El 'puzzle' del Govern con los presupuestos: entre el calendario y los apoyos parlamentarios

Dos semanas. Esta es la cuenta atrás que está ya en marcha en el Palau de la Generalitat para lograr un acuerdo que permita que los presupuestos del 2023 superen el primer trámite en el Parlament antes finales de año. Ni el calendario juega a favor ni tampoco que el Govern en minoría de Pere Aragonès no haya consolidado alianzas con otros grupos desde que Junts rompió la coalición y abriera una nueva etapa en la oposición. Aún así, el acuerdo con patronales y sindicatos para aumentar un 8% del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que ha avanzado EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, en la lista de las reclamaciones tanto del PSC como de los 'comuns', busca ser un revulsivo que dé una vuelta de tuerca a la situación. El 'president' afronta una suerte de 'puzzle' en el que el tiempo, el toma y daca de propuestas que todos los actores querrán exhibir para el acuerdo y la escenografía son una carrera de obstáculos determinante para salir victorioso de esta contrarreloj y no quedar abocado a una prórroga. El planteamiento inicial es que el proyecto sea avalado por el Govern la semana que viene para que el debate a la totalidad en el Parlament se produzca antes de comerse las uvas, pero sus negociadores ponen estas fechas en entredicho y avisan de que, ahora, no van a correr. Las actitudes ante los focos son en estos momentos casi antagónicas. Mientras que el Govern se muestra confiado en conseguir su objetivo, más ahora con una alianza sellada con los agentes sociales que será un elemento de presión para acelerar la negociación, la oposición echa el freno a sus expectativas. Ni el PSC ni los 'comuns' ven cercana una entente, a pesar de que el ritmo de reuniones ha acelerado y de que el Govern empezó este martes a allanar la interlocución con los socialistas. De hecho, afean al Executiu que, ahora que ha visto encauzados los presupuestos del Estado y la derogación de la sedición, le entren las prisas con los números de la Generalitat después de meses circulando al ralentí. Y Junts se friega las manos advirtiendo de que se avecina un tripartito presupuestario que es incompatible con su apoyo. A continuación, las dificultades que atenazan los presupuestos. Un calendario que aprieta El riesgo de que los presupuestos descarrilen aumenta cuanto más se alargue la negociación y la falta de acuerdo y más cerca estén las elecciones municipales. Ni Govern ni oposición ponen esta realidad en duda. Pero el calendario de tramitación condiciona, sobre todo porque tanto el PSC como los 'comuns' exigen que tiene que haber pacto antes de que el Consell Executiu dé el visto bueno a las cuentas, acción que Aragonès quiere que se produzca la semana que viene. Pero es que después de este primer aval, a las intenciones políticas hay que añadir las vicisitudes procedimentales. Para activar la admisión a trámite en el Parlament, hay que convocar a la Mesa y a la junta de portavoces -dificultad añadida si se produce en medio de un puente con dos festivos- y, a partir de aquí, activar un mínimo de diez días naturales para que se puedan presentar enmiendas a la totalidad. Además, todos los 'consellers' deben comparecer para explicar los presupuestos durante esos siete primeros días. Eso supone un rompecabezas para la agenda del Parlament, que ya tiene fijados plenos ordinarios tanto para la semana del 12 como la del 19 de diciembre. "Está prácticamente todo lleno", reconocen fuentes parlamentarias, que recuerdan que 45 días es el plazo más corto en que se han aprobado de forma definitiva unas cuentas. En todo caso, apretando el acelerador y estirando al máximo las jornadas, el debate a la totalidad podría llegar durante los últimos días del año. Quedaría después para principios del que viene, ya en febrero, la aprobación definitiva. El cheque de los 'comuns' Aunque son con los que el Govern ve más cerca el acuerdo, los 'comuns' se esmeran en marcar perfil e insisten que no darán "un cheque en blanco". De hecho, con la salida de Junts del Executiu, han encarecido su apoyo. Jéssica Albiach busca ser la rótula de una alianza con ERC a la que se sume el PSC y que marque un punto de inflexión en la legislatura, pero al mismo tiempo quiere que sus ocho diputados no queden engullidos por una foto con Salvador Illa. Justamente por eso quieren que su sello pese en las cuentas con reclamaciones como subidas de impuestos a las rentas altas, un plan de rescate para la sanidad pública y mil millones de plan de choque ante el contexto de inflación que azota a los ciudadanos. "Es prácticamente inviable un acuerdo esta semana", decían el martes. Tras la reunión de este miércoles, admiten que están entrando en el terreno de las concreciones y que hay intercambio de papeles pero que aún no hay acuerdos cerrados por 'conselleries'. Su lectura es que el Govern sigue "mirando por el retrovisor" a Junts y que eso lo retrasa. Si realmente tiene prisa, dicen los 'comuns', hay que aumentar aún más el ritmo negociador. "No los vemos con la actitud de cerrar ya un acuerdo", sostienen. Eso sí, subrayan que tienen "plena predisposición" para sellar la alianza cuanto antes mejor y que el debate a la totalidad se produzca a finales de diciembre. El PSC echa el freno Más allá de los 'comuns', el Govern necesita o al PSC o a Junts para sumar lo suficiente como para que se aprueben los presupuestos. Aragonès no renuncia incluso a que ambos se pudieran incorporar a un acuerdo que para ERC seria más incómodo si solo contara con los socialistas. Con el grupo de Illa se desencalló la negociación este martes. Hizo falta que la 'consellera' de Economia, Natàlia Mas y la de Presidència, Laura Vilagrà, se incorporaran a unas reuniones que hasta ahora la oposición ceñía al ámbito técnico. Los socialistas valoraron que el encuentro fue lo suficientemente bien como para disponer ya de toda la información y analizarla para trasladar sus propuestas esta mismo jueves. Sin embargo, ven muy poco probable que el pacto pueda producirse tan pronto como para que el Govern apruebe las cuentas la semana que viene. Así lo ha definido Salvador Illa: "Estamos al principio del principio de un posible acuerdo". El jefe de la oposición recalca que su negociación será "exigente" y que, tras tres meses con la mano tendida, ahora no piensa correr. Es decir, que harán sudar al Govern su apoyo y su cambio de postura con ellos. "Han pasado de decir que con el PSC nada y que no pasaba nada si se prorrogaban las cuentas a ir con prisas", ha lamentado Illa. Y es que los socialistas dejan caer que, si ya se arrancará 2023 con una prórroga técnica, ya no vendrá de un mes. Recuerdan que se pueden acortar las vacaciones en el Parlament y habilitar la primera quincena de enero. La propuesta fiscal de Junts Junts presentó, finalmente este miércoles, sus propuestas para las cuentas a la mesa de negociación con el Govern. Se trata de un paquete de medidas, divididas en cinco ejes, que muestran el antagonismo ideológico de los posconvergentes con, por ejemplo, el espacio de los 'comuns'. De todas las propuestas brilla con luz propia la fiscal, con una rebaja (defllactación) del 3,5% en todos los tramos para compensar, en parte, el efecto de la inflación, que se prevé que cierre el año en Catalunya con el 7,5%. “Todos los ciudadanos perderán poder adquisitivo, con el agravante de que, por la subida del sueldo, habrá quien ‘salte’ de tramo y se le aplique un tipo impositivo superior”, desgranó Jaume Giró, este miércoles, antes de señalar que la solución pasa “por deflactar ese 3,5% y, además, incrementar los mínimos personales y familiares”, precisamente, ese 7,5%”. “Si no se aplica ninguna deflactación, la Generalitat ingresará” a lomos de los ciudadanos, “unos 700 millones más”. La aplicación integra de la propuesta fiscal de Junts supondría que esos 700 millones se quedaran en 430, es decir, habría más recaudación, pero 270 menos que los previstos. Esa deflactación del 3,5% se aplicaría linealmente, es decir, sin tener en cuenta la base imponible. Quizá por ello, la propuesta posconvergente incluye una rebaja de medio punto (del 10,5% al 10%) en el tramo autonómico más bajo, el que va de 0 a 12.450 euros. Sin dejar el plano fiscal, la propuesta incluye revisar progresivamente el impuesto de sucesiones para bonificar el 99% de las adquisiciones por causa de fallecimiento en familiares de primer grado. Es decir, como estaba en el 2011. Junts también propone desencallar y poner en marcha el proyecto del Hard Rock de Tarragona, auténtico anatema, por ejemplo, para los ‘comuns’, pero no para el PSC ni para la propia ERC. Asimismo, plantean “sin menoscabo de las aportaciones a la escuela pública”, según Giró, “actualizar e incrementar un 30% los módulos de las escuelas concertadas para reparar tantos años de estancamiento”.

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