El Gobierno obligado a cumplir la Constitución con el nombramiento de sus dos magistrados al TC, por Ernesto Ekaizer

El Gobierno, tras recibir la presunta bofetada “judicial” del Partido Popular, ¿qué opciones tiene para retomar la iniciativa? La que le pide el cuerpo sería cumplir la Constitución: nombrar en el próximo consejo de ministros a los dos magistrados que le corresponde desde el 13 de septiembre pasado para sustituir a los dos cuyo mandato ha caducado el 12 de junio de 2022 (Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez). Pero puede hacer otra cosa primero: dado que hay un nuevo presidente, suplente, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), instarle a que nombre los dos magistrados que le toca designar a dicho órgano para hacer la sustitución de los suyos ya vencidos (Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol). Y si el CGPJ no lo hace en un plazo breve de diez días, pues, llevar los dos nombramientos al consejo de ministros. Una persona que conoce desde el terruño a Alberto Nuñez Feijóo le vaticinó el pasado jueves por la noche a una personalidad del mundo judicial: "Alberto no va a firmar el acuerdo el viernes. Está bajando en las encuestas. Y sabes que le conozco lo suficiente". Bingo: este pasado jueves por la tarde, el presidente del Partido Popular le confirmó por teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de visita en Sudáfrica, que abandonaba las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si la Moncloa mantenía su compromiso con ERC de llevar adelante la futura reforma legislativa del delito de sedición del artículo 545 del Código Penal. Sánchez replicó que una cosa era un proyecto legislativo que el Gobierno tenía en cartera y otro el cumplimiento de la obligación constitucional de renovar en plazo -ya vencido hace ahora cinco años- el CGPJ. Una bomba de efecto retardado El acuerdo de renovación ya estaba documentado. Los veinte vocales, por tanto, ya seleccionados. Se iba a anunciar, finalmente, este viernes 28 de octubre. Pero en la última semana, el círculo íntimo de Feijóo observó cómo el PSOE recuperaba posiciones en los sondeos y el ascenso en flecha del PP sufría un quiebro. El pasado 21 de octubre este periódico destacó las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la negociación. ”Me preocupa que el CGPJ se llene de Tezanos [por el director del CIS] disfrazados de jueces. Tenemos que seguir siendo firmes. Si no aprovechamos la oportunidad ahora, este Gobierno no va a tener nunca un solo contrapeso”. A la recuperación del PSOE en los sondeos se añadía a la elevada subida de presión de la derecha judicial y mediática coordinada en Madrid. Unos y otros seguían machacando a Feijóo por “entregar” el Tribunal Constitucional (TC) y el CGPJ al gobierno social-comunista, bolivariano y filoetarra. Del otro lado, ERC incrementó, al desbrozar el camino hacia los presupuestos generales del Estado, las exhortaciones, públicas y privadas, para que el Gobierno hiciera gestos explícitos de apoyo a la reforma del delito de sedición en el año y dos meses que quedan de la legislatura. En unas pocas horas, esa futura reforma se convirtió en el tema estrella de la política española. En una bomba de efecto retardado. En otros términos, se le servía en bandeja a Feijóo un argumento para echarse atrás en caso de necesitar uno de los muchos que ya ha utilizado el PP en el curso de los últimos cuatro años, cuando en noviembre de 2018 estalló por los aires el más serio intento de renovación. Si en aquellos días la negociación se hundió al filtrarse el nombre del futuro presidente pactado para el CGPJ -el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena- antes de la elección de los vocales – quienes, son, formalmente, los que eligen al presidente- en esta oportunidad los cambios en el delito de sedición han descerrajado el tiro de gracia del nuevo pacto, ahora abortado. Unos cambios que, en caso de producirse, podrían durar muy poco si el desgaste provocado por tal tipo de exigencias en el Gobierno deriva en una victoria del PP en las próximas elecciones generales. "La torpeza de hacer ruido con el tema de la sedición parece fuera de discusión”, señaló una vocal del CGPJ a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. "Es evidente que ERC consideraba que era de primera magnitud para sus dirigentes. Pero para qué centrarse ahora en él cuando es un proyecto legislativo que llevará meses, habida cuenta de que se trata de modificar el Código Penal", añadió. Un magistrado consultado señala a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que esa reforma no conduce ningún puerto. “Aunque reduzcas las penas y en lugar de los 13 años de prisión [por sedición, malversación y desobediencia] que pusieron a Oriol Junqueras, la sedición se quede con la reforma digamos en 6 años, ¿qué va a cambiar?” La inhabilitación absoluta Al parecer, a Junqueras le interesa modificar la pena de inhabilitación absoluta accesoria a la de prisión, la que le impide volver a ejercer un cargo público. Es decir, ERC aspira a que la rebaja de la pena de sedición venga acompañada del cambio en la inhabilitación absoluta prevista para los sediciosos que ocupan cargos públicos y sean condenados por sedición. “Siempre -señala otra fuente judicial- la inhabilitación será una pena accesoria más elevada para aquellos que son funcionarios públicos”. La rebaja de la pena tampoco podría impedir que la secretaria general de ERC, Marta Rovira -residente en Ginebra, Suiza- caso de regresar a España, entre en prisión nada más pisar suelo español. “Porque no estamos hablando de una rebaja a una multa, sino que serán a varios años de prisión”, apuntó la fuente. Pero la realidad es la única verdad. La ruptura de Feijóo plantea la posibilidad de volver a la casilla de salida y acelerar la cobertura de las cuatro plazas vencidas en el TC. Y, mira por dónde, las condiciones ahora son más propicias que hace algunas semanas. Porque el gran pretexto del grupo conservador durante el bloqueo era que no habían conseguido ningún magistrado del Tribunal Supremo interesado en pasar al TC. Y, sobre todo, que ninguno de los miembros de la Sala Segunda como era el caso de Marchena, Antonio del Moral o Pablo Llarena, había manifestado interés. Pues ahora hay uno: Julián Sánchez Melgar. Magistrado (año 2000) con mayor antigüedad que los mencionados de la Sala Segunda del Supremo y ex fiscal general del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy (diciembre de 2017 en sustitución del fallecido José Manuel Maza, hasta junio de 2018, el magistrado Sánchez Melgar, consultado por miembros del CGPJ, tiene interés. “El sector progresista no pondrá ningún veto y le dará los votos a Julián”, manifiesta una vocal de dicho grupo a EL PERIÓDICO. “Nosotros pediremos la misma conducta a los conservadores para nuestro candidato José Manuel Bandrés, miembro de la Sala Tercera”, añadió. Los pasos En el nuevo contexto, con Carlos Lesmes dimitido, la mayoría de 3/5 requerida para los nombramientos se consigue con 11 votos. Una vez elegidos los dos magistrados por parte del CGPJ, el Gobierno procedería inmediatamente a designar a los dos candidatos que le corresponde y que la propuesta de una negociación conjunta TC-CGPJ por parte del PP había aplazado el 13 de septiembre, fecha en que los cuatro nombramientos debían realizarse conforme a la ley orgánica modificada el pasado 20 de julio. La decisión de Feijóo de provocar el aborto de la renovación se realiza en mejores condiciones para el sector progresista que en noviembre de 2018. Porque Lesmes ha dimitido, restando un voto importante al sector conservador, y porque en su lugar está un vocal progresista, Rafael Mozo. A su vez, el argumento del sector conservador sobre la inexistencia de un magistrado del Supremo, y especialmente de la Sala de lo Penal, Sala Segunda, ya no se puede sostener. Y 'last but no least' porque la posible “alternativa” de la candidata María Luisa Balaguer para ser presidenta de consenso del TC, con el apoyo del sector conservador, se ha ido desinflando. “Creo que tenemos que ponernos inmediatamente a sacar adelante la votación en el CGPJ. Hemos barajado un Pleno para el 14 de noviembre. Pero los sectores progresista y conservador tienen que tomar contacto y replantear la votación con Sánchez Melgar y Bandrés como los candidatos”, señala una vocal progresista a este diario. El acuerdo de dos partidos Las preguntas son: ¿va el PP a bloquear nuevamente los nombramientos al TC? ¿Va a impartirles a los vocales conservadores que no elijan a los dos magistrados en el CGPJ para que ocupen las nuevas plazas? ¿Hará, así, golpismo puro y duro? Porque el pacto para renovar el CGPJ exige el acuerdo de los dos grandes partidos. El PP forzó incluir en el tablero al TC temeroso de la próxima mayoría progresista en el tribunal de garantías. Pero los partidos aquí no mojaban. Dos magistrados deben ser nombrados por el CGPJ y dos por el Gobierno (como hizo el gobierno de Rajoy en 2013). Feijóo, asaeteado por los sondeos de los últimos días, la presión de la baronesa Ayuso y en menor medida del barón Juanma Moreno de Andalucía, y los éxitos de Pedro Sánchez en la Comunidad Europea, ha quedado al desnudo: al igual que con Pablo Casado, el PP ha decidido este jueves 27 de octubre continuar el boicot judicial y constitucional en función de los sondeos y de lo que los cenáculos de magistrados y medios de comunicación de Madrid le marquen. Si el pasado martes, día 25, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, señaló no sin sensatez, que la reforma del delito de sedición y la renovación del CGPJ ”son dos cuestiones distintas”. Porque, con independencia de que el PP considera la reforma “un ataque al Estado de Derecho y la igualdad ante la ley y votará en contra en el Congreso, cuestión aparte es el diálogo sobre el Poder Judicial donde lo fundamental es garantizar la separación de poderes y que el CGPJ tenga la independencia que necesite”. La portavoz no descartó que el acuerdo se podría anunciar esta semana. “Estamos trabajando para que se pueda materializar cuanto antes”, dijo. Así estaba el pacto el martes 25. La bomba de efecto retardado estalló la tarde del jueves 27.

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