Tragedia de Melilla: los tres escollos que aún debe superar Marlaska

La segunda comparecencia del ministro del Interior por la masacre del 24 de junio entre Nador y Melilla, este miércoles en el Congreso, lejos de ser un punto y final ha sido capítulo previo a una nueva secuencia de episodios que, por este orden, tendrán al Defensor del Pueblo, la propia Cámara Baja y la Fiscalía como protagonistas. Hay además un actor secundario en el escenario, y no precisamente tranquilo ante la segunda de las pantallas previstas. La posible constitución de una comisión de investigación parlamentaria inquieta sobremanera entre fuentes de la Seguridad del Estado, no tanto por tener que contar de nuevo lo que ya ha sido expuesto a los diputados en su viaje a la ciudad autónoma del pasado lunes 7 y en el polémico visionado de vídeos en el Congreso el viernes 25, como porque, si finalmente los partidos que persiguen la dimisión de Fernando Grande-Marlaska acuerdan una comisión que investigue y de paso mantenga vivo el caso, once mandos de la Guardia Civil podrían ser llamados al Congreso. Lo que más irrita a los consultados es la posible exposición de esos mandos ante Bildu -especialmente- y ERC. La lista incluiría al teniente coronel Arturo Ortega, jefe accidental de la comandancia de Melilla el día de la tragedia, y también a su jefe de entonces, el coronel Antonio Sierras, diseñador de los operativos de frontera, que había dejado el puesto por un destino diplomático en Israel solo ocho días antes de la masacre. Tras ellos en la lista, el jefe del operativo de antidisturbios de los GRS (Grupos de Reserva de Seguridad), el jefe del Grupo de Información de la comandancia, un comandante del área operativa, un oficial de enlace con la gendarmería marroquí, los pilotos del helicóptero y el manejador del dron que tomaron los vídeos, y los jefes de los equipos que entraban y salían de turno al amanecer. El PP tendría la última palabra para crear la comisión, y sobre ese escenario no ha descartado nada ninguno de sus dirigentes. Unidas-Podemos no ha dejado traslucir una posición proclive en la intervención de su portavoz, Enrique Santiago, este miércoles en el Congreso. Segundo escollo Previo a que se pronuncien los partidos es más probable que el Defensor del Pueblo emita su informe final, tras escuchar las alegaciones que al primero, -redactado el 14 de octubre y publicado un mes después- presentó el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. El Defensor, Ángel Gabilondo, formuló críticas al operativo de la Guardia Civil, puso en duda afirmaciones de Interior sobre si hubo muertos en territorio español e insinuó que no le habían mostrado todo el material audiovisual. La publicación de nuevas recomendaciones está ya muy próxima, según fuentes próximas al caso, para contestar a Interior y a un grupo de oenegés encabezado por la asociación Estamos Migrando. La legalidad de los rechazos en frontera puede convertirse en el principal ring. El escollo de la Fiscalía Hasta el 28 de diciembre tiene la fiscalía plazo para tomar una decisión tras sus averiguaciones sobre la tragedia. La investigación -de momento solo informativa- que dirige la fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, tiene su fecha de inicio el 28 de junio. Al plazo inicial de seis meses le puede añadir una prórroga de otros seis si la precisa, o cerrarlo con un archivo, o abrir un proceso judicial redactando una denuncia si aprecia delito, posibilidad en la que no cree el ministro Marlaska. Las dos últimas diligencias piden inquierir al jefe del operativo policial el 24 de junio y al piloto y el copiloto del helicóptero que le daba cobertura aérea, y no, de momento y contra lo que se ha publicado, al operador del dron. "No queda mucho más que hacer", dicen fuentes cercanas a la investigación. No, salvo que estas dos nuevas diligencias de información originen más preguntas.

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Inquietud en la Guardia Civil por la posibilidad de que once mandos deban comparecer en el Congreso, especialmente ante Bildu

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