La absolución del expresidente del Parlament, Roger Torrent, y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara, Adriana Delgado (ERC), Eusebi Campdepadrós (Junts) y Josep Costa (Junts) se ha dado a conocer mientras los 135 diputados se reunían en el hemiciclo para celebrar la sesión de control al Govern y al 'president'. El tribunal ha considerado que no cometieron un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) del que fueron acusados al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía.

El ahora 'conseller' de Empresa ha conocido la sentencia del TSJC desde su escaño y, a través de Twitter, ha defendido que es una "gran noticia para la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados", al tiempo que ha asegurado que el Parlament "tiene que tener autonomía para hablar de todo lo que interese a la ciudadanía, también sobre autodeterminación y monarquía". En una comparecencia posterior, ha insistido en que sienta precedente para las futuras Mesas del Parlament porque "no puede ser que tengan que hacer su habitual y necesaria tarea bajo la espada de Damocles de la judicialización permanente". Y ha inquirido en que este órgano no puede ser "censor" porque "no se puede coartar el debate".

La vicepresidenta primera con funciones de presidenta, Alba Vergés, ha colado, entre preguntas al Govern y al 'president', su particular felicitación desde el asiento que ocupó Torrent cuando permitió el debate de las propuestas de resolución.

Tras una breve introducción del asunto, la absolución, se ha desatado un largo aplauso con la bancada independentista y la del Executiu en pie. Laura Borràs ni ha aplaudido ni se levantado de su asiento en la tribuna de invitados mientras los diputados de Junts, ERC y CUP celebraban el fallo, incluso algunos del PSC desde su escaño. El secretario general, Jordi Turull, sí se ha pronunciado a través de las redes y ha insistido en que nadie debería ser juzgado por permitir el debate en el Parlament y avisando de que "el daño ya está hecho" debido al procedimiento judicial.

Vergés ha continuado denunciando que se ha juzgado "permitir el libre debate parlamentario", algo "inaceptable" en el marco de "esta judicialización de la política de la que han sido víctimas por ejercer sus derechos y los de todos". "El Parlament tiene que ser el baluarte y la garantía de los derechos de los diputados para que se expresen libremente", ha espetado, y ha continuado incidiendo en que "es imprescindible parar esta judicialización de la política".

Torrent se ha fundido en un abrazo con el 'president' Pere Aragonès quien, antes de responder a la pregunta del líder del PPC, Alejandro Fernández, ha celebrado que "hablar de autodeterminación y monarquía en este Parlament no es un delito": "Y el 1-O, tampoco. Estoy convencido de que también ganaremos esta batalla", ha inquirido, en una referencia velada a que la reforma del Código Penal -con la derogación de la sedición y el retoque del delito de desórdenes públicos agravados- no ampara que el referéndum sea tipificado o, al menos, no de la misma forma que antes, pese a los ataques de parte del independentismo.

Fernández, astuto, ha celebrado que los independentistas "aplaudan y acaten las sentencias judiciales". "A ver si se contagia y lo hacen siempre", ha zanjado.

Los frutos del diálogo

A nadie se le escapa que el impulso de la mesa de diálogo y el compromiso hacia la desjudicialización del proceso soberanista está cosechando sus frutos. Unos 'logros' de los que ni el Gobierno ni ERC puede presumir públicamente. Al menos, por ahora. Y es que hasta la fecha, la única absolución que ha habido en cuestiones relacionadas con el 'procés' ha sido la de Mireia Boya, exdiputada de la CUP y ahora en el 'sottogoverno'. El otro caso al que se le dio carpetazo recientemente es la macrocausa contra 200 personas que se abrió por el corte de tráfico en la AP-7, entre La Jonquera y Le Perthus, convocados por Tsunami Democràtic, para protestar por la sentencia del juicio del 1-O. Quedó archivada.