El Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica, que incluye la de eficiencia energética, aprobado el pasado 1 de agosto, ha sido utilizado como un cajón de sastre por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En él también se incluyen medidas dirigidas a Aena que obligan al gestor aeroportuario a poner a disposición del Ministerio de Interior las infraestructuras y recursos de apoyo necesarios, "humanos y materiales" para los controles de pasajeros de terceros países. Esta directriz, que se justifica para ejecutar un reglamento europeo de 2017, relativo al registro de entrada y salida de viajeros, se produce en el verano en el que los aeropuertos españoles, entre ellos del de Palma, acumulan escenas de colapsos en los controles de fronteras por el aluvión de turistas británicos, ahora ciudadanos extracomunitarios.