La bronca se enquista en el Congreso pese a las vías del reglamento para frenarla

El 21 de noviembre de 2018, el dirigente de ERC, Gabriel Rufián, fue expulsado del hemiciclo del Congreso de los Diputados por la entonces presidenta de la Cámara, Ana Pastor. Su falta, como señaló la dirigente popular, fue hablar fuera de turno. Concretamente, cuanto tenía la palabra el exministro de Exteriores, Josep Borrell. Desde aquella falta de respeto hasta los exabruptos, insultos y ataques personales que se han vivido en el Congreso últimamente no se han vuelto a tomar decisiones semejantes. El debate bronco y zafio de los días pasados ha llevado a la actual presidenta, Meritxell Batet, a mostrarse más severa, pero solo en sus amonestaciones verbales y sin hacer uso de los mecanismos que pone a su disposición el reglamento de la Cámara. Que la calidad del debate parlamentario ha decaído en los últimos años y el insulto se ha normalizado es una realidad aceptada dentro y fuera de la política. Sin embargo, cuatro años después de la expulsión de Rufián, los ataques de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, evidenciaron (más que en otras ocasiones) la crispación del debate. "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", dijo Toscano. En ausencia de Batet, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció que retirarían esas palabras del diario de sesiones. Montero pidió que no lo hiciera "para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen". El hemiciclo, a excepción de la bancada del PP y Vox, estalló en un largo aplauso. Desde entonces, la tensión no ha dejado de crecer. En un intento de frenar esta escalada, Batet ha intentado ponerse las pilas y dar un toque de atención a aquellos que cruzan una línea. Reprimenda colectiva Tras la agitada semana, Batet llamó al orden a todas las formaciones. El martes, en la Junta de Portavoces, la presidenta del Congreso se mostró "muy enfadada", según fuentes parlamentarias, ante la deriva de los debates y les reclamó respeto. Esto mismo intentó imponerlo a lo largo de los siguientes días. Curiosamente, el miércoles, la primera amonestada fue la propia Montero tras acusar al PP de promover la "cultura de la violación", en referencia a las campañas publicitarias lanzadas por la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid, ambos territorios dirigidos por los conservadores, que sitúan la responsabilidad en las víctimas y no en los agresores. Después riñó a la diputada del PP Ana Belén Vázquez por proferir "insultos" contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al dirigente de Vox Javier Ortega Smith por calificar de "golpistas" y "terroristas" a los miembros de ERC y de EH Bildu. Al día siguiente, tras al intervención de otra diputada de Vox, Batet volvió a parar el pleno para hacer un alegato a favor de "dignificar" la política. "Les pido de nuevo que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir y ofender. Suban a defender sus posiciones políticas sin ofender y sin herir y saben perfectamente que hay determinadas expresiones que lo único que busca es eso", sentenció. "Si no se hace así, saben que se vulneran un artículo del reglamento. Por tanto, están haciendo intervenciones que están fuera del artículo 16 del reglamento del Congreso de los Diputados", les advirtió. Normas y antecedentes El artículo 16 del reglamento, al que hizo referencia Batet, es solo uno de los mecanismos de los que dispone la presidenta para ordenar los debates. En concreto, establece que los diputados "están obligados a adecuar su conducta al reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias". Aquellos que no cumplan con estas premisas y profieran "palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad" pueden ser expulsados del pleno tras ser llamados al orden en tres ocasiones según los artículos 102, 103 y 104. No obstante, fuentes del equipo de Batet señalan que la expulsión de un diputado supone modificar la aritmética parlamentaria emanada de las urnas y, por lo tanto, en un día de votaciones esto podría resultar determinante, pese a que el reglamento del Congreso te autoriza a ello. Esto solo ha ocurrido en tres ocasiones. En 2006 se expulsó al entonces parlamentario del PP Vicente Martínez-Pujalte por increpar al exministro de Defensa José Antonio Alonso. Tras tres llamadas al orden se le pidió que abandonara el hemiciclo. La siguiente vez fue el caso de Rufián y la última ocurrió en septiembre de 2021 cuando se expulsó al diputado de Vox José María Sánchez por llamar "bruja" a la parlamentaria socialista Laura Berja. El diputado ultra se negó a salir del Congreso y tras un receso acabó retirando sus palabras y quedándose en su escaño.

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