En los tiempos de la vieja política, los gobiernos se jugaban su futuro en la aprobación de los presupuestos. Los pactos de gobierno o parlamentarios giraban entorno a los grandes trazos de las cuentas públicas mientras que en el resto de las leyes se permitían todo tipo de escarceos. La nueva política vive permanentemente convulsionada y entretenida en cualquier detalle de menor importancia porque, desde la crisis del 2008, los presupuestos son, fundamentalmente, un asunto europeo. Pero este año, la inflación lo trastoca todo. Los expertos consideran que es inviable gestionar un incremento del IPC de dos dígitos con los números hechos antes de la invasión de Ucrania. Y, encima, España tiene un diferencial de dos puntos respecto a la zona euro en materia de incremento de precios, de manera que alguna acción específica deberá hacer. El contexto de la UE es contradictorio: las reglas fiscales se han relajado un año más, pero los tipos de interés encarecen la deuda y aunque no haya restricciones al déficit si habrá un límite en los intereses que somos capaces de pagar. En caso contrario, regresará la presión de la prima de riesgo que ya sabemos que es de una enorme incomodidad en las relaciones entre Madrid y Bruselas.