Pilar Llop: "Yo no voy a renunciar a renovar el CGPJ, porque no puedo renunciar a cumplir con la Constitución"

Sofocada tras recorrer varios stands del recinto ferial en una calurosa mañana, la ministra de Justicia, Pilar Llop (Madrid, 1973), se quitó la chaqueta y, mientras se refrescaba con sorbos de agua, se percató de que el aire acondicionado del despacho en el Palacio de Congresos donde se celebró esta entrevista. "Hay que bajarlo", indicó, en plena campaña del Gobierno por el ahorro energético. Ya lo dijo la ministra en su visita por la Feria Internacional de Muestras de Asturias: "La disyuntiva es, o estamos con Europa y con medidas de eficiencia energética o a favor de Putin". Con el termostato ya a 27 grados presumió: "Nosotros cumplimos". Existe una psicosis generalizada ante los casos de pinchazos para la sumisión química. Hay preocupación en la población joven, especialmente en las mujeres. Esto es un fenómeno que desconocemos, porque no sabemos cuáles son sus mecanismos ni tampoco a qué motivaciones está respondiendo. Debemos acotar este tipo de agresiones. En primer lugar, se trata del simple hecho de pinchar a una chica, que podría ser un delito de lesiones. Luego, dependería de las intenciones de los autores. Si ya supiéramos a qué obedece ese comportamiento, pues sí podríamos entender que estaría intentando cometer otro delito, que podría ser más grave. ¿Pero hay casos? Una menor gijonesa denunció tras un supuesto pinchazo en las fiestas de Montevil, pero la Policía cerró el caso porque fue un error en las pruebas que le hicieron en Cabueñes. De las informaciones que tenemos no ha quedado acreditado ningún caso en que se estuviera inoculando algún tipo de sustancia. Tampoco para qué se cometen esos pinchazos, pero es importante que quienes los sufran lo denuncien. Primero, que en los lugares donde estén, en lugares de ocio, que vayan a los dispositivos de seguridad por si en ese momento pueden identificar o detener a alguien. Y, en segundo lugar, que acudan a un centro de salud para desplegar los protocolos y tomar muestras por si pudiera haber alguna sustancia y, por supuesto, denunciar este tipo de lesiones. No voy a renunciar a renovar el CGPJ, porque no puedo renunciar a cumplir con la Constitución ¿Qué medidas van a tomar? Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Desde el Ministerio de Justicia estamos vigilantes, junto al Instituto Nacional de Toxicología. Tenemos ya un protocolo para los casos de sumisión química o vulnerabilidad química en el caso de que hubiera una agresión sexual o violación. Hemos adquirido dos máquinas muy sensibles a la detección de sustancias, porque son sustancias volátiles que desaparecen a las pocas horas. Parece que se nos quiere expulsar de los espacios públicos, lúdicos y de ocio. Y desde luego podría ser un atentado contra la libertad de las mujeres, y claramente es un delito de violencia machista ¿Cómo evoluciona la transformación digital de la Justicia? Estamos en un momento propicio para abordar esa transformación y no podemos desaprovecharlo. Cuando llegué a mi primer juzgado, los expedientes todavía se cosían a mano por algún funcionario y ahora estamos hablando de que todos los expedientes estén en un sistema de gestión procesal, informatizado, digitalizado. Y no se trata de que sean fotos de PDF, sino de que se pueda operar con los datos. ¿Ayudó la pandemia? Dio un impulso y se hizo una normativa para poder hacer vistas y juicios telemáticos. Hasta ahora hemos realizado alrededor de un millón de diligencias, que han supuesto aproximadamente un ahorro de 19 millones de euros en desplazamientos y han supuesto un ahorro muy importante en emisiones de dióxido de carbono. Y estamos avanzando mucho en interoperabilidad. ¿Cómo? Estableceremos plataformas, a través de los sistemas de gestión, que sean seguras, con clave de justicia y sistemas seguros de acreditación y también de interoperabilidad de los expedientes; que los expedientes no tengan que trasladarse en papel desde Asturias a otra comunidad. Los nodos de interoperabilidad es una responsabilidad que estamos asumiendo desde el Ministerio de Justicia, y la digitalización de los sistemas de gestión procesal la están asumiendo cada una de las comunidades autónomas. Ahora mismo hay siete sistemas de gestión procesal. Después de muchos años, ya por fin, hace un mes que hemos logrado que esos siete sistemas sean interoperables con el Tribunal Supremo. Y desde ahí iremos descendiendo. ¿Por qué es un momento propicio para la digitalización? Porque esto se debe a que hay un proyecto, a que hay un consenso político interinstitucional con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, y también interterritorial, entre todas las administraciones con competencias en Justicia. Y con independencia del color que sean, porque estamos todas a una. Y es propicio en cuanto a presupuesto, que era una asignatura pendiente. Gracias a los fondos Next Generation tenemos 410 millones de euros que ya hemos repartido entre las comunidades. A Asturias le corresponden 6,5 millones. El Gobierno está unido, con una única dirección con el objetivo de sacar el país de la crisis ¿Cómo va la renovación del CGPJ para poner fin a esta anomalía democrática? A primeros de diciembre hará cuatro años, pero ojalá no lleguemos. Esto es exclusivamente por el bloqueo que está generando el Partido Popular. Además, esto es importante porque impacta directamente en la vida de los ciudadanos. Son ellos quienes eligen a los magistrados del Tribunal Supremo, que luego hacen jurisprudencia sobre los problemas cotidianos de nuestras vidas. Hay un retraso de más de mil sentencias al año porque van quedando plazas vacantes, y el CGPJ en funciones no puede seguir nombrando para cubrirlas. ¿Se pondrán de acuerdo? Yo no voy a renunciar a renovar el CGPJ, porque no puedo renunciar a cumplir con la Constitución. Lo que le pido al PP es que cumpla con la Constitución. Es un partido que ha sido Gobierno, pero siempre que ha estado en la oposición ha bloqueado la renovación del consejo. Siempre. ¿Solventaría la disputa entre los dos grandes partidos que fueran los jueces quienes eligieran a sus representantes? Nosotros debemos cumplir la Ley orgánica y la Constitución. Y así lo ha pedido la Comisión Europea. No tenemos otras vías. El grupo parlamentario socialista lo intentó con una ley en la que se permitiera una elección con mayoría absoluta en segunda votación. Es algo bastante lógico, pero el PP se dedicó a ir criticando a España por Europa, criticando el modelo español, que ha estado utilizando 35 años. Es un modelo avalado por el Tribunal Supremo, democrático y responde a la legitimidad ciudadana. El poder judicial es un poder de los ciudadanos, no es un poder de los jueces. La Constitución dice que los poderes emanan del pueblo español, y los jueces administran el poder judicial, pero no son el poder judicial. El poder viene de la ciudadanía. Y este modelo parlamentario es el que permite conectar con el sentir ciudadano. ¿Por qué les cuesta tanto ponerse de acuerdo a los dos grandes partidos? Es importante volver a la Historia. Recuperar ese gran consenso de los constitucionalistas, ese consenso de las cortes constituyentes, cuando España sale de 40 años de dictadura, de represión. El legislador constitucional diseñó unos modelos institucionales que yo siempre pongo en valor, porque son los que han marcado el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y también el marco de convivencia. Lo que ha pasado en este tiempo es que ha habido partidos de Gobierno que no les ha interesado seguir avanzando en ese marco convivencial, constitucional e institucional. ¿Por ejemplo? Cuestiones territoriales, como en Catalunya, que hemos visto a un PP que ha obviado absolutamente enfrentar una cuestión territorial. Ahora, con este Gobierno, sí los estamos haciendo a través de una mesa de diálogo. O que ha obviado que España ha sido un país en el que ha habido represión durante la dictadura. Ahora seguimos avanzando con el proyecto de Ley de Memoria Democrática. Cada vez que en este país gobierna el partido socialista con políticas de progreso, orientadas a la constitución de nuevos derechos, a nuevos y modernos conceptos de la división de poderes… Siempre ofrecen resistencias. Continúe. Solo con instituciones fuertes y sólidas podemos tener ese Estado de bienestar que protege a las personas. Ese escudo protector que hemos hecho durante la pandemia con el ingreso mínimo vital, los ERTE, medidas ahora con la Guerra de Ucrania… Ahora ya no hablamos de políticas conservadoras o progresistas. El problema es mucho más grave. Es si queremos Estado de Derecho y democracia o autarquía. Mire, me siento más próxima a las políticas europeas de Ursula von der Leyen, y no es persona de cariz socialista, que a las que hace una comunidad del PP. Y eso me entristece. ¿Se está escorando mucho a la izquierda el PSOE en este último año de legislatura y abandonando el centro? Tenemos 140 años de historia y eso no lo puede decir todos los partidos. Es un partido que, además, tiene un objetivo claro, el del progreso de nuestra sociedad, ciudadanos, empresas, familias, autónomos, reconocimiento de nuevos derechos... Y, además, en momentos muy complejos en los que nos ha tocado gobernar, con una pandemia, un volcán, una tormenta como Filomena y ahora una guerra en Ucrania con impacto a nivel mundial. Y con un socio de Gobierno que a veces les hace de oposición. Somos un Gobierno que estamos en los problemas de la ciudadanía. Se han aprobado más de 150 leyes en el parlamento más fragmentado de nuestra historia. Se han sacado más leyes que en la última legislatura completa del PP. Estamos demostrando que somos un gobierno sólido, con proyecto. Como dijo el Presidente en el debate sobre el Estado de la Nación, vamos a por todas. ¿No ve deslealtades desde Podemos hacia el PSOE? Podemos es una fuerza política y el PSOE, otra. Yo hablo del Gobierno, del Ejecutivo. Por supuesto que cada partido puede tener su muy legítima opinión y discrepar como hemos visto. Pero eso es democráticamente sano. Pero el Gobierno está unido, con una única dirección y un único objetivo, que es sacar a este país de la crisis en la que estamos y hacerlo mediante políticas de transformación de toda nuestra economía, transformación digital y transformación ecológica, vertebrando social y territorialmente a nuestro país ¿Satisfecha con la ley trans? Hay que reconocer legalmente todas las realidades. Se buscan polémicas con leyes que suponen reconocimiento de nuevos derechos o progresos importantes o grandes transformaciones culturales. Pasó con la ley del matrimonio igualitario. Eso sí, cuando se reconoce un derecho en la legislación debe hacerse con garantías y seguridad jurídicas, sobre todo para los menores. El Consejo de Estado no lo tenía tan claro como usted. Hizo un informe con unos puntos críticos, pero no hizo tampoco observaciones esenciales que impidieran aprobar el texto en el Consejo de Ministros. Será ahora, en el Parlamento, donde mejorar si es posible el texto de la ley. ¿Ve cerca una mujer como presidenta del Gobierno? El Presidente es el secretario general del PSOE, y Sánchez tiene un liderazgo feminista. A veces no se trata de que haya un liderazgo femenino, porque puede haberlo y que luego no se apliquen medidas feministas ni que miren por la igualdad. Somos un gobierno feminista, con mayoría de mujeres ministras. El feminismo es nuestra agenda, no está en nuestra agenda. También es mi agenda en el Ministerio de Justicia. No ha quedado acreditado ningún caso de sumisión química, pero estamos vigilantes Las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración le exigen mucho. ¿Cómo es la relación? Es normal que las asociaciones judiciales sean reivindicativas y hagan política judicial. Yo formé parte de Jueces para la Democracia. Pero muchas reivindicaciones, prácticamente todas, vienen de hace muchos años, de los problemas endémicos de la Justicia. Ahora estamos en ese proyecto de las leyes de eficiencia que las asociaciones apoyan.

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