Mitos y realidades de la política migratoria de la frontera sur

“Bien resuelto”. Así se refería el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a lo ocurrido en Melilla el 24 de junio cuando murieron entre 23 y 40 inmigrantes, según la versión del gobierno marroquí y el recuento de la ONG Caminando Fronteras respectivamente. El presidente acabó matizando sus palabras. Pero, ¿puede una situación que acaba dejando decenas de muertos considerarse “bien” resuelta? ¿Cuál es el papel de los agentes fronterizos de cada país cuando una persona trata de entrar en España? ¿Qué dice la ley y qué dicen los tratados? Este 2022, hasta el 15 de julio, el Ministerio del Interior ha contabilizado que 15.002 personas han entrado de forma irregular a España, un 1,94% más que el año pasado. En este mismo periodo, 407 personas han muerto intentando llegar a las fronteras españolas, según los datos del Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Una de las competencias de la política migratoria europea es luchar contra la inmigración irregular, pero la legislación europea no especifica que el hecho de encontrarse de forma irregular en un estado miembro sea un delito. Lo que sí que lo es, es ayudar a alguien a entrar, circular o permanecer de forma irregular, tal como indica la Directiva 2002/90/CE (artículo 1). Frontex: 60.000 devoluciones en una década en Europa Sin embargo, la Unión contempla normas comunes para el retorno de las personas de terceros países que están en situación irregular (Directiva 2008/115/CE). La directiva europea establece que se aplique el principio de no devolución teniendo en cuenta el interés superior del niño, la vida familiar y el estado de salud de la persona (en el artículo 5) y deja abierta la posibilidad del país de retorno: puede ser al país de origen del migrante u otro país con el cual exista un acuerdo (en el artículo 3). En el proceso de retorno puede participar la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que la Unión describe como su “brazo operativo de la política de retorno”. Entre 2009 y 2019, Frontex ayudó a los Estados miembro a retornar 60.135 migrantes, según los datos facilitados al portal El Orden Mundial en una petición a la Oficina de Transparencia de Frontex. España fue el cuarto país que más migrantes devolvió con la cooperación de Frontex (4.667) y Alemania el que más (29.865). Marruecos es el segundo país que más fondos de la UE recibe para la gestión migratoria En el caso de la frontera sur, España tiene diversos acuerdos con Marruecos para gestionar los flujos migratorios. En 1992 ambos firmaron un acuerdo que no entró en vigor hasta 2012 según el cual España podía devolver a Marruecos, si este aceptaba, los nacionales de terceros países que habían entrado irregularmente en territorio español (artículo 1). En 2007 los países firmaron otro acuerdo sobre la readmisión de menores marroquíes no acompañados y en 2010 un acuerdo de cooperación policial transfronteriza. El pacto más reciente, hecho en 2019, entró en vigor el 30 de abril de este año para cooperar y luchar conjuntamente, entre otras cuestiones, contra la trata de seres humanos y la inmigración ilegal. Entre 2014 y 2020, Marruecos ha sido el segundo país que más fondos de la Unión ha recibido para la gestión migratoria, un total de 346 millones de euros. Y España, por su parte, ha recibido en el mismo periodo 749 millones del Fondo de Asilo, Migración e Integración y del Fondo de Seguridad Interior, más 123 millones de ayuda de emergencia. Ahora el vecino del sur sigue pendiente de la repartición de los nuevos fondos que establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional que ha aprobado la Unión Europea en 2021. Gran capacidad de negociación de Marruecos “Desde inicios del 2000, existe una relación inversamente proporcional entre las buenas relaciones entre España y Marruecos y el número de llegadas”, explica la investigadora del Área de Migraciones del CIDOB, Blanca Garcés, a Verificat. Es decir, cuando Marruecos quiere conseguir concesiones, ya sean económicas o políticas, de España o de la Unión Europea, relaja el control fronterizo, explica la investigadora. Esto le da a Marruecos una “enorme capacidad de negociación”, detalla a Verificat Borja Monreal, director de la organización Sic4Change y consultor de políticas públicas. “Los estados siempre se ven forzados o en la necesidad de negociar con estados no democráticos” cuando hay intereses en conflicto y especialmente si comparten frontera, afirma a Verificat Abel Escribà Folch, investigador y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra. La mayoría de migrantes entra por vías legales Además de las devoluciones junto a Frontex, la cifra de deportaciones totales de España es mucho mayor. Entre 2010 y 2019, fueron deportadas de España más de 223.000 personas, según detalló el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria para el informe Vulneraciones de derechos humanos en deportaciones de Irídia y Novact. Este mismo estudio indica que la mayoría de estas intentaron entrar a España por una vía legal. En este recuento se incluyen las denegaciones de entrada que se dan cuando una persona intenta acceder por una vía legal, como el aeropuerto. De hecho, tres de cada cuatro denegaciones de entrada se dan en los aeropuertos, según un informe del Defensor del Pueblo del 2019. Si son detenidas, las personas que logran cruzar la frontera por un paso fronterizo no autorizado, como es el caso de la mayoría de migrantes que llegan a Ceuta, Melilla o Canarias, se les abre un procedimiento administrativo de devolución que implica el retorno en 72 horas (artículo 58 de la Ley de Extranjería). Sin embargo, la devolución no siempre se puede efectuar, porque el retorno puede poner en riesgo la vida del inmigrante o porque España no tiene un convenio bilateral con el país de procedencia, según explica a Verificat Maite Daniela Le Coco, investigadora y coordinadora de migraciones de Irídia. Cuando la devolución no se puede realizar en esas 72 horas, la policía igualmente puede imponer una orden de expulsión. Pero esto tampoco implica una expulsión directa. Además, esta orden de expulsión también la pueden recibir inmigrantes que viven en España y dependen de un contrato laboral para renovar su permiso de residencia. Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial a una petición de transparencia de Verificat, entre 2008 y el 22 de junio de 2022, se interpusieron 145.402 sanciones administrativas por infracciones establecidas en la Ley de Extranjería en España, aunque estas no implican necesariamente la expulsión.

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