Los 5 desafíos del 'otoño caliente' del Govern de Pere Aragonès

El nuevo Govern, tras la toma de posesión del martes, empezó este miércoles (12 de octubre, fiesta nacional española) a trabajar. La reunión del Consell Executiu, centrada ya en la adaptación del plan de Govern al nuevo reparte de funciones y, sobre todo, a la situación de crisis se alargó más de lo esperado, apuntaron fuentes del Palau de la Generalitat, por la locuacidad (en el buen sentido del término) de todos los nuevos 'consellers'. A buen seguro se pusieron sobre la mesa los principales retos del nuevo Executiu. Estos son los de cariz más político, porque el reto en mayúsculas es, sin duda, capear la crisis. Presupuestos de la Generalitat La alta inflación obliga a las administraciones a actualizar sus cuentas. También la Generalitat. Los nuevos presupuestos para el 2023 eran el objetivo de Pere Aragonès para este otoño y, tras seis semanas de crisis abierta en el Govern, ha vuelto a situarse en lo más alto de la lista de prioridades del ‘president’. El grueso de las cuentas ya ha sido trazado por el ‘exconseller’ Jaume Giró y el propio Pere Aragonès. Unos presupuestos que, por cierto, riegan generosamente aquellas porciones del territorio bajo alcaldía de Junts. Más que las de ERC. Los republicanos quieren emplear esa baza como un elemento de presión más, fortalecer el debate interno posconvergente e insuflar ánimo a ese 42% de militantes que abogaron por mantenerse en el Govern. En Junts, el sector ‘borrasista’ trata de mediar para que se cumpla su profecía, es decir, que se están poniendo los cimientos de un nuevo tripartito. Para ello es imprescindible arrojar a ERC a los brazos del PSC. Y ERC lo sabe y huye como gato escaldado. El sábado, Oriol Junqueras dijo que con el PSC, ni a la vuelta de la esquina. Aragonès, el martes, no fue tan tajante. En las próximas semanas verá si hay una primera fisura en la bicefalia republicana o bien, tan solo, el uso de matices según el cargo de cada uno. El desenlace, si ERC logra aprobar las cuentas o bien se va a una prórroga, se producirá a menos de medio año de las elecciones municipales. Por tanto, ahí confluirán la presión de los alcaldes de Junts que tratan de garantizarse una reelección, los miedos de ERC de fotografiarse con el PSC poco antes de la campaña donde quieren arrebatar parte del poder metropolitano al propio PSC y la nostalgia de Junts ante la que puede ser su última estadía bajo el foco mediático antes de caer en el desértico olvido de la oposición. La mesa de diálogo A la mesa de diálogo y negociación sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado le quedan dos meses y medio de vida antes de extinguirse o, como mínimo, hibernar. El electoral año 2023, en el que ERC se juega ser o no el partido hegemónico y el PSOE su continuidad en la Moncloa hacen que el 31 de diciembre se desvanezca este foro. En la mente de los republicanos está, en un futuro, reabrirla o crear una segunda edición, pero hasta que esa nueva ventana se genere, ERC prioriza la practicidad. A sabiendas de que el abordaje del ejercicio del derecho a la autodeterminación en la mesa es una quimera, anteponen los logros en materia de desjudicialización o lo que ellos bautizaron como la 'agenda anti-represiva'. Y, novedad con respecto a las dos últimas reuniones de la mesa, el Govern enviará una delegación completa. Ahora sí, todos los 'consellers' comulgan con este foro. Dos puntos tiene esa agenda. La primera es la finalización de los procesos judiciales abiertos al Govern y ‘sottogoverno’ catalán del 2017. Ahí entran desde el juicio recién celebrado al que fuera presidente del Parlament, Roger Torrent, y su mesa como las causas abiertas aun por el 1-O, como las de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. El segundo punto es la reforma del delito de sedición del código penal. Europa ya ha emitido varios mensajes (también judiciales) de que la tipificación de ese delito en España es propia de otro siglo. Un delito cuyo castigo en España frena el retorno, por ejemplo, de la secretaria general del partido republicano, Marta Rovira. Pere Aragonès ha aseverado varias veces que antes de emprender otro embate contra el Estado hay que rescatar a todas las piezas que aún se hallan bajo las garras de la justicia. ‘No dejar a nadie atrás’, como el cuerpo de marines de los Estados Unidos. La búsqueda de alianzas La falta de apoyo parlamentario es el auténtico punto débil del nuevo Govern Aragonès. Y una promesa de que cada votación en la Cámara puede convertirse en un vietnam, al modo que la propia ERC le generó a Pedro Sánchez en el Congreso, cuando explotó el ‘Catalangate’. Más allá de los presupuestos, que los republicanos consideran que van aparte porque, a fin de cuentas, los elaboraron los propios posconvergentes, cualquier medida legislativa deberá contar con una amplia tarea de seducción, negociación y pacto. Externalizado el ‘procés’, ya sea a la mesa de negociación con el Estado, ya a sea a la vía canadiense, las únicas opciones de éxito y estabilidad dentro del Parlament para Aragonès pasan por centrarse en medidas de carácter económico y de la nueva economía con las que poder engatusar a los ‘comuns’ e, incluso, al PSC, si este mantiene su oposición meramente constructiva. La principal duda es si en los meses venideros antes de las próximas elecciones, que parece difícil que no sean anticipadas, si bien no inmediatas, los republicanos lograrán que los posconvergentes suavicen su oposición que se antoja de acoso y derribo. Y es que cualquier opción de Junts por sobrevivir a la travesía en el desierto a la que ellos mismos se han expuesto pasa por vencer a ERC en las urnas. Competencias y traspasos Desde que ERC diera apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez, en el 2018, se inició una colaboración con el PSOE en Madrid, revalidada con el voto favorable en la investidura y dos presupuestos, amén de varias leyes clave. También ha habido rotura de vajilla, con la reforma laboral y los presupuestos del 2019, cuyo fracaso parlamentario dio pie a las últimas elecciones. Para ERC ahora es el momento de rentabilizar en forma de logros que mostrar en la campaña de las municipales, y en las que vengan, esa colaboración. Logros que pasan, evidentemente, por la mesa de diálogo, pero también por las cuestiones sectoriales. En la negociación de las cuentas para este 2022, ERC centró las contrapartidas a exigir en el uso del catalán en el audiovisual. Para la negociación de las nuevas cuentas (tan importante para Sánchez , como son las catalanas para Aragonès) ERC aspira a hacer valer su fuerza no solo para lograr avances en la ‘agenda anti-represiva’ sino también en materia competencial. En las reuniones de la Comisión Bilateral celebradas (dos) los avances han sido mínimos. No ya en asuntos tan trascendentes y golosos mediáticamente, como el traspaso de Rodalies, o el propio traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat, si no en otros menos aparentes, como las competencias en Salvamento Marítimo. Y de fondo, el eterno déficit inversor del Estado en Catalunya al que se suma, para más inri, el nulo índice de ejecución de las obras que se presupuestan. En la reunión de este miércoles se debatió sobre ese 16% de ejecución de este 2022, al que se suma el 36% del 2021. La vía canadiense La propuesta que lanzara el propio Aragonès en el debate de política general de la última semana de septiembre es la muestra evidente de que los republicanos no están por esperar a nada ni a nadie. Ni desean un ‘estado mayor’ que usurpe las decisiones ejecutivas del Govern, ni tienen esperanza de que Junts proponga un plan para lograr la independencia que salga de la declaración retórica de respetar el mandato del 1-O. Por no esperar, ni se pausan en busca de una mayoría parlamentaria que les dé cobertura. Dicho de otro modo, en la trinchera independentista ERC está sola, motivo por el que ha levantado la mirada y trata de llegar a una mayoría más amplia, que ERC cifra en el 80% de partidarios de solucionar el conflicto político mediante un referéndum. Con el importante apoyo para ERC, aunque escaso numéricamente, de los ‘comuns’, toda vez que el PSC se mantiene muy alejado de cualquier medida que pueda derivar, por decantación, hacia una ruptura de la unidad territorial, Aragonès se propone iniciar una ola institucional y ciudadana que dibuje las condiciones en qué se debería realizar ese referéndum. Y poner esa hoja de ruta delante del PSOE en la mesa de negociación (el PP ni está ni se le espera en tal foro de diálogo, al menos, en esta década). ¿En cuál? Evidentemente en otra que no es la actual. Establecido el objetivo en un referéndum pactado, piensan en el Palau de la Generalitat, ya no cabe crear ningún ‘estado mayor’ que actúe a hurtadillas del Estado pues ya no se rema hacia un acto unilateral. La dirección recae en el ‘president’ y, por tanto, la vía canadiense, que deberá implicar necesariamente algún nombramiento se impulsará desde el propio Executiu.

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