Hace años que los activistas contra la corrupción reclaman más herramientas para perseguir las argucias legales de quienes dedican su actividad pública al lucro personal. Es conocido que la persecución judicial del entramado de sociedades opacas en el extranjero de quien se ha enriquecido irregularmente es algo así como competir en bicicleta frente a un Fórmula 1. Una de las exigencias del activismo en favor de la ética política e incluso de Naciones Unidas ha sido la de instalar un radar por tramos: si cuando se entra en la administración el patrimonio es de 100 pero cuando se sale esa cifra se ha multiplicado, entonces se debe proceder a sancionar esta 'conducción' del dinero salvo que se justifique fehacientemente. Es por ello que los dos socios del Gobierno quieren introducir esta demanda negro sobre blanco en el Código Penal. Se llama "incremento patrimonial no justificado".
Vieja reivindicación
El delito de enriquecimiento ilícito, nueva herramienta contra la corrupción 16 años después
Se deberán justificar incrementos de más de 250.000 euros, según la propuesta del PSOE y UP
Los expertos celebran la medida pero avisan de que llega tarde y que debe ir acompañada de más iniciativas
Ángeles Muñoz, en agosto de 2017, jura su cargo como alcaldesa de Marbella por segunda vez después de ganar la moción de censura que presentó al alcalde del PSOE. /
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