Con la regulación por ley del precio de las viviendas de alquiler y los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, el Gobierno ha querido paliar los efectos de la inflación y, de paso, exhibir músculo de izquierdas en la recta final de la legislatura, con el ciclo electoral a tiro de piedra y la presión de las derechas en el cogote. Ambas medidas son avaladas por la mayoría de los españoles, pero también en ambos casos se da un alto porcentaje de desaprobación, según consigna el barómetro de noviembre del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para el grupo Prensa Ibérica. Con todo, los tributos provocan mucha más división entre los votantes que la regulación de los alquileres.