El 'magno' bloqueo del Tribunal Constitucional en un acto de Estado fallido

Fue una ceremonia, la del 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados, representativa de la foto de Estado fallido al que el PP, primero por Pablo Casado y ahora por Alberto Núñez Feijóo, han arrastrado a los principales órganos constitucionales de España. Tan claro lo tiene Núñez Feijóo que este miércoles, un día después, explicó el carácter estratégico de su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Porque el PP intenta "proteger al poder judicial de un Gobierno que quiere controlar la justicia y politizarla". Según explicó en Onda Cero al periodista Carlos Alsina, "a Sánchez le interesa el Tribunal Constitucional, no el CGPJ". Es decir, incumplir la Constitución, que obliga a renovar en plazo los órganos como el CGPJ o el TC, es un medio que justifica el fin frente a la maldad de Pedro Sánchez. Está claro que, si bien Núñez Feijóo puede ignorar que '1984', la novela de George Orwell, fue escrita entre 1947 y 1948, ello no le impide difundir falacias similares a las que denuncia en ella el escritor y periodista indo-británico. Reunión en los próximos días En el despacho de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado martes 6 de diciembre, las autoridades esperaban la llegada del presidente del Gobierno. Cuando llegó, saludó a todos y se dirigió a Pedro González-Trevijano, presidente del TC, y a Rafael Mozo, presidente en funciones del CGPJ. Sánchez farfulló, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, que la situación creada era complicada y que había que encontrar una solución. Mozo apuntó que el 22 de diciembre el CGPJ celebrará un pleno en el que se abordaría los nombramientos de los dos magistrados pendientes del TC. Mientras, González-Trevijano sermoneó: "Hay que cumplir la legalidad". Ambos presidentes acordaron reunirse en los próximos días. En el acto, González-Trevijano, sin poder hacer como era habitual un tándem con Carlos Lesmes, que prefirió marcharse, tuvo que escuchar las palabras de Batet, que, sin duda, iban cargadas. "Los problemas que puedan tener los órganos constitucionales no solo proceden de lo que ellos mismos pueden hacer sino también a veces de lo que hagan con ellos", en una nada velada al PP. Precisamente: González-Trevijano rechazó el miércoles 30 en el pleno del TC convocar, a petición certificada del Gobierno y de tres magistrados, el pleno para verificar los dos nombramientos del Gobierno 48 horas antes (Juan Carlos Campo y Laura Díez). Según el artículo 4 del reglamento de organización, estaba obligado a hacerlo. Pero huyó hacia adelante, hacia el pleno del CGPJ el 22 de diciembre. El caso es que uno de los dos nuevos magistrados sustituye a González-Trevijano, nombrado en 2013 por Mariano Rajoy, y cuyo mandato lleva vencido desde el 12 de junio de 2022. Si González-Trevijano ignoró la solicitud del Gobierno de convocar el pleno, no se le escapó al escuchar las palabras de Batet que su la negativa a citar el pleno de verificación también afecta a quien es pareja de Batet, el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo. A su vez, Mozo enfrenta también una situación problemática porque los vocales conservadores, con el apoyo externo del PP -según ha admitido Núñez Feijóo este miércoles-, mantienen su bloqueo, bajo la fórmula de vetar al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés, apoyado, a su vez, por Mozo, del sector progresista. Solución en cinco minutos La resolución de la crisis no exige más de cinco minutos. Si los conservadores proponen a un candidato del Tribunal Supremo -cosa que siguen sin hacer-, y los progresistas a Bandrés, el tema queda solucionado. Porque estos últimos mantienen su fidelidad al pacto del 8 de septiembre de no objetar a un candidato del Supremo de los conservadores. El problema es que estos con apoyo del PP quieren nombrar a un "propio" y al un magistrado de su cuerda pero con traje progresista. Pero es González-Trevijano quien está con una piedra a lo Sísifo a sus espaldas. Lo ha fiado todo al 22 de diciembre, camuflando su incumplimiento de la ley al rechazar el pleno de verificación. Si no hay nombramientos y en el pleno de verificación su voto es contrario a la admisión de los dos magistrados del Gobierno, provocaría un conflicto constitucional inédito e irresoluble. Porque el TC es el órgano encargado de resolver los conflictos entre los órganos constitucionales Gobierno-CGPJ-Parlamento, pero no hay nadie encargado de resolver los conflictos entre el Gobierno y el TC si este se niega a dar posesión a los magistrados propuestos por el Gobierno. Es un conflicto mayor inédito que ya está alimentando el TC. El miércoles 30, el presidente del TC dijo que había escuchado a la mayoría y se alineaba con ella, aunque sin votación alguna. Pero su forma de computar no refleja la realidad. Porque hay un empate. Se vota de menor a mayor, según antigüedad. Cinco progresistas (Balaguer, Conde-Pumpido, Sáez, Xiol y Montalbán) a favor de dar el plácet a la toma de posesión, contra cinco conservadores en contra (Narváez, Enríquez, Martínez-Vares, Arnaldo y Espejel). Deshacer el empate Y en ese punto del empate, quien vota último es González-Trevijano. No quiere llegar a esa situación. Porque con su voto se negaría la posesión del magistrado que le tiene que sustituir. Seguiría en su puesto porque se habría votado a sí mismo, una situación ética y estéticamente imposible. Tendría, pues, que votar a favor del plácet. Pero la presión del sindicato mediático-judicial es muy fuerte. Y luego, si el PP gana las elecciones generales próximas, ¿dónde quedarán sus expectativas personales? En fin, el presidente del TC se encuentra solo y ante el peligro ante una presión del sindicato que intenta torear no sin balbuceos. Su apuesta, según fuentes consultadas, es que el CGPJ le saque de la encrucijada, convocar el pleno de verificación y llevar allí a los cuatro candidatos al TC para dar la luz verde.

El 'magno' bloqueo del Tribunal Constitucional en un acto de Estado fallido

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, pone una vela al CGPJ para que haga sus nombramientos porque, sin ellos, será él quien tendrá que asumir con su voto la decisión de rechazar a los dos magistrados designados por el Gobierno

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