La tempestad en el vaso de agua de las cacerías del rey Juan Carlos

Hacienda no investiga ahora otra vez al rey emérito. La Agencia Tributaria, pese a respaldar el archivo de las diligencias de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 2 de marzo, ha continuado, y continúa, según fuentes consultadas, su propia comprobación de los ingresos y gastos del emérito en los ejercicios 2014-2018, que se corresponde con los años a los que se refieren sus regularizaciones de diciembre de 2020 (donaciones) y febrero 2021 (renta). Pero la presentación de la noticia como una nueva investigación, en este caso sobre cacerías, ha sugerido que una institución gubernamental, la Agencia Tributaria, se está encarnizando con el emérito, buscándole las cosquillas… además del hecho de que la Moncloa y la Zarzuela acababan de cancelar su segundo viaje a Sanxenxo en menos de un mes este fin de semana. Es, en realidad, de la repetición de la jugada del victimismo por quienes han inflado el globo de la “nueva” investigación inexistente de Hacienda. Informaciones y afirmaciones Ya en septiembre de 2021, el diario 'El Mundo' -el que informó el pasado miércoles 8 de junio de que Hacienda “investiga ahora al emérito por las cacerías al que fue invitado después de su abdicación”- dio cuenta de que “la Fiscalía sostiene que Juan Carlos I es comisionista internacional" en una comisión rogatoria cursada a Suiza para pedir las cuentas de la Fundación Zagatka. La afirmación se basaba en el documento enviado por la Fiscalía del Tribunal Supremo a las autoridades suizas en febrero de 2021. En el mismo se señalaban indicios contra el rey emérito, quien había cobrado “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”. Entre otros elementos indiciarios estaban nada menos que los 64,8 millones de euros recibidos por Juan Carlos I el 8 de agosto de 2008 en su Fundación Lucum en Suiza, acreditados por la investigación del fiscal de Ginebra Yves Bertossa tras una entrada y registro, el 16 de agosto de 2018, en las oficinas de Arturo Fasana en su despacho de Rhône Gestion, la firma que gestionaba los fondos del emérito. La noticia ponía énfasis en que los fiscales habían calificado unas conductas (blanqueo de capitales, por ejemplo) cuando todavía no se había concretado acusación alguna contra Juan Carlos I. Precisamente, cuando se cursa una comisión rogatoria es porque hay indicios que se intenta confirmar. Sin declaraciones La noticia tuvo una respuesta inmediata de Javier Sánchez-Junco, exfiscal y letrado del emérito, quien señaló en un comunicado que “tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año". El abogado remachaba: "En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice". La Fiscalía del Supremo había ofrecido en junio, noviembre y diciembre de 2020 a Sánchez-Junco personarse en las tres diligencias de investigación entonces en curso, pero el letrado declinó hacerlo. La noticia de una nueva presunta vuelta de tuerca del Gobierno-Agencia Tributaria a Juan Carlos I no provocó ninguna reacción pública del abogado. Consultado por este periodista de EL PERIÓDICO ayer, Sánchez-Junco contestó: “Lo siento, Ernesto, pero de momento no digo nada. Gracias”. La derecha y la fiscalía Con independencia de cuál haya sido el origen de la filtración de la noticia de la “nueva” investigación de Hacienda -algo que los inspectores de Hacienda no sostienen, pues reconocen que se trata de una comprobación que viene desde al menos desde 2021-, la presentación deliberada ha sido de que el Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, sigue incordiando a Juan Carlos I. Es habitual que la derecha se acuerde de que la Fiscalía depende del Gobierno para aquello que le interesa y lo omite cuando no le sirve como coartada. Ahora se trata de que la Agencia Tributaria es el Gobierno. Y la Fiscalía, que depende del Gobierno, como se suele argüir a partir de aquella afirmación de Pedro Sánchez el 4 de marzo de 2021 en Radio Nacional de España, ¿no es la que incluso después de notificar las tres investigaciones a Juan Carlos I, rompiendo la espontaneidad exigida a las regularizaciones, las dio igualmente por buenas? Libertad "vigilada" Que Juan Carlos I está enfadado, según fuentes consultadas, por la libertad “vigilada” de movimientos en España a la que se le está sometiendo, es un hecho. Y que los medios de comunicación, que desde el 3 de agosto de 2020, como mínimo, acusan a Pedro Sánchez de querer borrarlo del mapa, y utilizan el tema del emérito como arma arrojadiza contra el Gobierno -como hacen con ETA y hacían con Venezuela y Cuba- no es menos cierto. La única duda que queda del día de la tempestad en un vaso de agua es si Juan Carlos I y sus asesores participan o no en estas escaramuzas. Sería una operación de alto riesgo. Porque Felipe VI y su Casa Real están haciendo “un trabajo de Sísifo” para superar estratégicamente los daños provocados por su padre en la institución monárquica. Por lo que se refiere a la Agencia Tributaria, convendría que de una vez por todas aclare las comprobaciones y deje de actuar como un “monstruo de dos cabezas”. Una de ellas, la que informó a la Fiscalía de que las regularizaciones habían sido espontáneas, veraces, y completas; y la otra, manteniendo todavía algunas reclamaciones pendientes como el de las cacerías.

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