Alberto Núñez Feijóo mantiene la estrategia de Casado de usar a ETA contra el Gobierno

En mayo de 2011, el PP de Mariano Rajoy montó en cólera porque el Tribunal Constitucional había corregido al Supremo y permitió que Bildu concurriera a las elecciones municipales de aquel mes. El entonces portavoz de los populares, Esteban González Pons, mano derecha del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en asuntos institucionales, lanzó un dardo envenenado a los seis magistrados del Constitucional que habían votado a favor de la legalización de Bildu: "Con escolta y buen sueldo, es muy fácil decir que Batasuna se presente y quedar de demócrata mundial". Visto el embrutecimiento del debate político que ha vivido España, esas palabras parecen casi música en comparación con los exabruptos escuchados en los últimos años. No obstante, entonces el vicepresidente del Gobierno, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al que el PP empezó a alabar cuando murió, consideró que el partido conservador había reaccionado de una forma "abyecta, incompatible con la democracia" y que Rajoy era el responsable de esa estrategia porque, en lugar de combatir al "coro" de "derecha de la derecha" que comanda José María Aznar, había decidido plegarse a ellos. Ahora, la historia se repite. Pese a pedir moderación y centralidad en sus discursos casi a diario, Feijóo está manteniendo esa misma estrategia respecto a ETA, en la que también abundó Pablo Casado. El exlíder afirmó en abril de 2019 que Pedro Sánchez "prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco", contraponiendo EH Bildu con las víctimas de ETA. En julio, en el debate parlamentario más importante del año, la portavoz del PP y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, centró su réplica a Sánchez en el grupo terrorista y en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La banda anunció el cese de definitivo de la violencia hace 11 años. Desviar la atención Tampoco está Feijóo frenando a Isabel Díaz Ayuso, que hace referencias a ETA casi cada semana. Este mismo lunes, en la primera intervención de la presidenta de Madrid después de la masiva manifestación del domingo para reclamar una mejor sanidad pública, Ayuso se refirió a ETA y a la reforma de la sedición, antes de mencionar la protesta. Es su manera de desviar la atención de sus problemas. Lo demostró durante el confinamiento por covid-19, cuando buscaba el choque con Sánchez continuamente. "También nos enteramos de cómo se da orden para no seguir investigando los crímenes de ETA", afirmó en referencia al Gobierno central. El Ministerio del Interior respondió con datos: desde que el PSOE llegó a la Moncloa, en junio de 2018, han sido detenidas 41 personas por delitos de terrorismo relacionados con ETA, 12 ellos por ser miembros de la organización terrorista. En el equipo de Ayuso justifican esa insistencia en hablar de la banda porque ella considera que debe advertir a la sociedad de que el jefe del Ejecutivo "va a hacer lendakari" a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, que "fue secuestrador" de la banda etarra. Otegi fue condenado a seis años de cárcel en 1987 por participar en el secuestro del empresario Luis Abaitúa. En la sede de Génova justifican que para la dirigente madrileña este sea un asunto capital de su labor de oposición a Sánchez porque se dirige a un electorado muy derechizado y así moviliza "a los suyos". El rédito en las urnas es cierto. En Madrid, Ayuso frenó en las elecciones de 2021 el ascenso generalizado de Vox en toda España: solo pasó de 12 a 13 escaños. Pero aunque el tono de la madrileña tiene muchos más decibelios que el de su jefe de filas, el propio Feijóo llegó a decir en septiembre que Sánchez "acepta un chantaje de Bildu" con los acercamientos de presos de ETA a las cárceles del País Vasco. Esta política penitenciaria, que fue un arma que lanzó el Gobierno del socialista Felipe González en 1989, fue utilizada también por ejecutivos del PP, aunque ahora los dirigentes populares lo obvien. Según datos penitenciarios, en las dos legislaturas de José María Aznar, entre 1996 y 2004, con la banda terrorista sumando asesinatos y los secuestros de José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, el Ejecutivo ordenó 574. Rajoy, en sus siete años en la Moncloa, activó 229 acercamientos. La competencia de Prisiones Un alto funcionario que luchó contra el terrorismo etarra con ambos partidos admite que el PP puede parecer injusto criticando ahora esos traslados, aunque apunta que hay una novedad "clave": el Gobierno vasco tiene desde hace un año la competencia de Prisiones y es el que "completa la operación, entregando terceros grados a los etarras". "Sánchez hace la primera parte del trabajo sucio, acercándolos, y el PNV los pone en libertad", añade. No obstante, es el juzgado central de vigilancia penitenciaria el que tiene la última palabra. De hecho ha revocado por ahora cinco terceros grados a presos de ETA. La transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco llegó 42 años después de que la recogiera el Estatuto de Autonomía de Gernika.

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La dirección del PP continúa con la táctica habitual del partido y justifica que Ayuso utilice el terrorismo porque así moviliza "a los suyos" en Madrid

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