Esta es la estructura con la que CDC se financió ilegalmente durante años, según Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción tiene claro que el sistema puesto en marcha al menos entre 2008 y 2012 por CDC para financiarse ilegalmente no era cosa de una sola persona, sino que se trataba de una organización criminal, con su correspondiente reparto de tareas, que actuaba a las órdenes de Andreu Viloca y Germà Gordó, para los que pide las mayores penas de prisión (22 años, si no abona las multas por más de 250 millones de euros que también propone para él, y 18 años y 10 meses, respectivamente). Cómo actuaba Los acusados que formaban parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), "bajo la dirección de Germà Gordó, llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder del partido", entre las que cita ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes de la propia Generalitat, como las empresas públicas relacionadas con la construcción de infraestructuras (Infraestructuras.cat o Barcelona de Infraestructuras Municipales). Gordó, que fue gerente del partido, secretario de Gobierno de la Generalitat y 'conseller' de Justicia, ha respondido al escrito fiscal que le atribuye delitos de organización criminal, fraude continuado a la Administración Pública, corrupción entre particulares también continuado, junto con el de tráfico de influencias y la prevaricación, y otro de blanqueo de capitales, con un tuit en el que se lee "cielo sereno". Cel seré. pic.twitter.com/ITgu0XbOQY — Germà Gordó (@germa_gordo) 2 de noviembre de 2022 Perspectivas futuras El sistema pasaba por adjudicar esa construcción pública a través de concursos amañados en los que las empresas de la organización resultaran beneficiadas con bases hechas a medida u otorgados de forma arbitraria. "La clave de este circuito -afirma el fiscal- era que los citados miembros de CDC, responsables de sus finanzas, se prevalían de su posición política y orgánica en el partido". Para ello "contaban con las consecuencias que seguir o no las indicaciones de estas personas podría tener sobre sus perspectivas futuras en la carrera profesional o política" que desarrollaban a quienes presionaban. De esta forma "se generaba un flujo constante de contratación favorable a los empresarios donantes, mediante determinadas actuaciones para asegurar el futuro de su formación política, futuro que pretendían asegurar con el ingreso de importantes cantidades de dinero para su financiación". Quiénes son los acusados Los acusados por el fiscal ascienden a 30 y se dividen en tres grupos: los responsables de finanzas de CDC, los de las empresas públicas y organismos controlados por el partido, como Infraestructures.cat o Autoridad Portuaria de Barcelona, que adjudicaron contratos y los empresarios que hacían donaciones a las fundaciones CatDem y Fórum Barcelona a cambio de esas adjudicaciones o para mantener buenas relaciones con el partido y resultar privilegiados en otra ocasión. Según Anticorrupción, los que deben responder en nombre del partido, además de Gordó, que "fue durante varios años el contacto (al menos, uno de ellos) de los contratistas con la administración pública catalana y CDC", son: Andreu Viloca (tesorero de CDC y de su fundación CatDem); Francesc Xavier Sànchez (responsable económico de CDC); Daniel Osácar (exresponsable de finanzas y extesorero de CatDem y Fórum Barcelona); Carles del Pozo (gerente y coordinador del Área Económica), y Anna Dolors Benítez Bueno (jefa económica y financiera del partido). Cómo actuaban "Lo esencial era -explica Anticorrupción- la conexión íntima, estable y permanente entre los empresarios y las autoridades del partido. Aquéllos iban realizando donaciones para conseguir ir posicionando a la empresa con el partido (o manteniendo la posición), para tener información privilegiada, influencias directas, y para conseguir el direccionamiento en su favor de las adjudicaciones ilícitas cuando correspondiera". "Los responsables de finanzas de CDC y empresarios se concertaban, a cambio de precio para las arcas del partido, para conseguir que se alteraran las reglas del mérito y la competencia, en perjuicio de los recursos públicos y de las legítimas expectativas de los restantes licitadores a los contratos y concurso públicos", incide. Con qué pruebas cuenta el fiscal Anticorrupción explica que "Viloca controlaba los concursos y las reuniones, relacionándose con políticos, responsables de organismos públicos y empresarios". En su agenda electrónica, que fue intervenida, "aparecen numerosas citas o entrevistas con varias de las personas acusadas, tanto compañeros de CDC, de organismos públicos como empresarios". Entre sus pruebas la fiscalía también cuenta con correos electrónicos en los que aparece Gordó identificado como 'Gregorio', pero su principal baza son los arrepentidos: varios de los empresarios que pagaron al partido y sus exresponsables de finanzas Daniel Osàcar y Francesc Sànchez, que solo se enfrentan a año y medio y un año de prisión, respectivamente, por su colaboración. Entre los empresarios que han llegado a conformidad con el ministerio fiscal está Josep Manel Bassol, que agasajó a los responsables económicos de CDC con entradas de fútbol, de ópera, hoteles y restaurantes, para que su empresa, Oprasol, resultara adjudicataria de contratos públicos. Cuánto ingresaron El fiscal calcula en su escrito el monto total de licitaciones comprometidas a 218.759.664 euros. El importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262 euros; los modificados de proyectos, a 1.777.626 euros, y las prórrogas, a 4.539.755 euros. Afirma que en la cuenta de CatDem, en la que luego se integró Fórum Barcelona, se ingresaron en 2011, un total de 1.041.420 euros, en 43 operaciones; en 2012, 1.107.900 euros, en 59 apuntes; en 2013 fueron 597.814 euros, en 30; en 2014, 389.000 euros, en 14 anotaciones, y en 2015, 338.000 euros, en 11. De CatDem en 2011, salieron 1.010.380 euros, en 24 operaciones; en 2012, 1.017.900 euros, en 31; en 2013, 1.657.724 euros, en 21; en 2014, 436.950 euros, en 12 operaciones, y en 2015, 313.000 euros, en ocho.

Esta es la estructura con la que CDC se financió ilegalmente durante años, según Anticorrupción

La fiscalía describe un reparto de tareas en el que los máximos responsables eran Viloca y Gordó

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