El fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, se va de vacaciones con los deberes hechos. Entre ellos estaban elaborar los informes sobre dos recursos de amparo presentados por el diputado canario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, privado de su escaño en octubre de 2021 por una decisión de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, tras consultas con Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien había participado, además, en la Sala que condenó al parlamentario (por hechos anteriores a su condición de diputado), a una pena privativa de libertad de 1 mes y quince días de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante esos 45 días.
EL ANÁLISIS
"Batet fue más allá de lo que el Tribunal Supremo le solicitaba"
El informe del fiscal en el recurso de amparo parlamentario de Alberto Rodríguez no se detiene, al pedir la nulidad del acto de expulsión del diputado canario, en la falta de motivación, argumento central de la ponente María Luisa Balaguer en una sentencia aplazada por la crisis del Tribunal Constitucional.
Pedro Crespo, fiscal del Tribunal Constitucional.
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