La votación del decreto energético pone de relieve la falta de diálogo entre Gobierno y PP

De nuevo, el Gobierno de coalición llega al Congreso con los apoyos sin cerrar en una votación capital. El jueves los diputados tienen que convalidar o derogar el decreto ley que incluye: las medidas para ahorrar energía (una exigencia de Bruselas), ayudas a estudiantes y a los usuarios de Cercanías y media distancia, y la prórroga de los 450 millones de euros directos para taxistas y camioneros. El real decreto ley ya está en vigor desde el 2 de agosto pero, si el Ejecutivo no lograra una mayoría de 'síes', decaerían las medidas y tendría que extraer algunas iniciativas del texto o retocarlo antes de volver a llevarlo a la Cámara baja para otra votación. PSOE y Unidas Podemos solo tienen entre los dos 153 de los 350 escaños. "Emplazo al PP, de aquí hasta el jueves, al señor [Alberto Núñez] Feijóo, para que vaya a la estación de Atocha Cercanías [...] y hable con ese trabajador que está volviendo de su puesto de trabajo y le diga que, si por él fuera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos meses [...] Que se acerque a ese estudiante que está preparando el inicio del curso y le diga que, si por él fuera, ni beca ni abono gratuito. De esto es de lo que estamos hablando", clamó este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. "¡Cuánta demagogia!", se quejó Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. El partido naranja le anunció por la mañana a Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que votará 'no'. Ni siquiera la promesa de que se podría tramitar como proyecto de ley (y así enmendarlo a posteriori) convenció a Bal. "Les ayudas a sacarlo y después amplían los plazos y no cambian nada o acaban negociándolo con sus socios de investidura. Ya lo han hecho otras veces", denunció. En el 'no' está también el PP, que se ha quejado de que algunas medidas, como el tope al aire acondicionado y la calefacción, son "frivolidades" (aunque días antes Feijóo no las viera así) y de la falta de voluntad negociadora del Gobierno. Esa ausencia de comunicación de la Moncloa con el principal partido de la oposición ha sido una constante durante esta legislatura, que se estrenó en enero de 2020 y fue sacudida a los tres meses por la pandemia de covid-19. Ni con el estado de alarma ni tampoco cuando estalló la guerra de Ucrania, y se aprobaron paquetes especiales para paliar las consecuencias del conflicto, ha habido contactos específicos entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición. Pasó con Pablo Casado y ahora se repite con Feijóo. La Moncloa a punto estuvo de encajar una derrota histórica cuando la nueva reforma laboral llegó sin los apoyos atados al Congreso el pasado mes de febrero. Al final Pedro Sánchez logró la convalidación, pero por un error de un diputado del PP, que se equivocó al dar al botón. El Ejecutivo mantenía una relación distante con el PP de Pablo Casado y ahora, pese al relevo, también con el de Feijóo. Si hace dos años los populares se mostraban molestos por no estar al tanto de las decisiones más graves sobre la pandemia y las que afectaban a la Corona (la salida de Juan Carlos I de España), ahora ese resquemor se ha dado ya con el cambio de posición del Ejecutivo ante el Sáhara Occidental, los compromisos adquiridos con EEUU en el marco de la OTAN y las votaciones de los dos paquetes para aliviar los efectos del conflicto lanzado por Rusia (los populares votaron en contra del primero, se abstuvieron en el segundo). Dos citas En este último episodio, el Gobierno rechaza las críticas porque asegura que, tras el acuerdo de Bruselas del 26 de julio (en el que España se comprometió a reducir el consumo de energía un 7%), convocó una reunión al día siguiente con los portavoces parlamentarios (en muchos casos fueron los diputados de la comisión de Transición Ecológica) y, 24 horas más tarde, una videoconferencia con los consejeros del ramo de las comunidades en las que informó del plan de ahorro. Fuentes parlamentarias y de los gobiernos regionales de diferentes partidos consultados por este diario aseguran, no obstante, que en ninguna de las dos reuniones se concretaron las medidas que afectan a los edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, y estaciones, ni tampoco se anunció que el Consejo de Ministros aprobaría el 1 de agosto un real decreto ley con "obligaciones".

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El Ejecutivo y los conservadores no han logrado establecer un canal de comunicación natural ni en plena pandemia ni ahora al tratar de paliar las consecuencias del chantaje de Rusia

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