Los golpes del Estado a ETA tras su disolución: 12 detenciones y 180 diligencias de fiscalía

Durante 20 años se pensó entre los abogados de las víctimas del terrorismo que por incomparecencia se acabaría librando de condena “la mujer morena” que un testigo identificó entre las calles Princesa y Cortes de Aragón de Zaragoza el 6 de mayo de 2001, y que relacionó con el asesinato del líder del PP aragonés, Manuel Giménez Abad, aquel domingo de fútbol en que iba a ir con su hijo al estadio de La Romareda. Pero una investigación de la Comisaría General de Información de la Policía culminó el 21 de julio de 2020 con la detención en Hernani (Guipúzcoa) de Miren Itxaso Zaldua Iriberri, integrante del comando Basajaun de ETA. Actualmente, Zaldua Iriberri cumple prisión provisional no solo por su presunta participación en aquel crimen, también por su supuesta implicación en varios atentados sin víctimas mortales. Localizar a “Marimar”, viejo objetivo policial, fue uno de los últimos éxitos cosechados por el Estado en un 2020 en el que se produjeron seis capturas de etarras. Ya hacía dos años que ETA había anunciado su disolución, y en ese lapso se produjeron también otras cinco detenciones en España y una entrega por Francia. Doce capturas “El Estado de Derecho sigue trabajando”, aseguró Jesús Loza, médico y exdelegado del Gobierno en el País Vasco, en el arranque del último seminario de la Fundación Fernando Buesa, 'Justicia, verdad y convivencia', el pasado 28 de octubre. Lo decía sobre la base de 12 capturas de miembros de ETA. La última, en noviembre de 2020, fue propiciada por otra investigación de la Policía, que permitió extraditar desde Bélgica a Natividad Jáuregui Espina, presunta implicada en el atentado en que ETA mató al teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche, en 1981. Jáuregui también está en prisión provisional. Antes, en octubre de 2020, la Guardia Civil daba con Kepa Arkauz, Imanol Jayo y Ekiñe Eizagirre. Caía con ellos el último comando de ETA, Ezpala, ya inactivo pero no desligado de sus responsabilidades penales. La última, mantener un zulo con material para atentar en un monte de Arraiz-Maeztu (Álava). Y aún antes, en febrero de 2020, los gendarmes franceses ejecutaban una orden europea de detención emitida por España sobre el último líder de ETA: David Pla Martín. La Audiencia Nacional lo dejó libre: ya había sido juzgado y cumplió condena en Francia. Hacía menos de un año que un huido clave de la justicia, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', quien ordenó la matanza de la casa -cuartel de Zaragoza, había sido capturado en su escondite montañero francés. Desde las doce detenciones de terroristas del periodo 2018-2020 no han caído más etarras por delitos viejos, pero sí, y por delitos nuevos, gentes del entorno de la extinta banda terrorista. El enaltecimiento Desaparecidos los atentados del mapa de terror que ETA dibujó en España, un nueva figura delictiva permanece viva, como brasas tras un incendio. El enaltecimiento del terrorismo, asociado a veces de forma inseparable a la humillación de las víctimas, ha deparado la detención de 29 personas por la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. El pasado 30 de septiembre se dio el último golpe al enaltecimiento. En las 14 operaciones policiales contra esta modalidad delictiva han caído también cinco autores de estragos o daños; por ejemplo, quemar máquinas expendedoras de billetes de Euskotren en las estaciones de Zugastieta y Forua en noviembre de 2020. Casi todos los detenidos habían escrito “Gora ETA” en algún muro. Algunos, al estilo de los yihadistas, hacían proselitismo violento en internet. No forma parte de esta proactividad policial en estos cuatro años la búsqueda de zulos; eso ha sido más cosa de hallazgos casuales de paseantes por veredas rurales. Son la mayoría de las 10 incautaciones de zulos contadas desde 2018. Han sido recogidos subfusiles, metralletas, revólveres, pistolas, munición, temporizadores, pentrita, polvo de aluminio, cordón detonante, bombonas de gas… El último hallazgo, con dos kilos de Goma 2 y ocho detonadores, lo hizo la Ertzaintza en el monte Aizkorri, de la localidad guipuzcoana de Oñate. El fiscal indaga La fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene también actividad contra ETA cumplidos ya cuatro años de la disolución de la banda durante los cuales Interior ha llevado a prisiones vascas a 146 condenados de la banda. La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022 -correspondiente a la actividad de 2021- recoge 44 diligencias previas derivadas del terrorismo de ETA. Son casi la tercera parte de las 151 diligencias por terrorismo incoadas. De esas 44, nueve son pertenencia o integración en organización terrorista, otras seis son por humillación a víctimas y 20 por enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía, además, está implicada en la activación de procesos de búsqueda de los 42 huidos de ETA que quedaban a finales de 2021. De esos 42, veinticuatro tienen requisitorias judiciales en vigor. El ministerio fiscal recoge además 14 detenciones en España por el llamado “terrorismo Y”, el vinculado a la violencia callejera. De esas 14 detenciones, siete son por manifestación ilegal. En lo que la Fiscalía General del Estado llama “terrorismo nacional”, las diligencias previas incoadas han ido a la baja desde las 121 de 2016. Se pasó a 89 en 2017 y 39 en 2018. Un aumento en 2020, con 51, dio paso a una significativa reducción en 2020, con 4. Había ido cambiando la figura más investigable: del atentado a la pertenencia a banda armada, y de ahí al enaltecimiento. La cifra en ese concepto no se ha reducido: 21 casos en 2018, 32 en 2019, 22 en 2020 y 41 en 2022. Asesinatos sin resolver La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene activa un Área de Esclarecimiento de Crímenes de Terrorismo sin Resolver, que coordina Marcelo de Azcárraga. Este fiscal, con un equipo de la Guardia Civil y otro de la Policía, mantiene la pesquisa sobre el fenómeno residual más doloroso del terrorismo: el de los asesinatos cuya autoría no se ha podido establecer. El fiscal De Azcárraga ha examinado algo más de la mitad de los 379 atentados sin autor conocido, y a la nueva luz de los papeles -o “sellos”- de investigaciones sobre ETA que las autoridades francesas entregaron a España en 2018. La mayoría de esos ataques no esclarecidos se cometieron en los 70 y 80, y el paso del tiempo representa la gran dificultad, por el deterioro de las pruebas o bien por el riesgo de prescripción. Pero la figura de la prescripción para los casos de terroristas reincidentes ha recibido también un golpe judicial reciente. El Tribunal Supremo se pronunció en julio pasado. Según la sentencia, la cuenta de tiempo desde la comisión de un crimen por un individuo se interrumpe en el momento en que otro juzgado que sigue otro procedimiento sobre ese individuo dicte providencias de averiguación de otros procesos abiertos sobre él. Lo dejó resumido el fiscal cuando, en el seminario de la Fundación Fernando Buesa, consideró: “El derecho de la víctima a la verdad no prescribe”.

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En noviembre de 2020 cayó la última etarra buscada por asesinato, de 24 requisitorias que mantienen las policías y la Guardia Civil

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