El Supremo intenta desactivar este martes el 'cóctel molotov' de Lesmes para imponer a su sucesor, por Ernesto Ekaizer

Como el rosario de la aurora. Este Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con Carlos Lesmes al frente, o ya sin él, pero por la acción de sus dos lugartenientes, es susceptible de empeorar todavía más. Ambos, el presidente de la Comisión Disciplinaria desde 2013, Wenceslao Olea, y el secretario general, Juan de Benito Benítez de Lugo, cargo que carece de voz y voto, pretenden a través de una medida llamada cautelarísima (urgente) que la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo anule este martes 18 de octubre -la reunión de la sección sexta está citada para las 9.00 horas- el acuerdo adoptado el pasado jueves, día 13, por el cual se nombró al vocal de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo Muelas, para suplantar durante algunas semanas -hasta la formación del nuevo CGPJ- y nombrar presidente al magistrado del Supremo Francisco Martín Marín, actual presidente de dicho alto tribunal en sustitución de Lesmes. Olea, que también es magistrado de la Sala Tercera del Supremo, sección quinta, el único voto contra el acuerdo de nombramiento de Mozo, contra 16 a favor, ya advirtió que emprendería acciones legales contra la presunta decisión ilegal, lo mismo que De Benito. Y no han perdido el tiempo. Ambos han presentado sendos recursos en los que piden una medida urgente, cautelarísima, para lo cual la sección sexta se reunirá este martes de forma urgente. Ambición no les falta a los miembros del llamado GAL (Grupo de Amigos de Lesmes). Porque una medida cautelarísima es tan urgente que al adoptarse ni siquiera se escucha a la parte afectada, en este caso al CGPJ a través de su presidente en funciones, el magistrado y vocal Mozo. Es probable que nunca antes un verbo utilizado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo le haya ocasionado tal desaguisado al alto tribunal en su historia contemporánea como el que aceptó poner en el comunicado difundido el pasado 26 de septiembre tras el acuerdo de dicha sala, instigado por Lesmes y al parecer muy respaldado por el magistrado Pablo Lucas, miembro de la sección cuarta. "La Sala de Gobierno toma conocimiento y comparte el informe del director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial", decía. Se refería al informe de sucesión por el cual el secretario general del CGPJ De Benito proclamaba presidente del Supremo y CGPJ, al renunciar Lesmes, al presidente de la Sala Primera, de lo Civil, a Marín Castán. Lesmes instó este acuerdo y la citada Sala escribió que lo compartía. Pero en la única oportunidad que pudieron examinar el asunto, 16 vocales votaron a favor de seguir la sucesión habitual -Mozo, magistrado de mayor edad, siempre había sido presidente de la Comisión Permanente en ausencia de Lesmes- y cerrar las puertas a Marín Castán, quien, todo hay que decirlo solo tenía que cruzar la acera de la madrileña calle de Marqués de la Ensenada para desembarcar en la sede del CGPJ. Y renunció a intentarlo el pasado jueves 13, cuando Mozo le llamó por teléfono y le informó que el Pleno iba a decidir sobre la sucesión. Y le eligió, esa tarde, a él en contra de importar a Martín Marín desde el Supremo. Choque entre el TS y el CGPJ "Es una situación alarmante porque se ha creado un enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el CGPJ a sabiendas que el TS ya se ha pronunciado cuando el 26 de septiembre delante de Lesmes dijo que compartía la sucesión por parte de Marín Castán", dijo un magistrado consultado por este diario. "El Supremo no puede ejercer de juez imparcial porque la Sala de Gobierno manifestó su solidaridad con la propuesta de Lesmes quién llevó esa propuesta a espaldas de los vocales del CGPJ que le eligieron presidente en 2013. Y los miembros de la Sala de Gobierno como es el caso de Lucas o Marin se tienen ahora que abstener", añadió. Pero no solo ellos. Hay otros magistrados que tienen que intervenir y que se encuentran en una situación incómoda, según fuentes del Tribunal Supremo. Por un lado, nadie tiene deseos de desautorizar al CGPJ. Algunos señalan que la Sala de Gobierno del Supremo debió darse por enterada del plan de sucesión de Lesmes pero no compartirlo. Además, algunos de los magistrados que estudiarán la petición de la medida cautelarísima, como es el caso de José Manuel Bandrés y Eduardo Espín, han solicitado a este CGPJ ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional. ¿Van a ser ellos quienes anulen el acuerdo de nombramiento de Mozo como presidente en funciones y a su vez darle el cetro a Marín Castán? ¿Por qué meter la cabeza en la sustitución de la presidencia de otro órgano? Una fiscal consultada ejemplifica: "Usted es magistrado de la Sala Tercera [Wenceslao Olea] y utiliza su proximidad a los compañeros que tienen que decidir. Usted defiende a Lesmes, que es compañero de la Sala Tercera, a la que se acaba de reincorporar, y está obligando a los compañeros de la Sala Tercera y a los compañeros que forman parte de la Sala de Gobierno a tomar una decisión judicial en la que son juez y parte, porque tienen que decidir si el Consejo debe elegir a un vocal del CGPJ o a un magistrado del TS. Es un pulso. ¿Sin oír a una de las partes?". Convertir la derrota en victoria Los recursos presentados por Olea y De Benito, respectivamente, aspiran a convertir la derrota del pasado jueves de 16 votos contra 1 (de Olea, porque De Benito no vota) en una victoria en el Supremo, forzando abstenciones (tampoco el presidente de toda la Sala Tercera, César Tolosa, podrá participar al haber compartido la sucesión de Marín Castán en el acuerdo de la Sala de Gobierno) y un enfrentamiento no forzado entre el TS y el CGPJ. ¿Y todo esto para qué? "No entiendo el motivo de fondo. Ni si existe. Pero llegado al punto de descomposición del CGPJ en el que estamos y dada la situación personal de Lesmes, que dimitió primer en diferido y luego un domingo por la noche lanza un parte de renuncia, como si hubiera estallado una guerra, me temo que ya no impera la razón. A ver si hay renovación inminente y acabamos con todos estos despropósitos", dijo a este diario una vocal consultada. La concesión de una medida cautelarísima parece uno de esos despropósitos habida cuenta, según se ha señalado, que la decisión supone no oír a la parte afectada. La alternativa sería denegarla y anunciar que la sección sexta ya se pronunciará sobre el fondo más adelante, dejar pasar el momento, esperar la formación del nuevo CGPJ y realizar una sentencia declarativa.

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La Sala Tercera del TS decidirá de urgencia si destituye al presidente en funciones del CGPJ a petición del brazo derecho del presidente dimitido, y del secretario general, sin voz ni voto

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