Las 5 claves del nuevo informe de la UE que acusa a España de usar Pegasus contra el independentismo catalán

La comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso del programa de espionaje Pegasus en la Unión Europea (UE) ha presentado este martes el primer borrador de un informe en el que confirma que el Gobierno español espió a al menos 65 políticos, abogados y ciudadanos activistas por la independencia de Catalunya. Aunque la investigación no culminará hasta su aprobación final, prevista para entre marzo y junio de 2023, el exhaustivo documento de 159 páginas anunciado reafirma las acusaciones publicadas hasta la fecha y aporta algunas novedades. España, el primer cliente de Pegasus en la UE El borrador señala que el Gobierno español "fue probablemente el primer cliente en la Unión Europea del grupo NSO", la controvertida compañía israelí responsable de la fabricación de Pegasus. Según adelantó El País, el CNI habría destinado unos seis millones de euros a la compra de este programa de espionaje. Los otros países de la UE que habrían usado Pegasus serían Hungría y Polonia, denunciados desde hace años por su deriva antidemocrática y donde el espionaje es un "elemento integral del sistema para oprimir a la oposición", Chipre y Grecia, donde Pegasus se ha usado "de manera sistemática como parte de una estrategia política" del gobierno conservador. En las investigaciones que se han publicado hasta la fecha se ha señalado que otros clientes internacionales de este 'software' serían Arabia Saudí, México, Ruanda, Marruecos o Emiratos Árabes Unidos. Se espió a 65 independentistas El informe de la comisión recalca que, como destapó CitizenLab, las autoridades españolas pincharon los teléfonos de a al menos 65 personas, lejos de las 18 que admitieron haber espiado con autorización judicial. "Incluye a parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con esas víctimas", reza el borrador. Entre ellos estarían el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, y el expresidente y ahora eurodiputado Carles Puigdemont. Espionaje político El informe apunta a un "patrón claro": "La mayoría de los ataques del CatalanGate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política, como casos judiciales contra independentistas catalanes, mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España". Así, confirma que "el ataque a los ciudadanos catalanes con 'spyware' comenzó en 2015 y se ha llevado a cabo a gran escala desde 2017". "El Gobierno no da información" La ponente del informe, la liberal neerlandesa Sophie in 't Veld, ha denunciado que “el Gobierno no da información”. La falta de colaboración de Madrid no solo dificulta esclarecer lo sucedido, sino que también hace que "no sea posible establecer de qué manera (las víctimas del espionaje) tendrían un impacto inmediato o constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado”. "La situación en España es delicada, tenemos poca información oficial", ha lamentado. "Pero vemos que hay indicaciones fuertes de que políticos han sido espiados sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional". Impacto internacional De las 159 páginas del informe, 12 están dedicadas al caso español. Además del 'CatalanGate', ahí también se aborda el uso de Pegasus para espiar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministro de Defensa, Margarita Robles. El informe preliminar de la Eurocámara recoge las informaciones que apuntan a que detrás de estos casos de vigilancia estarían las autoridades de Marruecos. Una investigación periodística del año pasado reveló que Pegasus se habría infiltrado en los móviles de 14 jefes de Estado, del presidente francés Emmanuel Macron al rey marroquí Mohammed VI, así como a más de 600 altos cargos gubernamentales y políticos de 34 países

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El primer borrador de la comisión que investiga el espionaje señala que el Gobierno español fue "probablemente" el primer cliente europeo del programa de vigilancia y denuncia que las autoridades "no dan información"

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