen también los republicanos, presionados por Junts, CUP y entidades como la ANC, que plantean la reducción de la pena mínima del tipo agravado -que va de 3 a 5 años- a un año. Y con el Código Penal abierto en canal y la polémica ya levantada, socialistas y morados han planteado la creación de un nuevo delito para los empresarios que incumplan la legislación laboral de manera reiterada y dos enmiendas que obligarán al Consejo General del Poder Judicial a desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Las amenazas de la derecha Sin sorpresa alguna, nada más conocerse los planes del Gobierno, PP, Vox y Cs se han lanzado a criticar al Gobierno de coalición. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que estudiarán presentar recursos de inconstitucionalidad a la norma y ha denunciado que estos movimientos sirven "al único objetivo de entregar el Código Penal a aquellos de quien depende Pedro Sánchez". Vox y Ciudadanos no solo han cargado contra el Gobierno de coalición, sino que han aprovechado para desgastar al PP. Tanto Santiago Abascal como Inés Arrimadas han enarbolado la bandera de la moción de censura, pese a que no tienen los números para que fructifique, y han presionado a los conservadores a dar este paso. Por lo pronto, el líder de Vox ha querido ganarle el paso a Alberto Núñez Feijóo y ha anunciado que empezará a buscar un candidato neutral e independiente que lidere la moción de censura. Será el jueves de la semana que viene cuando, si nada se tuerce, la batería de acuerdos entre el Gobierno y ERC quede oficialmente rubricada -a falta del predecible visto bueno del Senado- y a la espera de una puesta de largo en la reunión de la mesa de diálogo antes de comerse las uvas de fin de año. Hasta entonces, las presiones de unos y otros, internas y externas, no son ni serán pequeñas.

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ERC ultima con Moncloa la mitigación de las consecuencias del 1-O mientras el PSOE y Podemos impulsan el castigo al enriquecimiento no justificado de cargos electos y matizan los desórdenes agravados

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