El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró este sábado muy duro tanto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como con el Tribunal Constitucional, instituciones a las que les imputó "falta de legitimidad" por no haberse renovado en plazo. Y aprovechó el fallo del Supremo de Estados Unidos sobre el aborto para defender la reforma de la ley que el propio Ejecutivo promulgó para impedir al CGPJ hacer nombramientos, con el fin de poder renovar el Tribunal Constitucional.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez expresó su temor a un hipotético retroceso en derechos, como ha ocurrido en Estados Unidos, y recordó que 50 diputados del PP recurrieron hace más de 10 años la ley de interrupción voluntaria del embarazo vigente, impugnación que en el actual Constitucional quería empezar a deliberar una vez que pasaran las elecciones andaluzas, aunque no aparece en el orden del día del pleno de la semana próxima.
Tras presentar el nuevo decreto anticrisis que se extenderá hasta final de año, el presidente del Gobierno se reafirmó en la necesidad de reformar por segunda vez la ley orgánica del poder judicial para poder devolver al órgano de gobierno de los jueces, que lleva tres y medio en funciones, la potestad de nombrar a los magistrados del Constitucional, ya que, si no, sería cuando menos muy discutible que el Ejecutivo procediera a nombrar a los dos que le corresponden en este tercio.
Afirmó que los jueces toman decisiones muy importantes, por lo que su órgano de Gobierno debe contar con la máxima legitimidad, lo que ahora no ocurre por el bloqueo del PP, que "no quiere cumplir con las obligaciones constitucionales", pese a que se trata de un mandato constitucional. "La Constitución se tiene que cumplir todos los días, no cuando interese al principal partido del oposición", sentenció.
Cambio de mayorías
La renovación del CGPJ está íntimamente relacionada con la del Constitucional, que debía haberse producido el pasado día 12 -aunque nunca se ha cumplido de forma estricta con la fecha-, porque este tercio del tribunal se renueva con dos magistrados designados por el Gobierno y dos del Consejo, pero como la reforma le impidió hacer cualquier nombramiento, se dificultaba la correspondiente al Ejecutivo, porque la Carta Magna prevé el reemplazo de los del Constitucional de cuatro en cuatro.
Los problemas que el veto a realizar nombramientos están produciendo en el Supremo, con un aumento continuo de vacantes, no motivaron el cambio del Ejecutivo, pero ahora se enfrentaba al impedimento del relevo en el Constitucional y, con él de la sensibilidad mayoritaria del alto tribunal, ya que tres magistrados de sensibilidad conservadora serán sustituidos por otros tantos progresistas (los dos del Ejecutivo más uno del CGPJ, que suele elegir a uno de cada tendencia). Entre los que abandonarán el TC está su presidente, Pedro González-Trevijano.
Urgencia por parte de los jueces
En la carrera judicial también preocupa la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria hizo público este sábado un comunicado en el que califica de "urgente que diputados y senadores cumplan su obligación y designen a los nuevos vocales del CGPJ conforme a criterios que excluyan la imagen de politización del órgano", así como una reforma legal que impida que una situación semejante pueda reproducirse en el futuro.
Este colectivo pide garantizar "la imagen de neutralidad política del CGPJ, siguiendo las exigencias de las instituciones europeas al respecto". Para ello cree que "es urgente que los grupos políticos dejen de utilizar el sistema judicial como un instrumento de satisfacción de sus propios intereses, en detrimento de la convivencia democrática entre todos los españoles".