Cuatro meses después de haberse solicitado, la comisión de investigación del Parlament sobre el espionaje a dirigentes independentistas con el 'spyware' Pegasus ha echado a andar. La exconsellera y diputada de ERC Maritxell Serret ostentará la presidencia del órgano, que según ha afirmado durante la sesión constitutiva tendrá como objetivo "hacer frente común" con otras instituciones para aclarar los hechos y "apuntalar la defensa de los derechos fundamentales". La comisión, solicitada por ERC, Junts, la CUP y los 'comuns', ha tardado en constituirse por la disputa abierta entre republicanos y posconvergentes por presidirla. Finalmente, llegaron a un acuerdo para su composición, que ha sido ratificado este miércoles por votación secreta en urna. El vicepresidente será Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de Junts, y Montserrat Vinyets, de la CUP, será la secretaria. Serret ha recordado que el espionaje con programas como Pegasus y Candiru también ha afectado a ciudadanos de fuera de Catalunya, por lo que ha defendido hacer un "frente común" con otras instituciones para intentar arrojar luz a los hechos.
Entre las cerca de sesenta personas afectadas por el espionaje figuraban el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y diputados de ERC; los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Quim Torra; el entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; la líder de Junts, Laura Borràs, y diputados del partido, así como abogados de dirigentes independentistas condenados por el 1-O. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitió en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados que había espiado a personas vinculadas al independentismo pero defendió que lo hizo de forma legal.
Aunque en el Congreso los grupos independentistas y Podemos reclamaron la constitución de una comisión de investigación, la petición no prosperó por la oposición del PSOE. Está previsto que la comisión tenga una duración de un año y elabore unas conclusiones a partir de las cuales exigirán responsabilidades políticas, penales o civiles, así como emprender acciones legislativas y judiciales. El dictamen que se derive deberá ser debatido por el pleno del Parlament. Una vez constituida la comisión, el siguiente paso será la creación del plan de trabajo. Los grupos prevén solicitar la comparecencia de altos cargos del Estado para intentar encontrar respuesta a los interrogantes sobre el espionaje o, por lo menos, poner en evidencia la gravedad del espionaje. Tras constituirse la comisión, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha defendido que la Cámara catalana hace frente al "caso de espionaje masivo más grave que ha habido en la historia de Europa en el siglo XXI", y ha lamentado que el PSOE se oponga a crear una comisión en el Congreso sobre este asunto.
El caso, bautizado como 'Catalangate' y por el cual se han presentado denuncias judiciales, hizo saltar por los aires los puentes entre el Govern de la Generalitat y la Moncloa, hasta que finalmente retomaron la interlocución con la reunión de la mesa de diálogo a finales del mes de julio.