El Gobierno sopesa que sea un órgano autónomo el que desclasifique secretos de Estado

Quien en el futuro decida si una materia, documento o decisión histórica del Gobierno puede difundirse o ha de seguir bajo llave no será un ministerio en concreto, sino un órgano autónomo. Es la idea que baraja el grupo de trabajo interministerial que se ha estado reuniendo el último año para la elaboración de una ley de secretos de Estado. De abrirse paso la propuesta -aún no aprobada- el trámite para que un secreto deje de serlo corresponderá e una comisión o entidad regida por una figura de prestigio, muy probablemente jurista y, sobre todo, sin dependencia ministerial de ninguna de las carteras implicadas, aunque tenga sede en el Ministerio de Presidencia. La fórmula, según fuentes próximas a su edificación, está aún por insertarse en el borrador del anteproyecto de Ley de Información Clasificada que elevará el Ministerio de Presidencia al Consejo de Ministros, y que “está en última fase de elaboración”, como aseguró Pedro Sánchez al diputado nacionalista vasco Aitor Esteban en el debate sobre el estado de la nación Solo quedan dos consejos de ministros, el del próximo martes y el del 2 de agosto, para que una nueva ley de secretos entre en trámite antes de las vacaciones estivales del Ejecutivo, como se comprometió el presidente del Gobierno. Esa nueva ley forma parte de los objetivos del Plan de Acción Normativa que para 2022 se había puesto el Ejecutivo. Disputas y recelos La propuesta de un órgano autónomo ha salido del equipo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como posible solución para el debate que han mantenido representantes técnicos de los ministerios atañidos en la elaboración de una nueva ley de secretos oficiales: Justicia, Interior y Presidencia, contra los reparos que han opuesto Exteriores y Defensa. En el caso de Exteriores, rige aún el espíritu impuesto por Miguel Ángel Moratinos en 2010, cuando consiguió un acuerdo del Consejo de Ministros que declaró secretas 14 áreas de interés sobre relaciones diplomáticas de España. Pero es el departamento de Margarita Robles el que hoy en día guarda más cerrojos, pues la ley vigente, de 1968 y con modificaciones parciales diez años después, atribuye al ámbito militar (primero) y luego a los servicios secretos la determinación y defensa de documentación clasificada. En las reuniones, la representación de Defensa llevaba la propuesta de que fuera su departamento el que siguiera teniendo el control. Ante los intentos de apertura de secretos oficiales, desde que fue ministra de Defensa la desaparecida Carme Chacón –y se propuso desclasificar 10.000 documentos castrenses-, se ha movido una corriente de oposición militar. Al comienzo, mayoritaria en torno a secretos del franquismo y la Guerra Civil –“especialmente, sobre juicios sumarísimos de tribunales franquistas en 1941, o de la implicación alemana en la guerra, por ejemplo”, recuerda una de las fuentes consultadas-; después con recelo por los riesgos de desvelar documentos que den pistas sobre despliegues, claves y procedimientos operativos modernos de las Fuerzas Armadas. Es un reparo que han compartido desde los años 80 también ciertos sectores de la Policía y la Guardia Civil, y basándose en el mismo segundo argumento: el riesgo de que se den a conocer métodos operativos, en su caso de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que pueden estar vigentes durante años. Depende del tiempo Los años transcurridos son una variable clave. La decisión de la entidad que finalmente maneje el grifo de las desclasificaciones dependerá en esencia de dos factores, según fuentes próximas a la elaboración del anteproyecto: el tiempo transcurrido y el gado de protección contra divulgaciones no autorizadas que se le haya impuesto. En la primera variable, los redactores del anteproyecto se inclinan por una gradación de decenios: diez años transcurridos con respecto a la clasificación de una materia, veinte, treinta, cuarenta… En el segundo factor es determinante el veto de órganos de la seguridad del Estado, pues “a menudo ese grado tiene que ver con las consecuencias que una difusión no controlada tendría para la estabilidad de la democracia, la economía, el orden público o la seguridad de nuestros aliados”, explica un alto cargo militar. Pero habla en este caso de información militar, policial o industrial de extrema vigencia, que no es el objetivo del conocimiento que buscan historiadores o divulgadores políticos. En España hay dos grados superiores, “secreto” y “reservado” y dos inferiores, “confidencial” y “de difusión limitada”, en el sistema de cierre de materias clasificadas. Un sistema de seguridad teorizado por el CNI, la Norma NS/02, establece que para acceder a las informaciones más protegidas la persona peticionaria ha de tener una habilitación personal de seguridad (o HPS), una reconocida “necesidad de conocer”, y una llamada “concienciación de seguridad”, o más bien, de las obligaciones de reserva que conlleva saber de ciertas cosas. Y valen todas las acepciones del sustantivo: secretos de Estado no son solo documentos escritos, también comunicaciones electrónicas, diseños, planos y objetos, como pueda ser una pieza mecánica o un chip. Mirando al CNI Esperanza Casteleiro, la secretaria de Estado directora del CNI, es también la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada, como lo han sido sus antecesores. Pero la decisión política sobre desclasificar secretos –“eso no es prioriario”, decía Dolores de Cospedal siendo integrante del Gobierno Rajoy- corresponde al titular de Defensa. Las mismas fuentes consultadas descartan que el anteproyecto del Gobierno vaya a suponer, cuando se abra paso, una modificación de la Ley 11/2002, o Ley del CNI, que en su artículo 4 señala entre las funciones del servicio de inteligencia “velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada”. Entre esa normativa está la desarrollada por la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente de La Oficina Nacional de Seguridad. El reglamento fue elaborado en su mayor parte en tiempos del general Félix Sanz Roldán al frente de los servicios Secretos, y gobernando el PP; o sea, con el CNI en el ámbito de la Presidencia del Gobierno que gestionaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Esa normativa, recogida en un manual titulado ‘Normas de la Autoridad Nacional de Seguridad para Información Clasificada’ fija conducciones, tuberías para canalizar la información hasta el rincón de los secretos. Entre ellas, que la información clasificada que genere cada ministerio –y hoy todos pueden ser fuente de secretos- dependa de un SPIC. Con esas siglas se conoce en la seguridad del Estado al Servicio de Protección de Información Clasificada, sobre el que manda el jefe de seguridad de cada ministerio.

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