Los Mossos y la Guardia Civil detectan irregularidades en subvenciones de la Generalitat a la productora Triacom

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han rastreado las subvenciones y ayudas otorgadas entre 2010 y 2016 por el departamento de Presidència de la Generalitat, dirigido a la sazón por Francesc Homs (CDC), y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la productora audiovisual Triacom. El resultado de estas pesquisas ha sido el hallazgo de un "control laxo" de las cantidades económicas otorgadas y de irregularidades en la forma en que se dieron, según un informe conjunto de ambos cuerpos policiales remitido al juez Santiago Pedraz al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los agentes recuerdan que, en la causa abierta en la Audiencia Nacional, se investiga la presunta financiación irregular de CDC y un posible delito de blanqueo de capitales. Los investigadores desvelan que Triacom fue beneficiada, durante el periodo 2010-2016, de subvenciones por importe de 348.525 euros, otorgadas mediante "concurrencia competitiva" por el ICEC, una entidad dependiente de la Conselleria de Cultura, por las dos primeras partes de la serie de animación Bubble Bip y por el documental 'El cas dels catalans'. Las partidas sobre la serie de animación fueron fiscalizadas mediante dos auditorías, mientras que, en el caso del documental, fue la productora la que entregó al ICEC las facturas y justificantes de pago, al no ser exigible una auditoría. A Triacom, además, se le otorgó otra subvención de 300.000 euros para la tercera parte de Bubble Bip, aunque a los pocos días de la finalización del periodo máximo para justificar los gastos, renunció a la misma, reintegrando el 50% del importe recibido como anticipo. De esta forma, el ICEC aceptó la renuncia, aunque en la resolución no consta ni fecha, ni firma, ni registro de entrada. El informe policial destaca que el ICEC adjudicó las subvenciones por concurrencia competitiva (se selecciona en base a una comparación entre solicitudes), "si bien se aprecia un control laxo de las cantidades económicas otorgadas". "Presumible mala praxis" Los agentes argumentan una "presumible mala praxis" de la productora audiovisual en el "uso de subvenciones públicas" respecto a los otros 300.000 euros de ayuda por la tercera parte de Bubble Bip y su posterior renuncia. Los investigadores sostienen que esta maniobra fue "perjudicial", pues posiblemente se dejó fuera a otros potenciales adjudicatarios. Para los Mossos y la Guardia Civil, la gestión que realizó el ICEC "no se correspondió con una buena administración del erario público" en este caso, si se tiene en cuenta que los 150.000 euros de adelanto estuvieron en poder de Triacom desde el 29 de julio de 2016 hasta el 8 de septiembre de 2017. Es decir, más de un año, y ni siquiera generaron intereses de demora ni sanción alguna. La productora audiovisual investigada también fue beneficiaria de otras dos subvenciones, por un importe total de 125.000 euros, otorgadas de forma directa por parte de la Conselleria de Presidència por la edición y comercialización de la obra 'Història de Catalunya'. Así, se firmaron dos convenios, uno en 2013 y otro en 2014 entre ambas entidades para dar una cobertura jurídica. En esas fechas, todavía era socio de Oriol Carbó en Triacom Jaume Roures, propietario de Mediapro, que había sido confundador de la empresa y vendió las acciones en junio de 2015. Los investigadores consideran que en los presupuestos destinados a subvenciones de la Generalitat no figuran subvenciones nominativas otorgadas a Triacom, por lo que, a su entender, el departamento de Presidència no las debería haber concedido por adjudicación directa, sino por concurso público. La firma de los convenios, en su opinión, "se habría utilizado para evitar la concurrencia pública". En este sentido, el informe recuerda que Teresa Prohias, que entonces era directora de los servicios de Presidència de la Generalitat, justificó que "las características del proyecto y las condiciones en que se desarrollaba" no hacían posible un concurso público. El secretario general de Presidència a la sazón, Jordi Vilajoana, lo corroboró. Los policías apuntan que no tiene "ningún sentido" que otras empresas, profesionales y académicos no pudieran realizar este trabajo. Escasos trabajadores El atestado incide en que Triacom cuenta con "escasos trabajadores" en plantilla, e incluso en algunos ejercicios no ha tenido, por lo que "difícilmente podría ejecutar los contratos de los que ha sido adjudicataria". En algunos casos fue necesario, concreta el informe, "externalizar" las labores o ser realizadas directamente por Mediapro, que sí disponía de recursos suficientes. "El principal activo que habría mostrado esta empresa (Triacom) ha sido la influencia de Oriol Carbó y su socio constituyente, Jaume Roures, para captar contratos de la televisión pública catalana", precisa el escrito, en el que los agentes reseñan que la principal fuente de negocio de Triacom es TV3. Entre 2010 y 2019, los ingresos de esta sociedad ascendieron a 32 millones de euros. Entre las operaciones societarias reseñables que aparecen en el Registro Mercantil figura, en 2013, según los policías, que Triacom repartió 1,5 millones de euros en dividendos entre los socios fundadores, es decir, Roures y Carbó, operación "que no se ha podido relacionar con ningún hecho reseñable". Dinero de ida y vuelta En un archivo con extensión Excel incautado a Oriol Carbó se aprecia, según afirman los investigadores, cómo Triacon le pagó tres facturas a Mediapro en el primer trimestre de 2014 por casi 1.397.000 euros. Sin embargo, en el segundo semestre se hace una rectificación, devolviendo a Triacom el importe de las dos facturas más cuantiosas por más por 1.123.000 euros. Es decir, al final, Mediapro percibió por el trabajo de producción solo los 274.355 euros de la primera factura. Los agentes califican a Carbó como "hombre de paja" o "testaferro". "La estructura empresarial con la que ha contado Triacom", concluyen, "difícilmente habría obtenido los contratos y las subvenciones públicas de las que ha sido adjudicataria", y si ha sido así, ha sido por la participación de unos órganos "presuntamente parciales".

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La empresa audiovisual percibió 473.000 euros en ayudas públicas para series y documentales cuando no tenía suficientes trabajadores para hacerlo y debía subcontratar

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