Un exmando de los Mossos denuncia que fue castigado por blindar una investigación por corrupción a Buch

El intendente de los Mossos d'Esquadra Toni Rodríguez presentó una demanda en mayo contra la Conselleria d'Interior en la que denuncia que fue destituido como responsable de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC) por proteger de las injerencias políticas las investigaciones de corrupción que afectaban al 'exconseller' de Interior Miquel Buch o a la expresidenta del Parlament Laura Borràs. El caso de Buch, jefe político de los Mossos y que ahora se enfrenta a una petición de seis años de cárcel, fue el que desencadenó más fricciones entre Rodríguez y el actual número dos de la policía catalana, Eduard Sallent, a quien en la demanda se acusa de solicitar información de una investigación judicializada. La demanda, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que ha avanzado El País, deberá resolverse por la vía administrativa. En el texto se argumenta que no hubo otra motivación que la anterior para apartar a Rodríguez en diciembre de 2021 de un cargo que ostentaba desde abril de 2021 porque, se razona, había obtenido la máxima valoración en el desempeño de esa plaza y en las anteriores etapas como número dos de la CGIC o al frente de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). Y, tras dejar constancia que su destitución no fue debidamente motivada y que se le envió a una destino –como jefe de la comisaría de Rubí– que corresponde a un rango inferior al de intendente–, se solicita su restitución al frente de la CGIC. La investigación a Buch A principios de 2019, la fiscalía encargó a los Mossos investigar si el entonces 'conseller' de Interior, Miquel Buch, había prevaricado al crear para un sargento un cargo de asesor personal del departamento que, en el fondo, lo que le permitía era disponer de un sueldo sin la necesidad de trabajar de policía y poder así ejercer de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica. La petición no era delicada únicamente porque Buch era el jefe político de los Mossos, sino también porque el sargento era pariente de Miquel Esquius, el entonces comisario jefe de los Mossos. Esquius dio orden de que se investigara a fondo. En marzo de 2019, Rafel Comes, a cargo de la Comissaria Superior de Coordinació Central (CSUCOT), transmitió esa orden al intendente Rodríguez, entonces al frente de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC). Según la demanda presentada contra el departamento, Comes nombró a Rodríguez instructor de aquellas denuncias a quien, además, habilitó para usar los recursos que se consideraran necesarios. Comes también designaba a Rodríguez interlocutor único con la Fiscalía y le prohibió comunicar a sus superiores el estado o desarrollo de la investigación. En junio de 2019, tres meses después del inicio de una investigación de los Mossos que le afectaba directamente, Buch cambió al jefe de los Mossos: Esquius fue relevado por Eduard Sallent, un intendente que había ascendido a comisario aquel mismo día. La decisión generó malestar en el cuerpo dado que Esquius llevaba solo diez meses al timón de los Mossos. No fueron pocos los mandos que ese día tacharon la elección de Sallent, a quien describían como cercano a la órbita de la antigua convergencia, de movimiento político. Esquius, en su carta de despedida, admitió que había sido una sorpresa aquel final y subrayó que durante liderazgo había tratado de comportarse con "neutralidad política". El desencuentro con Sallent La demanda de Rodríguez contra Interior afirma que pocos meses después de hacerse con el control del cuerpo, Sallent planteó al jefe directo de Rodríguez su destitución. Pero Comes –que en el otoño de 2019 había pasado de la CSUCOT a la CGIC– desatendió esa petición al considerar que no había motivo para hacerlo dado el nivel de las investigaciones que lideraba Rodríguez y la satisfactoria gestión de sus funciones. Lo que precedió a esa petición de destitución de Rodríguez por parte de Sallent fue que, según la denuncia, el propio Sallent había pedido una copia de las diligencias de la investigación a Buch. Una petición que Rodríguez, que mientras mandaba Esquius había recibido la orden contraria –prohibición de informar–, rechazó cumplir. La desobediencia de Rodríguez generó "tensión" en la cúpula, subraya la denuncia. Pero Sallent finalmente, por vías "desconocidas" por Rodríguez, obtuvo esa copia de las diligencias. La situación entre Sallent y Rodríguez, tras aquel incidente, empeoró y, a juicio del segundo, se debió a acciones del primero que dificultaron "seriamente" investigaciones como las que afectaban a Buch o a Borràs y que motivaron que el intendente acabara solicitando el amparo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para evitar que fuera apartado de su cargo mientras seguía con los casos que afectaban al Govern de la Generalitat. Cuando el 'major' Josep Lluís Trapero fue absuelto por la Audiencia Nacional, y restituido como jefe de los Mossos relevando a Sallent, las supuestas injerencias políticas cesaron y Rodríguez terminó la instrucción de ambos casos de corrupción que actualmente están a la espera de juicio. Sin embargo, al ser relevado Trapero de nuevo, trece meses después, regresó Sallent a la prefectura del cuerpo. Y pocos días después, Rodríguez fue enviado a la comisaría de Rubí. Nuevas sospechas de injerencias políticas Meses después de que Sallent regresara al mando de los Mossos d'Esquadra como número 2, el comisario jefe, Josep Maria Estela, exigió a Interior que fuera apartado de la prefectura. Estela pidió a Interior que Sallent saliera de la prefectura al entender que este tomaba decisiones por su cuenta, decisiones que previamente había pactado con el director general, Pere Ferrer, pero al margen de Estela. Aquel episodio, como el de la denuncia de Rodríguez, en el fondo atañen a la misma polémica: la de la injerencia política de la 'conselleria' sobre los Mossos que, en ambos casos, supuestamente han requerido de la figura de Sallent, más receptivo a las instrucciones del departamento.

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El intendente Toni Rodríguez, exjefe de investigación del cuerpo, demanda a Interior y acusa al actual número dos de la policía de pedir datos de un caso judicializado

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