Arrecia la tormenta en el Parlament por las licencias por edad en otro frente abierto para Laura Borràs

A Laura Borràs se le acumulan los conflictos abiertos en el Parlament y todo ellos, en mayor o en menor grado, tienen una derivada judicial. Más allá de cómo termine la causa abierta por haber fraccionado presuntamente 18 contratos en beneficio de un amigo suyo durante su etapa al frente de la de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuando tenga fecha para ser juzgada se enfrentará al reglamento, que prevé que sea suspendida. Otra cosa es cómo intente driblarlo y si ERC y CUP la dejan caer. Tras la aceptación del voto delegado de Lluís Puig que fue anulado por el Constitucional, su entorno no descarta que se le pueda abrir una nueva investigación como ya ha requerido Cs, por prevaricación y desobediencia, a la que se le podría añadir usurpación de funciones por hacerse con tareas propias de los funcionarios. Pero hay otra carpeta, que se reabrirá esta semana y que planea por los pasillos del Parlament, que el cuerpo funcionarial ya ha puesto en manos de abogados: la posible revocación de las licencias por edad, una suerte de prejubilación a la que podían acogerse los que tuvieran más de 60 años y llevaran más de 15 trabajando en la institución. Las tensiones entre el consejo de personal y la actual Mesa del Parlament estallaron cuando el órgano rector optó por suprimir el artículo 79 de los estatutos de régimen y gobierno interior (ERGI) sin negociación previa. La treintena de personas que disfrutan de la paga quedaban en un limbo y los empleados veían cómo se les terminaba un derecho que habían consolidado. El descuelgue Los encargados de pilotar las conversaciones -Ferran Pedret (PSC) y Aurora Madaula (Junts)- se arremangaron para cerrar un nuevo régimen general que regulara estas prejubilaciones y consiguieron un pacto que pasaba por excedencias voluntarias incentivadas y tres posibles reducciones de jornada. Los funcionarios con una cotización más alta rondarían los 2.800 euros brutos mensuales si pidieran la primera opción y, en el caso de la segunda, la rebaja podría ser progresiva (de una sexta parte de la jornada hasta la mitad cuando falte un año para la jubilación), del 50% o de una tercera parte de la jornada laboral de forma fija. La medida prevista sería aplicable con los mismos criterios de edad y de carrera, pero los importes se reducirían respecto a las ya extintas licencias por edad. Fuentes del consejo de personal recalcan que la media de edad de los empleados es de 55 años y que este mecanismo permite que haya un traspaso de conocimiento y la entrada de nuevos trabajadores, al tiempo que defienden que es una prejubilación equiparable a la de otras administraciones o empresas privadas. El acuerdo fue aprobado por la Mesa y debía ser convalidado por la comisión de asuntos internos pero, pocas horas antes de que se votara, Borràs se desdijo alegando que entendió que ese pacto se circunscribía sólo a los que ya cobraban las licencias y no a todos los trabajadores, aunque varias fuentes confirman que la jefa de recursos humanos explicó la propuesta y que, además, hubo más de 10 encuentros y varios documentos en los que quedaba claro. El pacto se retiró del orden del día y Pedret decidió devolver las competencias delegadas sobre la materia, así que su puesto en la negociación está vacante. "Borràs cambió de postura por un tuit, y así no se puede negociar. Si no se enteró, también es su responsabilidad. Lo que no puede ser es que no cumpla los pactos firmados por las dos partes", expresan voces de la Cámara. El debate político Este martes finaliza el plazo acordado para decidir en qué situación quedan los que cobran las licencias y el enfado en el consejo de personal es absoluto. La plantilla no está dispuesta a renegociar el acuerdo firmado por la Mesa y está decidida a plantar cara a la posible revocación de la paga. Las opciones para los 'licenciados' pasan por acogerse a las nuevas prerrogativas, algo que implica que vuelvan al trabajo, pero ni tan siquiera están convalidadas. El consejo y los afectados están estudiando el camino legal para poder evitarlo dado el caso. El órgano rector deberá decidir si decreta una nueva prórroga para intentar convencerles o si pone la directa y suprime la paga de plano. Fuentes del funcionariado subrayan que el pacto está cerrado y que, por lo tanto, debe ser aplicado. Si llegara a la comisión, Junts optaría por votar en contra -según apunta el entorno de la presidenta-, así que dependería de los votos de Esquerra -que todavía no quiere adelantar acontecimientos-, ya que la CUP se abstuvo y no prevé moverse de esta posición.

Arrecia la tormenta en el Parlament por las licencias por edad en otro frente abierto para Laura Borràs

Los funcionarios preparan la batalla judicial si la presidenta no aplica las excedencias remuneradas y las reducciones de jornada incentivadas como pactaron con la Mesa

Lo más visto