Yo, Félix

El pasado 14 de julio de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la ley Orgánica de 2021 por la cual el mismo Gobierno retiró las facultades de nombramientos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones (caducado el 4 de diciembre de 2018). Con la reforma se devolvió al Consejo la capacidad para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional para sustituir a Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, cuyos mandatos vencieron el 12 de junio de 2022. El Senado dio luz verde a la reforma el 20 de julio. La nueva ley daba hasta el 13 de septiembre -es decir algo menos de tres meses desde su aprobación- para esos nombramientos. A su vez, los otros dos magistrados cuyos mandatos caducaron el 12 de junio- Pedro González-Trevijano (presidente) y Antonio Narváez, debían, su vez, ser designados por el Gobierno. El Gobierno no nombró a sus candidatos inmediatamente después de caducados los mandatos de González-Trevijano y Narváez -designados por el gobierno de Mariano Rajoy hacía nueve años- porque en aquel momento su propia ley de 2021 impedía al CGPJ hacer los nombramientos. Y al cambiar la ley en julio pasado, cuando técnicamente el CGPJ ya podía nombrar magistrados para el TC, dio esos casi tres meses, mes de agosto por medio, para hacer los cuatro nombramientos de forma coincidente o simultánea. El Pleno del CGPJ debatió el pasado jueves 8, después del discurso del presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, en el cual exhortó, el miércoles 7, al Partido Popular -su presidente Alberto Nuñez Feijóo se sentaba a pocos metros, frente a Lesmes y al Rey- a renovar el CGPJ sin añadir “condiciones sucesivas” y con la “ley vigente”. El citado Pleno, por imposición del sector conservador, no analizó los posibles candidatos y dejó en claro que no se iban a hacer los nombramientos antes del 13 se septiembre o el mismo 13, incumpliendo el plazo del legislador. Pero acordó hacer los nombramientos con un “reglamento” que no tiene nada de novedoso. Ahora la pregunta que tendrán que resolver el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente Pedro Sánchez, es: ¿nombrará el Consejo de Ministros del próximo martes 13 los dos magistrados que le corresponden? Fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya señalan que el Gobierno no hará los nombramientos y dará un tiempo de cortesía, durante septiembre, para coincidir con los que vaya a hacer el CGPJ. Propuesta de Feijóo Al tiempo que el CGPJ acordaba el procedimiento, Feijóo envió una nueva propuesta al gobierno en la que exige, además de sus reivindicaviones anteriores, nuevas condiciones. El PP hace “como si" recoge el guante lanzado por Lesmes, pero en realidad ha hecho lo contrario de lo que fue el principal mensaje de su discurso: el PP ha añadido "condiciones sucesivas" y ellas, además, contravienen la Constitución. A Bolaños no se le escapa que la propuesta de una negociación conjunta de la renovación de los dos órganos (TC y CGPJ) no es posible. Porque el PP nada tiene que ver con la renovación del TC. Aquí es el Gobierno -no el PSOE- quien debe nombrar dos magistrados, como lo hizo el Gobierno de Rajoy en 2013. Y en el CGPJ, el PP participa porque la elección se hace a través del Congreso y el Senado. Pero en TC el PP no tiene papel alguno. Lo que pretende el PP con la nueva pseudoferta es mantener las condiciones que ya pusieron hace algunos meses y añadir otras que pretenden, más que renovar el CGPJ, perturbar el proceso ya en curso de renovación del TC. Eso, por ejemplo, lo prueba la exigencia de derogar la norma que limitó las facultades del CGPJ en funciones en 2021. Si se renueva el CGPJ, esa norma ya no tiene función alguna. Porque lo que buscaba, precisamente, era la renovación, que el PP bloqueaba. A menos que el PP pretenda que se derogue para luego -una vez más- no renovar y que el Consejo actual en funciones recupere las facultades anteriores. Con el nuevo Consejo, la norma que quiere derogar, no tiene aplicación. Una, la de vincular TC y CGPJ, es inconstitucional. Porque es darle una voz al PP sobre el TC donde nada tiene que hacer y la otra, derogar la norma señalada, es incongruente. Entre las nuevas exigencias el PP sostiene -algo que refleja su desesperación- que se va a producir una mayoría demasiado pronunciada en el TC y no es bueno que el TC tenga una mayoría próxima a un gobierno que la ciudadanía no confirmará en las próximas elecciones. Sin embargo, la mayoría que ha tenido el PP durante cinco años le ha permitido exprimir como un limón al TC para aplaudir cada resolución del Pleno que criticaba al Gobierno, y cuyo cometido era dar “varapalos”. Un tribunal que gozó de una mayoría superior a la que se avizora ahora si se producen los nombramientos. El tablero de ajedrez ¿Cuál es el paisaje en el tablero de ajedrez que tiene Félix Bolaños sobre su mesa? Es un tablero en el que la ficha a mover debe ser muy cautelosa. Lo más probable es que el Gobierno exprese su malestar porque no se ha cumplido la ley que planteaba el plazo del 13 de septiembre. Pero que, a la vista del acuerdo en el CGPJ en hacer los nombramientos, el Gobierno manifiesta su voluntad de dar un margen de cortesía y confía en que el presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, haga que esta demora sea puntual, que no se vuelva al incumplimiento y abra un nuevo paréntesis sine die. El Gobierno tiene la idea de dar margen al CGPJ, sin ultimátum, hasta finales de septiembre. Perfil bajo. No quiere ser acusado de presionar, y prefiere dar margen de confianza a Lesmes para que se nombre en el plazo más breve posible. Esta movida de ficha tiene riesgos porque el PP y los vocales conservadores no se están quietos. Aun así, el Gobierno no va a entrar ahora a hablar de las nuevas condiciones que ha puesto el PP, aunque fuentes consultadas reconocen que si se sientan y revisan algunas propuestas se podrían pactar. Pero no hay negociación posible porque Feijóo las plantea ahora justo en el momento en que se hace la renovación del TC y ya se ha logrado que sea este Consejo el que nombre los dos magistrados. El gobierno prefiere esperar a que el CGPJ nombre primero sus candidatos. Por un lado, si el Gobierno nombra a los suyos sin saber a quiénes nombra, el CGPJ se puede quedar en el aire. Puede pasar que un magistrado propuesto por los vocales progresistas no sea nombrado por el Consejo, pero lo podría repescar el Gobierno. Y también está el tema de la paridad entre mujeres y hombres, y el de las disciplinas. Si el CGPJ no nombra, por ejemplo, a un laboralista, que hace falta porque el TC actual no cuenta con ninguno, al Gobierno le interesa hacerlo (habrá que abordar los recursos contra la modificación de la reforma laboral de Rajoy). Por tanto, el Gobierno podría cubrir los posibles huecos. Pero hay otra razón. Si hace primero los nombramientos y no se espera a que los haga el CGPJ, el sector conservador puede dilatar los suyos y denunciar que se está presionando al CGPJ. Y en ese contexto: ¿cómo van a tomar posesión los dos magistrados nombrados por el Gobierno? Pedro González-Trevijano ya ha hecho saber al Gobierno que “su” mayoría actual no va dejar entrar a esos magistrados si al tiempo el CGPJ no ha nombrado a los suyos. A todo esto, si se rechazan los dos magistrados nombrados por el Gobierno en el TC, este acto no tiene recurso. Y habría que nombrar a otros. El Gobierno puede hacer, pues, sus dos nombramientos en el siguiente consejo de ministros posterior a la fecha en la que el CGPJ haga los suyos, de modo que los cuatro magistrados tomen posesión en un acto único y los conservadores no caven más trincheras en la madrileña calle de Doménico Scarlatti. Aunque ya preparan otra para el día siguiente del acto de toma de posesión, cuando debe celebrarse, según la ley, el Pleno destinado a elegir presidente y vicepresidente. Una vez confirmada la mayoría del llamado sector progresista, ¿qué se puede hacer? Los conservadores ya tienen experiencia. Lo hicieron con la magistrada Encarnación Roca ofreciéndole la vicepresidencia y una vez aceptada la ganaron para su bando debilitando a los progresistas.

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