El abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, aconsejó en octubre pasado a su cliente que era mejor no volver a España hasta ver cerradas las dos investigaciones que tenía abiertas entonces: la de la fiscalía y la de la Agencia Tributaria. A principios de aquel mes se había filtrado que el ministerio público iba a archivar las diligencias, pero Sánchez-Junco avisó entonces al emérito de que, aunque ese decreto de cierre llegara pronto (al final se demoró hasta marzo), su recomendación era que, para regresar a España, debía esperar a que se clausurara también la de Hacienda (algo que todavía no ha ocurrido).