Marlaska y su equipo preparan explicaciones para el Congreso convencidos de que la fiscalía archivará

No había llegado a Interior ningún aviso de Moncloa de que el presidente del Gobierno fuera a iniciar su última entrevista televisiva dando un nuevo apoyo expreso a Fernando Grande-Marlaska. No lo cesará: “Ha demostrado un respeto escrupuloso con la legalidad democrática”, dijo Pedro Sánchez el jueves en La Sexta. “Ni tampoco se esperaba que fuera a decir lo contrario”, aduce uno de los ejecutivos de Interior cercanos al ministro más zarandeado, cansado de la cuenta atrás “ficticia” que estos días hacen los medios. A finales de abril, Moncloa tuvo que avisar a los miembros del Gobierno de que no se apuntaran más ministros a escoltar a Marlaska en un desayuno de Europa Press; con cinco bastaba. En la misma primavera, para otro acto de otro ministro, Moncloa tuvo que chatear pidiendo voluntarios a asistir. Fue dos meses antes de que se estrellara mortalmente una multitud de migrantes contra el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla. Ahora, con Marlaska bajo la granizada, cabe bien preguntarse cuántos amigos tiene sentados en el Consejo de Ministros el titular de Interior. “Los de siempre: todos menos dos”, asevera la misma fuente. En Interior desmienten que se haya celebrado reunión de Marlaska con Sánchez para tratar la tragedia de la valla fronteriza, como se especuló el pasado martes horas antes de que el ministro acudiera a una Comisión de Gastos Reservados del Congreso; como mucho, unos comentarios cruzados entre Sánchez y él en un aparte de un Consejo del Ejecutivo. Para entonces en Interior ya habían percibido que en el aparato de Moncloa se despertaba más interés por lo ocurrido en Melilla y las acusaciones que lo flanquean. Se confirmó cuando la jefa de gabinete del ministro, Susana Crisóstomo, recibió una llamada del jefe de gabinete del presidente, Óscar López, para pedir información. Vuelta al Congreso La cúpula política y jurídica de Interior piensa en una previsible nueva comparecencia de Marlaska en el Congreso -la primera fue ante el pleno en septiembre- para explicar sobre todo dos claves de la tragedia. Son los tablones en equilibrio más precario en el andamiaje argumental del ministro: uno, por qué no considera territorio español el patio y las puertas en las que se aplastaron decenas de subsaharianos, si catastralmente sí lo son; y dos, por qué no cabe imputarle ilegalidad a la contención y las devoluciones de migrantes por la Guardia Civil aquel trágico 24 de junio. Y en lo segundo más que en lo primero cimentan en Interior la calma que aparentan. Los asesores de Marlaska le han corroborado la hipótesis que él mismo se formula como juez: que la fiscalía no encontrará delito de denegación de auxilio en el proceder de los guardias antidisturbios y terminará archivando sus investigaciones. Para articular una acusación por denegación de auxilio “primero debería acreditarse que los agentes tenían conocimiento de lo que estaba pasando en las puertas, cuando se habían apartado 50 metros por el apedreo y Marruecos no informó hasta dos horas después”, explica un directo conocedor del operativo. Y si lo hubieran sabido bajo la lluvia de piedras, “tendría que demostrarse voluntad de no auxiliar, y eso no existió en ningún momento”. La fiscalía dirá, y con más relevancia quizá que el parlamento. Ambulancias Hay una dificultad en el relato que Interior lleve al Congreso, estrecha como un pasillo de frontera melillense: no molestar a Marruecos y a la vez no apoyar los graves errores que cometió su gendarmería en el asalto. Y un tercer y un cuarto frente pueden abrírsele a Marlaska en la batalla parlamentaria, en torno a la legalidad de más de 400 devoluciones de migrantes a Marruecos, que denuncia el Defensor del Pueblo, y alrededor de la suficiencia del apoyo sanitario desplegado aquella mañana. De esta segunda cuestión, apuntan fuentes policiales en Melilla, pueden manar resultados: una instrucción a la Delegación del Gobierno para que, en próximos incidentes en frontera, no vuelva a haber solo una ambulancia operando en la zona. En esa Delegación desmienten a este diario que tal orden se haya cursado hasta el momento. Es más firme otro eje argumental del ministro en una eventual explicación al Congreso: “No va a dejar de cerrar filas con la Guardia Civil”, apunta uno de sus asesores. El 31 de octubre, dos días antes de que empezara el aguacero sobre Marlaska por los hallazgos de un reportaje de la BBC, Interior difundía que se ha gastado 477.000 euros en comprar 300 cascos nuevos y 300 máscaras antigás para los guardias de la frontera de Melilla. Atendía así a una de sus más viejas quejas: que usan cascos anticuados e inservibles ante la creciente violencia de los choques en la verja. Defender a la Guardia Civil le ha proporcionado al ministro por añadidura un parapeto en el flanco político: sus detractores en el PP no pueden atacarle por Melilla sin pisar callos en el instituto armado. Y dirigentes populares consultados entre los relacionados con Interior de esta y otras legislaturas no se muestran a favor de que su grupo pida ahora una comisión de investigación. Hay una nerviosa suspicacia de los mandos de las fuerzas de seguridad hacia lo que haga o diga el PP… desde la escabrosa gestión política que hizo el ministro Jorge Fernández Díaz de la tragedia del Tarajal, la del 6 de febrero de 2014, cuando 15 migrantes se ahogaron en esa playa de Ceuta tratando de arribar a territorio español entre bolazos de goma.

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El ministro del Interior, apoyado por Sánchez, retoma el reto de no molestar a Marruecos y a la vez apoyar a la Guardia Civil

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