Los daños colaterales del bloqueo del CGPJ: el TC se replantea su estrategia

El Tribunal Constitucional llevaba semanas trabajando al ralentí. Esperaba a su próxima renovación, esa que por ley debió haberse producido el pasado 13 de septiembre, pero que por la política de hechos consumados del sector duro de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se producirá mientras no sean reemplazados los 20 vocales que lo conforman desde hace nueve años. Ahora, una vez rotas las negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP, el tribunal de garantías deberá replantearse su estrategia. La idea era continuar con la que escenificaron el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, cuando tomaron posesión de sus actuales responsabilidades: que el Constitucional trabajara en busca del mayor consenso posible para evitar la fractura que se vivió en su seno durante las deliberaciones de las sentencias de los estados de alarma. Así, como en el Constitucional se es muy consciente de que ciertos temas volverán a dividirlo, simplemente por el hecho de que ser de talante conservador o progresista te hace ver la vida, y de paso el derecho, de forma distinta, se había acordado posponer las deliberaciones de los asuntos conflictivos, para evitar sentencias como la que avaló por la mínima el despido de un trabajador por el uso de las grabaciones de la empresa. La sentencia salió adelante por seis votos de los magistrados conservadores frente a cinco, de los progresistas. Unos consideraron que el empleado estaba lo suficiente advertido de la posible utilización de esas imágenes para actuar contra él disciplinariamente, mientras que los otros lo vieron una vulneración de sus derechos fundamentales. A la espera del próximo paso Ahora, una vez que las negociaciones del CGPJ han saltado por los aires, el panorama ha cambiado y el Constitucional debe replantearse su intención de posponer los asuntos que se presumen conflictivos hasta contar con su nueva composición. Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que habrá que ver si el CGPJ decide nombrar a los dos magistrados que le corresponden o si el sector conservador más duro lo sigue bloqueando. En ese caso, el Gobierno podría no esperar más y nombrar a los dos suyos, porque la tacha de inconstitucionalidad de hacerlo sin el Consejo se ha diluido con el cambio de legislación y el incumplimiento del plazo previsto en la ley por parte del órgano de gobierno de los jueces. Entre los asuntos postergados a la espera de la nueva composición del Constitucional sobresale el aborto, en el que han trabajado hasta tres magistrados sucesivamente, según iban siendo sustituidos el uno por el otro en renovaciones consecutivas: Elisa Pérez Vera, Andrés Ollero y Enrique Arnaldo, que es el ponente actual. Pese a que la intención de González-Trevijano era resolverlo antes de que el mandato de un tercio de los magistrados caducara, lo que ocurrió el pasado 12 de junio, se vio obligado a desistir. Pero también hay otras leyes que producirán la división del tribunal en función de la tendencia en la que se enmarquen los magistrados. Son varios y son diversos. En el listado figuran los recursos contra la eutanasia, la 'ley rider' o los recursos presentados por PP y Vox contra la reforma laboral. Cuando se produzca la renovación, el Tribunal Constitucional contará por primera vez en años con mayoría progresista. Ello será posible con los dos magistrados que debe nombrar el Gobierno, más uno del CGPJ, que tradicionalmente designa a uno de cada sensibilidad. Eso explica el interés mostrado por el PP en cubrir ahora la vacante surgida por la baja de Alfredo Montoya, que sufrió un ictus que le impidió retornar al tribunal.

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El Constitucional quería dejar los asuntos que se presumen conflictivos a los nuevos magistrados

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