Tres meses dan para mucho. O como mínimo, para que, en el debate que estaba abierto en marzo, y que sigue en plena ebullición, en el seno de ERC sobre qué hacer cuando se le abra juicio oral a Laura Borràs por presuntas irregularidades en la gestión de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), haya cambiado el viento. Si en marzo los republicanos se decantaban por no espolear el avispero de Junts, temiendo recibir miles de picaduras, amparando una destitución de la presidenta del Parlament, ahora que el TSJC la ha dejado a un paso del banquillo, el sentir mayoritario se inclina por "no bajar el nivel de autoexigencia" del independentismo sobre los asuntos de corrupción.