Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsara la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y retocar el de desórdenes públicos, el Ejecutivo y ERC continúan la negociación para la modificación del delito de malversación, por el que fueron condenados algunos líderes del 'procés'. En España, el delito de malversación fue modificado hace siete años, con la reforma del Código Penal aprobada en 2015 con los votos del PP y el rechazo en bloque de la oposición. Hasta entonces, la malversación exigía que el dinero público desviado redundara en lucro propio o de terceros. Las penas oscilan entre cuatro a ocho años de prisión y de diez a veinte de inhabilitación en función de una serie de supuestos, como haber causado "un grave daño o entorpecimiento al servicio público" o que el valor de los efectos apropiados sea mayor de 50.000 euros, y contempla una condena de hasta 12 años de cárcel en el caso de que estos bienes excedan los 250.000 euros.