Los investigadores sospechan de los contratos del Govern de Mas para telecomunicaciones

Después de las elecciones catalanas del 28 de noviembre de 2010, el 'president' Artur Mas desplegó sus planes de gestión para Catalunya. Uno de los objetivos del aquel Govern era que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) se encargará de la provisión y gestión centralizada de los servicios informáticos y de comunicación de la Generalitat y su sector público. Casi un año después, en octubre de 2011, se procedió a la licitación en varios lotes sobre servicios por un importe de 1.915 millones de euros. El trozo de pastel más grande se lo llevó Telefónica: casi 640 millones de euros (el 32%), según la memoria del CTTI. Por detrás, T-Systems, con el 20%. La cuarta beneficiada fue Indra Sistemas, con el 7%. Estas tres compañías contrataron los servicios de una empresa del excargo de CDC David Madí, que facturó por su trabajo. Los Mossos y la Guardia Civil vinculan estas concesiones con la presunta financiación ilegal de CDC a través de la productora audiovisual Triacom, a la que consideran una "empresa pantalla" para canalizar fondos. La Audiencia Nacional está investigando estas adjudicaciones a raíz de una pieza separada del 'caso 3%' que está pendiente de juicio. El primer Govern de Mas contó para dirigir el CTTI con Carles Flamerich, que era el presidente de la asociación Cercle Tecnològic de Catalunya y vicepresidente y director general de la Fundación Ctecno desde 2008 (cargo que ostentó hasta marzo de 2021), según un informe policial remitido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Triacom'. Flamerich asumió la Direcció General de Telecomunicacions (de enero de 2011 a noviembre de 2013) en el organigrama del departamento de Empresa de la Generalitat. La cúpula del organismo Cuando se iniciaron las licitaciones, el presidente del CTTI era Francesc Xavier Mena, en calidad de 'conseller' de Empresa. Los vicepresidentes de esta entidad pública eran Joana Ortega (vicepresidenta del Govern), Eric Colet Petit (secretario general de Empresa) y Germà Gordó (secretario del Govern y ahora imputado en el 'caso 3%' de presunto pago de comisiones a CDC). En el órgano de gobierno del CTTI figuraban como vocales representantes de departamentos de la Generalitat (como Francesc Homs, secretario general de Presidència) y también de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Ante la complejidad del nuevo modelo de tecnología de la información y comunicación (TIC) que se pretendía aplicar, junto con la necesidad de financiar las inversiones a través de contratos de prestación de servicios, se decidió que la licitación se realizaría mediante el proceso denominado de diálogo competitivo (un sistema de diálogo con los candidatos a fin de encontrar la solución para las necesidades y que sirve de base para la presentación de las ofertas). La Sindicatura de Comptes de Catalunya halló irregularidades en este concurso en cuanto al procedimiento y la adjudicación. Y es que Telefónica, que se presentaba al concurso, habría subcontratado para un trabajo a Concatel, una empresa de la que un año antes Flamerich había sido director de la división de administraciones públicas. La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) también inició unas pesquisas, pero la Fiscalía de Barcelona declinó abrir una investigación penal. La conexión El CTTI adjudicó cuatro contratos a Telefónica y a sus filiales los días 7 y 8 de agosto de 2012 por 640 millones de euros. El más abultado ascendió a casi 400 millones y era sobre conectividad y telecomunicaciones. La segunda compañía más beneficiada fue T-Systems, a la que se dieron siete contratos por un importe de 405 millones. E Indra Sistemas se llevó tres contratos por 271 millones. Los investigadores sostienen que en 2011 (es decir, antes de la adjudicación) estas tres compañías firmaron un contrato de colaboración con la consultora Nubul gestionada por Madí. Según los Mossos y la Guardia Civil, entre 2011 y 2013, esta firma percibió de Telefónica 656.000 euros; de T-Systems, 731.000 euros; y de Indra, 203.000 euros, según detalla la Agencia Tributaria en sus dictámenes y recoge los informes policiales.

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