El juez reactiva la investigación por el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha reactivado la investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona, en la época de CiU, hacia determinadas entidades, entre ellas algunas de la órbita nacionalista, a través de subvenciones de cooperación internacional. El magistrado ha reabierto tres causas a raíz de un informe de la Guardia Civil que constata pagos sospechosos y un aumento de patrimonio de Jordi Castells Masanés, que ocupó el cargo de director de Relaciones Internacionales en esa institución y en la actualidad es subdirector general de Cooperación Local. El togado ha decidido volver a investigar las subvenciones de la Diputación de Barcelona que recibieron las entidades Grupo IGFA, Voltia y la Fundación Ortega y Gasset, según confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes judiciales. La reapertura de estas piezas ha provocado que la defensa de los presuntos implicados en cada una de esas tramas presente recursos en contra. Estas tres diligencias judiciales se suman a la de la entidad Catmon, administrada por Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de la extinta CDC y que actuó de enlace entre dirigentes independentistas y la trama rusa del 'procés'. El acuerdo del juez se debe a que la Guardia Civil ha descubierto pagos sospechosos a Castells Masanés por parte de esas mismas entidades u otras de su entorno mientras estaban recibiendo subvenciones de la Diputación de Barcelona. Un reciente informe presentado en el juzgado por el instituto armado señala que este exalto cargo de la Diputación de Barcelona percibió cantidades económicas que han percibido ayudas públicas o han tenido "relaciones mercantiles" con esta institución. Los indicios Los investigadores han localizado pagos por 10.696 euros a Castells por parte de la sociedad Planning Sestrategies. En dos de estos desembolsos por un importe de 3.598 euros se hizo constar "devolución pago erróneo" a Batchelli Aulinas, que los agentes identifican como Jordi Batchelli, que participó en un expediente de subvención al Grupo IGFA, al que se le adjudicó un contrato menor de 21.719 euros, y que fue regidor de ERC en Camprodon (Ripollés). Los investigadores han hallado también en otra cuenta de Castells ingresos que provenían del administrador de la empresa Planning Setrategies, así como pagos de esa compañía a través de la mercantil Pirinalia Local Development, vinculada al exalto cargo de la Diputación, o directamente a él. También se han localizado entradas de dinero en las cuentas de Castells procedentes de la entidad Fundación Bellota y Alcitrón, otra entidad que obtuvo una subvención y en cuya solicitud supuestamente habían "múltiples deficiencias". Hay otros pagos sospechosos en las cuentas de la mercantil Pirenalia, vinculada a Castells. Y aunque no son cantidades abultadas, Castells percibió 2.174 euros provenientes de otra entidad beneficiaria de una subvención, la Fundación Ortega y Gasset, y 200 euros desembolsados por el familiar de un gestor de Voltia Solutions, que obtuvo dos contratos menores de la Diputación. Los agentes ponen de relieve que en las cuentas de Castells se han localizado un total de 66 ingresos en efectivo por importe de 71.490 euros, de los que 40.560 fueron efectuados durante el tiempo que ejerció sus funciones en la Diputación y "sin que haya resultado posible determinar" su origen. La pareja de este exalto cargo de la entidad provincial también tuvo entre 2013 y 2014 un total de 28 ingresos en efectivo por importe de 21.590 euros. El informe destaca, asimismo, que en el periodo 2012 y 2021 el patrimonio de Castells se incrementó en 150.663 euros. El grueso de ese importe, índice, se produjo, precisamente, en los años en que ostentó el cargo de director de Relaciones Internacionales. Entre 2012 y 2015, el incremento de patrimonio fue de 127.786 euros, es decir, el 84,82% del total obtenido.

El juez reactiva la investigación por el desvío de fondos de la Diputación de Barcelona

La reapertura de tres causas se producen a raíz de un informe de la Guardia Civil que constatan pagos sospechosos y aumento de patrimonio de un exalto cargo de la entidad provincial y que ahora está en la Generalitat

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