La presidenta del Parlament, Laura Borràs, aceptó verbalmente el voto delegado del diputado Lluís Puig pese a la anulación del Tribunal Constitucional y pese a las advertencias de los letrados. En el acta de la Junta de Portavoces del pasado jueves queda claro que Borràs había sido avisada por los servicios jurídicos de que solo por contabilizar verbalmente el posicionamiento, que no se incluyó en el marcador porque los funcionarios lo desactivaron, podía enfrentarse a entre uno y tres años de prisión por usurpación de funciones. Todavía está por ver si el voto quedará recogido en el acta del pleno, ya que aún no ha sido publicada, aunque la mayoría soberanista del órgano rector firmó un acuerdo para eximir a los funcionarios de cualquier responsabilidad.