Un excargo de Venezuela frenó su entrega a EEUU tras las gestiones de un contacto de Villarejo

La obtención el 30 de enero de 2019 de la nacionalidad española por parte del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa fue clave para que este lograra frenar su extradición a Estados Unidos, país que le reclama por delitos que superan los 20 años de cárcel. Y el abogado que realizó estas gestiones fue José Aliste Martín, imputado por estafa en la operación Caranjuez en el seno de una red de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Esta organización, según consta en las agendas del comisario José Manuel Villarejo y en diferentes informes policiales, ayudó a las ‘cloacas’ del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy a conspirar contra Podemos.

El letrado José Aliste Martín habría desempeñado un papel relevante en el seno de esta supuesta organización criminal. Se encargaba de contactar con ciudadanos venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios. En concreto, acompañó a Alvarado Ochoa en 2016 y 2017 en los trámites administrativos para pedir su residencia en España. El 30 de enero de 2019 este excargo del Gobierno de Hugo Chávez recibió la nacionalidad española, momento que aprovechó para cambiar el orden de sus apellidos en el DNI.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó en un auto de 11 de febrero de 2020 la extradición reclamada por las autoridades de Washington. En esta resolución se otorga gran relevancia a la nacionalidad española de Alvarado Ochoa. Así, los magistrados rechazaron el argumento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideraba que la obtención de la ciudadanía española podía haber sido “fraudulenta”. El Ministerio Público consideraba que con esta gestión el exfuncionario del Ejecutivo venezolano solo buscaba frenar su detención y traslado a Estados Unidos.

"Debilidad de argumentos"

“Reexaminando lo actuado, concluimos que no puede sostenerse el alegado carácter fraudulento de tal adquisición de la nacionalidad española, ante la debilidad de los argumentos ofrecidos por la parte recurrente y especialmente porque en modo alguno existe acreditación sobre tal extremo”, indica el auto firmado por la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los magistrados concluyen, además, que de todos los datos aportados sobre el expediente “no puede inferirse ninguna irregularidad o precipitación en los trámites de concesión de la nacionalidad española por residencia del reclamado. Como tampoco puede extraerse de la petición de inversión de sus apellidos ninguna maniobra de distracción de su identidad”. Tampoco detectaron nada extraño por el hecho de que Alvarado Ochoa fijara su residencia en España mientras seguía trabajando en la Petrolera de Venezuela, con sede en Caracas.

Por el contrario, la entonces presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, -con el apoyo de los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Carlota Rius Alarcó y Teresa Palacios- encabezó un voto particular en el que rechazaba la decisión de la mayoría de frenar la entrega de Alvarado Ochoa a Estados Unidos.

“A nuestro criterio, ni la nacionalidad española, recientemente adquirida en las circunstancias precedentemente expuestas, ni menos aún la pretendida desproporcionalidad punitiva podrían servir de base para la denegación de la entrega”, explicaron los magistrados, que resaltaron que aunque se estimara que el empadronamiento evidenciara una residencia efectiva y prolongada en España, algo que consideraban “muy discutible”, esta se habría iniciado “después de la comisión de los hechos delictivos por los que le reclama EEUU e incluso a raíz de la incoación de los procesos seguidos contra el mismo en dicho país y en Venezuela”.

Nacionalidad "fraudulenta"

“Aun cuando se concluya que no existirían datos para declarar la adquisición fraudulenta de la nacionalidad”, prosigue el voto particular, “la referida doble nacionalidad y la vinculación efectiva con España, que únicamente tendrían la antigüedad y naturaleza mencionadas, no deberían bastar, a nuestro juicio, para la denegación de la entrega, atendidos la gravedad y complejidad de los hechos por los que se reclama al ‘extradendus’ [reclamado]”.

Pero la investigación desarrollada tanto por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía como por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vuelto a sembrar de dudas la obtención de la nacionalidad española por parte de Alvarado Ochoa. La Policía recuerda en este caso que en el periodo comprendido entre la solicitud de la nacionalidad y su concesión la representación legal de Alvarado Ochoa presentó escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional entre noviembre de 2017 y marzo del 2018 en los que aseguraba que su cliente se encontraba residiendo en Venezuela y que no se podía desplazar a Madrid para declarar por problemas de salud.

En este punto, las fuentes consultadas difieren de la versión de Anticorrupción, pues sostienen que la residencia legal y continuada necesaria para obtener la nacionalidad se computa hasta la solicitud de la misma. Por eso, ese requisito debe entenderse cumplido si se ha residido dos años hasta el momento inmediatamente anterior a la solicitud, aunque después la persona que reclama la nacionalidad se ausente al extranjero.

Un equipo en España

Por el contrario, los informes de la UDEF y de Asuntos Internos evidencian la actuación de la supuesta organización criminal, que buscó beneficiar a Alvarado Ochoa. Precisamente este excargo venezolano explicó a la Policía que el cabecilla de la red, Martín Rodil, con nacionalidad de Estados Unidos, le informó de que disponía en España de un equipo que trataría de resolver los problemas que pudiera tener.

También dijo que llegó a ser alertado en 2015 de la existencia de una orden de captura emitida por Venezuela contra él. Por estos servicios Alberto Galán Fereres, uno de los miembros de la red de extorsión, le solicitó 1.500.000 euros. Alvarado Ochoa declaró haber abonado 40.000 euros en Hong Kong, los cuales fueron destinados a pagar a los policías que se encargaron de chequear las bases de datos de Interpol u obtener el DNI que le habían prometido.

Un testigo asegura, por su parte, que Alvarado Ochoa abonó al menos 25.000 euros a la supuesta organización criminal. Estos fondos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico fueron enviados desde la empresa Marfen Assets Corporation mediante una transferencia bancaria realizada el 22 de diciembre de 2015.

Escondía 25 millones

El mencionado testigo sitúa a Alvarado Ochoa en una reunión celebrada en el Hotel Eurobuilding de Madrid en la que el abogado José Aliste Martín, contacto del comisario José Manuel Villarejo, habría informado a un testigo que su cliente escondía 25 millones de euros en el Banco Espirito Santo a nombre de su hermano Néstor Alvarado Ochoa.

“Los servicios ofertados a estas personas se centraban en su protección, incluyendo la monitorización de bases de datos policiales para avisarles en caso de estar investigados, la agilización de trámites de extranjería y nacionalización, la interrupción de investigaciones por parte del Servicio de Prevención y Blanqueo (Sepblac), el desbloqueo de cuentas bancarias o la canalización de fondos de origen sospechoso con destino a España”, concluye la Policía, que recuerda que el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano llegó a declarar que David Barrigüete Mendo, uno de los integrantes de la trama, se le presentó como adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde ese momento, según Alvarado Ochoa, comenzó a sufrir “un esquema de extorsión” en el que se le decía que podía tener problemas con la nacionalidad, la residencia o las posibles notificaciones rojas que podría recibir si no seguía pagando. También aseguró haber mantenido encuentros con miembros de la cúpula de la Policía Nacional en los que se abordó su protección a cambio de información contra Podemos así como su inclusión en un fichero de informadores.

Contactos en la Policía Nacional

El exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia Carlos Aguilera, que denunció una supuesta extorsión por parte de la red, declaró que Aliste Martín le reconoció en múltiples ocasiones que tenía contactos en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior y en Extranjería. También alardeó de que le podrían avisar con "alerta temprana" en el caso de que fuese a tener algún problema policial. Finalmente dijo que el propio Alvarado Ochoa le comentó que Aliste Martín le había conseguido la expedición de su pasaporte español.

Alvarado Ochoa no es el único vinculado a Aliste Martín que se ha beneficiado de la paralización de su extradición a Estados Unidos. También han logrado frenar la reclamación de las autoridades de Washington el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y el exjefe de Seguridad de la petrolera venezolana Rafael Reiter Muñoz. El letrado vinculado a Villarejo ingresó de todos ellos al menos 1,1 millones de euros.

Capítulo aparte merece el caso del ex director general de Inteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal, quien también ha logrado frenar su entrega a Estados Unidos tras colaborar con la Audiencia Nacional al suministrar supuestas pruebas de la financiación ilegal de Podemos. En un escrito dirigido por José Manuel Villarejo al magistrado Manuel García Castellón el comisario defendía que el abogado Aliste Martín también se había involucrado en la situación carcelaria de Carvajal, a quien habría propuesto que le pagara 20 millones de euros a cambio de que no fuera extraditado a Estados Unidos.