Parece una verdad de Perogrullo. Pero así como en 1998 y 1999 el comité judicial de la Cámara de Lores del Reino Unido decidió, en calidad de tribunal supremo, tras largos debates que la tortura de chilenos y extranjeros por parte del exdictador -y exjefe de Estado- Augusto Pinochet no podía considerarse una tarea de gobierno -un acto oficial-, y por lo cual carecía de inmunidad por los delitos de tortura cometidos a partir de la firma del tratado internacional por el Reino Unido, tocará ahora a la Corte de Apelaciones, división civil, del Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, oír y resolver, en el mes de octubre próximo, si los actos de acoso que denuncia la examante de Juan Carlos I fueron "actos oficiales realizados bajo el color de la autoridad del Estado". Los jueces, pues, tendrán que oír y resolver si el actual rey emérito, tiene derecho a una "inmunidad funcional" (llamada en latín ratione materiae) para los hechos que describe la demanda civil de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein entre 2012 y junio de 2014, fecha de su abdicación, o no.