El diálogo entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Pere Aragonès ha reverdecido. No porque las partes hayan movido pieza, sino porque el calendario les da una oportunidad basada en la necesidad, no en la convicción. La Moncloa quiere tener presupuestos para el año 2023 por varias razones: la mejor gestión de la inflación y de su impacto en la economía y en el gasto público; la imagen de Sánchez en la UE donde adivina su futuro; la voluntad de no llegar a las municipales de la primavera como un proyecto agónico; y, finalmente, ese gusto que tiene Sánchez por hacer posible lo imposible que ya configura su marca personal, lo único que tiene ahora. Sant Jaume tiene menos incentivos: a Aragonès le conviene que el Estado tenga presupuestos por la inflación; no quiere dar por acabado el diálogo hasta que la Moncloa cambie de interino; es su principal factor de diferenciación con Junts de manera que ahora es una subasta a la baja; y, no es menor, las perspectivas de sus candidatos municipales son buenas por lo que no precisa ni desea sobresaltos. De manera que hasta final de mes, y si lo de los presupuestos sale bien hasta diciembre, vamos a estar en modo diálogo. La cuestión es entre quién, sobre qué y para qué.