¡Nombre ya a los dos magistrados del TC! Carta abierta al presidente del Gobierno, por Ernesto Ekaizer

Me permitirá usted, habida cuenta del conocimiento que nos profesamos, decirle que su estrella está amenazada por una de las más vergonzosas e imborrables manchas. Puesto que se está obrando tan sin razón y de una forma tan impúdica, hablaré. Solo deseo que la luz se haga, a tenor de la información que voy a examinar. Esa mancha tan vergonzosa como imborrable es el incumplimiento a sabiendas de la Constitución. No dudo que es usted consciente de ello porque nadie lo ha podido decir con mayor claridad. Fue el pasado 19 de octubre que usted declaró: “La Constitución española se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de los capítulos todos los días del año se esté en el Gobierno o en la oposición”. El próximo 4 de diciembre se cumplirán nueve años desde que el actual órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue constituido por un periodo de cinco años, según establece el artículo 568.1 de la Constitución, y ya prácticamente, a falta de un año, duplica ese mandato constitucional. Y el próximo 12 de diciembre se van a cumplir seis meses desde que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional -dos por el Gobierno de Mariano Rajoy y dos por el anterior CGPJ- cumplieron su periodo de nueve años desde su nombramiento en 2013. El Gobierno y el Partido Popular de Pablo Casado acordaron en febrero de 2021 renovar el consejo de RTVE y en octubre de aquel año hacer lo mismo con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el cuatro plazas del TC. Casado se reservó el veto a la renovación del CGPJ, que ya llevaba caducado tres años. En efecto, Casado prestó su último respaldo a la renovación del CGPJ en noviembre de 2018, a punto de vencer el mandato de cinco años, al obtener del PSOE el acuerdo de nombrar presidente del Tribunal Supremo y CGPJ -ambas instituciones son dirigidas por la misma persona- al entonces presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Entonces no existía ninguna objeción del PP al sistema de elección. El nombre se filtró, la bancada del PP, reticente a pactar con Sánchez, fue informada de que ese pacto era altamente rentable ya que permitiría a través de Marchena “controlar la Sala Segunda desde detrás” vía la presidencia del citado magistrado en el Supremo y CGPJ. Además del control de la Sala Penal, competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno “ha sido una jugada estupenda porque nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”, escribió Ignacio Cosidó, el entonces portavoz del PP en el Senado a sus conmilitones. Tal 'striptease' supuso el suicidio del pacto. Lo que por tanto importaba no era el sistema de elección de los vocales del CGPJ sino los nombramientos de magistrados “vitales para el PP”. A partir de dicho fiasco, Casado se reservó el CGPJ con el apoyo de los vocales conservadores para sus maniobras, con el pretexto de modificar el sistema de elección. La llegada de Feijóo El 12 de abril de 2022, señor presidente, hablé por teléfono con Esteban González Pons, con el flamante responsable de las negociaciones que había relevado a Enrique López. Estaba en Bruselas. Me aseguró que el nuevo presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, no iba a dilatar la renovación del CGPJ y que las elecciones autonómicas andaluzas, a punto de ser convocadas, no iban a ser un obstáculo para ello. Pero los contactos entre González Pons y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pronto pondrían en evidencia que la renovación se dilataría, esta vez en nombre de las autonómicas andaluzas, cuya celebración fue anunciada el 25 de abril. Se aproximaba, señor presidente, el 12 de junio de 2022. ¿Qué relevancia tenía esta fecha? Pues la siguiente: cuatro plazas vencían en el Tribunal Constitucional. Rajoy había nombrado el 12 de junio de 2013 por nueve años a los magistrados Enrique López y Pedro Gonzalez-Trevijano. López, tuvo que dimitir un año más tarde, tras ser pillado en moto sin casco por la policía y saltarse un semáforo en rojo cuadruplicando la tasa de alcoholemia en el madrileño paseo de la Castellana, y Rajoy nombró al teniente fiscal del Supremo Antonio Narváez. Pero junto a esos dos magistrados a sustituir, otros dos mandatos vencían en la misma fecha que correspondía designar al caducado CGPJ. El Gobierno había prohibido, recordará usted, en la ley orgánica de 2021 hacer nombramiento al CGPJ en funciones. Y aunque podía nombrar a los dos magistrados que le tocaba en el TC, prefirió, ya que el CGPJ tenía prohibido hacerlos, modificar la norma legal y autorizar a realizarlos, habida cuenta de que el nombramiento de los magistrados del TC es un mandato de la Constitución, que se encuentra por encima de la ley orgánica que en 2021 había prohibido todo tipo de nombramientos al TC. Por tanto, según la nueva norma de 27 de julio de 2022 los cuatro nombramientos debían estar listos el 13 de septiembre. Mensajes a la Moncloa Ya antes del verano y en el mes de septiembre, debería usted recordarlo, el presidente saliente del TC, González-Trevijano, y también el presidente del Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, hicieron llegar mensajes a La Moncloa. No se aceptará el nombramiento de los dos magistrados por parte del Gobierno si al mismo tiempo no van acompañados de los dos que debe designar el CGPJ. No se les dará posesión. La ministra de Justicia, Pilar Llop, recibió idéntico mensaje de ambos. Esta barricada, que repetía como un loro la derecha mediática y judicial, ¿acaso tenía alguna base? Cero. El propio González-Trevijano firmó junto con todos los demás una sentencia por unanimidad (2016) cuyo ponente fue el magistrado progresista Fernando Valdés Dal Ré en la que se establecía, precisamente contra un recurso del PSOE, que podía haber una renovación parcial, en este caso del CGPJ, si una de las cámaras lo hacía y la otra no estaba en condiciones de hacer su elección. Y aunque la renovación en integridad del CGPJ era una opción legítima del legislador orgánico, señalaba, era menester prever otro escenario. “Pero las previsiones normativas no garantizan, con su solo enunciado vinculante, la efectividad plena de lo dispuesto en ellas, de modo que ninguna objeción constitucional cabe oponer a que el legislador disponga prevenciones subsidiarias para la hipótesis de que, debiendo concurrir ambas Cámaras, por separado, a la designación de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan sólo una de ellas, por los motivos que sean, esté en condiciones de cumplir su cometido”. Y he aquí el párrafo, que usted debe tener presente. “La propuesta o designación de que tratamos es, para cada una de las Cámaras, un genuino poder-deber. Una potestad, sin duda, pero también, al tiempo, un deber ex Constitutione, [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”. Es decir, que vale también para el caso de que se produzca una situación análoga en el TC. Que la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado 12 de junio es, en términos de la sentencia, un “poder deber” según marca la Constitución. Y no lo que le venga en gana a los vocales del CGPJ o al PP. Y al escribir esto no puedo dejar de transcribirle, señor presidente, lo que me ha escrito una vocal del CGPJ cuyo nombre por prudencia me reservo. “Los tiempos los marcan los vocales conservadores. La mayoría sigue siendo suya. Desde dentro nadie está dispuesto a algo más que seguir “negociando” (o como yo lo veo, proporcionando coartadas y tiempo a la derecha). El impulso ha de venir de fuera”. Las maniobras de los conservadores Primero, según la derecha, ningún magistrado del Supremo manifestaba interés en ir al TC. El 7 de septiembre, se elaboró un “reglamento” para hacer esos dos nombramientos. La dimisión de Carlos Lesmes eliminó una presión sobre el sector conservador para hacerlos. Y ya bajo el mando de un ideólogo, José María Macías, continuaron las excusas. El sector progresista propuso cinco nombres de su sector e incluso alguno conservador. Pero el sector conservador, que no proponía a nadie, exigió que solo se propusiera un nombre. El sector progresista eligió al magistrado José Manuel Bandrés. Y los conservadores y sus buzones mediáticos comenzaron a atacar al elegido, y “sugiriendo” a un “progresista” en la persona del magistrado Pablo Lucas. Es decir: la técnica de Lesmes. Yo elijo un conservador y al progresista… también. Pero al impugnar el vocal conservador y magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Wenceslao Olea, mano derecha de Lesmes, el nombramiento de Rafael Mozo presidente en funciones y pedir una medida cautelarísima superurgente y otra cautelar urgente para anular dicha designación, el grupo conservador encontró otra añagaza. A saber: hasta que no se resuelva la medida cautelar no se puede nombrar porque podría quedar invalidado dicho nombramiento. La cautelarísima fue rechazada el 18 de octubre por la sección sexta (Sala Tercera) y la cautelar también este miércoles 23 de noviembre. ¿Acaso la asociación Francisco de Vitoria no impugnó el nombramiento de Lesmes en 2013? Y no por ello se suspendieron los nombramientos. Fue desestimada en 2014 por el Supremo. El problema de fondo: el PP y el sector conservador no quieren hacer los nombramientos porque perderán la mayoría del TC a favor del sector progresista y resiste desde su trinchera de Génova y del CGPJ la próxima e inevitable presidencia progresista del tribunal de garantías. Este miércoles 23, el orden del día del Pleno ordinario del CGPJ del jueves 24 ha sido modificado para introducir un punto en el que se va a dar cuenta de las “negociaciones” para los dichosos nombramientos. O sea: mal. Cumplir la Constitución Señor presidente tiene que cumplir de pe a pa la Constitución. Ya no puede seguir usted también incumpliendo al menos desde el 13 de septiembre de 2022, dejándose arrastrar por Génova. Abra el camino en medio de la “niebla de guerra” de la reforma de la sedición y de la nota a pie de página de la tormenta fabricada en torno al comienzo de la aplicación inicial de la ley del “solo sí es sí”, y nombre ya a los dos candidatos. Como Rajoy en 2013 y en 2014. Hace meses que usted parece “disponerse” a hacer los nombramientos. Ya no se disponga más. Hágalos. Cinco años celebrando el 6 de diciembre el día de la Constitución violándola por parte del PP ya es suficiente. Y ya es hora, en todo caso, de que eso de incumplir aviesamente y a sabiendas la Constitución y la ley Orgánica del Poder Judicial al menos sea delito. Atentamente.

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