La derogación del delito de sedición, que podría llevar aparejada la modificación también del delito de malversación, no cotiza precisamente al alza en el electorado. La nueva apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la desjudicialización del procés, fraguada mediante un acuerdo con ERC, choca con el recelo de la mayoría de los españoles y, entre ellos, también de buena parte de los catalanes. El barómetro de noviembre del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para los medios del grupo Prensa Ibérica refleja un importante rechazo y un alto grado de indefinición ante una medida que beneficiará a algunos de los dirigentes del 1-O.