Joaquim Bosch, magistrado: "En España, a nivel penal, sale rentable ser un corrupto"

La corrupción en este país empieza en la Edad Media, pero, según Joaquim Bosch, magistrado y autor del libro 'La patria en la cartera', fue en la dictadura de Francisco Franco cuando alcanzó los esquemas que conocemos en la actualidad. Los porcentajes de políticos españoles investigados no se conocen en la Europa democrática y se acercan al nivel de Honduras o Guatemala. ¿Desde qué perspectivas estudia la corrupción en España en su obra? Se intenta analizar desde una perspectiva global, desde el punto de vista de la historia, la sociología, la ética, el derecho o la política criminal. Es un fenómeno muy complejo, porque invade muchos espacios institucionales, aunque solo vemos unos síntomas y en forma de exteriorización judicial. Y lo que hay de trasfondo es el reparto de poderes en un país. Es un problema de equilibrios en las instituciones, con la intervención de unas élites extractivas (las que sacan rentabilidad de esas operaciones). Las acciones de corrupción son contrarias al estado social; de hecho, son profundamente antisociales, en la medida en que salen perjudicados los servicios públicos para enriquecer a algunos que ocupan posiciones privilegiadas. ¿Qué elementos clave diferencian el fenómeno en nuestro país del que puede darse en otras partes de Europa o en otros continentes? La gran particularidad en España es que, de forma principal, la corrupción se concentra en el ámbito político. En los países en los que existe una corrupción sistémica, como algunos de Centroamérica, por ejemplo, también están involucrados en la corrupción algunos funcionarios, jueces, policías o militares. En España eso no es así. Y no hay equivalentes en la Europa democrática. ¿Idealiza la honestidad de los políticos europeos, en general, o ese planteamiento se basa en datos? Me baso en datos de procedimientos judiciales, como en los condenados, en los que han sido enviados a prisión provisional o los encausados. En muchos territorios de España han estado investigados el presidente o consejeros autonómicos, presidentes o consejeros de diputaciones provinciales o cabildos, así como alcaldes y concejales de las principales ciudades. Esos porcentajes de casos no tienen equivalentes en el continente europeo y se aproximan a países como Honduras o Guatemala. ¿Cuándo empiezan estos procesos de corrupción en España? Comienzan en la Edad Media y analizo casos en los siglos siguientes hasta llegar a la actualidad. Pero si queremos entender bien la corrupción actual debemos estudiar esas prácticas durante la dictadura de Franco, que son las que ejercen más influencia en los procesos del presente. La corrupción en Marbella no la inventó Jesús Gil (el fallecido exalcalde de dicho municipio malagueño y expresidente del Atlético de Madrid). Y lo mismo pasa en Canarias, con el urbanismo y el desarrollo turístico. Este fenómeno empieza en el Franquismo y con la Democracia no se cortaron tales prácticas. "Las autopistas en España costaron el doble que en Alemania y eso es una anomalía" ¿Puede poner ejemplos de estos fenómenos en el Archipiélago canario durante la dictadura de Franco? En la contratación pública y los tratos de favor para hacer hoteles o urbanizaciones en la costa. Está el caso de Dimas Martín, en Lanzarote, que ocupó diferentes cargos públicos. En el 2003, cuando ya había sido condenado a pena de prisión y le faltaba entrar en la cárcel, llegó a ser presidente del Cabildo de esa isla. Y obtuvo los votos de su propio partido, el PIL, y de otras dos fuerzas políticas, CC y PP. En nuestro país no ha habido un rechazo frontal a la corrupción como hubiera sido deseable. ¿Cuáles son las dinámicas más relevantes que se generan en estos casos? La regla general es que, si se aplican precios reales de mercado, no puede haber corrupción. Para que se produzca tiene que existir un sobrecoste fraudulento. El Tribunal de Cuentas europeo detectó que las autopistas españolas, en igualdad de condiciones en metros cuadrados, costaban el doble que las alemanas y lo reflejó como una anomalía del sistema institucional español. En este país es muy habitual que las obras públicas tengan un coste muy superior al del mercado y esto supone un daño enorme a la sociedad. Ese sobrecoste se estima en unos 40.000 millones de euros cada año. Algunos economistas aseguran que, si a la muerte de Franco se hubiese acabado con la corrupción, hoy España tendría una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Hasta ahora, generalmente, se suele señalar a los políticos, en la mayoría de los casos, como protagonistas de estos casos delictivos. ¿Cree que la detección de corrupción funcionarial es un universo por descubrir en las administraciones españolas? Sí que lo es. España posee otra particularidad respecto a la Europa democrática. Tiene cerca de 100.000 cargos de alta administración, en el Gobierno central, en los autonómicos, en diputaciones provinciales, cabildos, ayuntamientos, en empresas públicas o en fundaciones. Suponen un exceso de designaciones de cargos de confianza, también llamados discrecionales, en espacios que en otros países están ocupados por profesionales independientes y especializados. En España, cuando cambia un gobierno, también se sustituyen las personas que ocupan puestos de responsabilidad en dichos departamentos u organismos. Y tienen que haber cargos que vigilen o controlen que se respeta la Ley. Me hablaba antes del clientelismo y este tiene grandes raíces que vienen del siglo XIX. Está tan asumido que ya no se ve como un problema. Le planteo la pregunta de otra forma. ¿Funcionarios como los secretarios o interventores municipales juegan un papel clave para frenar los casos de corrupción y si entran en el juego de los corruptos resultará muy difícil detectar las irregularidades? Ha habido casos, pero no son relevantes. El mecanismo se corrompe por otras dinámicas, de forma mayoritaria a través de los cargos de confianza o discrecionales. En ocasiones se prescinde de los informes de secretarios o interventores; o bien unos pocos presuntamente miran para otro lado. Existe un riesgo. Los altos funcionarios tienen una parte de la retribución que depende del Gobierno estatal, pero otra está en función de lo que establezca el gobierno municipal, por ejemplo. Y estos son elementos de disuasión o con los que se ejerce cierta presión, ya que pueden ser usados como premios o castigos. Se deben hacer cambios para que en estos casos la carrera profesional no dependa de los políticos, porque eso genera potenciales presiones en funcionarios del Grupo A o los habilitados nacionales. Hay un peligro de que así se pueda anular el control real en las administraciones. "El caso de Dimas Martín es un ejemplo de que no ha habido rechazo frontal a la corrupción" ¿Todavía hay muchos empresarios que prefieren pagar la mordida y que se le solucionen con agilidad sus problemas con las licencias o los permisos de cualquier tipo? No habría corruptos si no hubiera corruptores. Cuando las contrataciones se realizan por el doble, el triple o el cuádruple del precio de mercado, hay mucho dinero que repartir. Y así se genera la geografía del despilfarro. Estamos hablando de infraestructuras innecesarias para un territorio a las que se destinaron o destinan grandes presupuestos. Hasta tal punto es así que ha habido momentos en que son las grandes compañías o las asociaciones de empresarios de la construcción las que terminan diseñando las inversiones en las administraciones públicas. Eso supone una relación anómala entre dichas partes. En base a algunas sentencias, ¿cree que en España sale rentable ser corrupto o favorecer la corrupción? Sale rentable penalmente ser corrupto. Porque es muy difícil que se inicien mecanismos de persecución y condenas. Y eso se nota en las escuchas telefónicas que se realizan a los investigados en estos casos, ya que hablan con mucha convicción y tranquilidad, pues creen que van a tener impunidad. Tenemos un sistema judicial que no cuenta con medios suficientes. España está a la cola en número de jueces por habitante y a la cabeza de políticos corruptos. Nosotros perseguimos en bici a políticos que escapan en Mercedes. Y esto explica que se tarden doce o catorce años en la instrucción de una causa o que sea tan difícil encontrar pruebas. Cuando damos las primeras patadas para hallarlas, el dinero ya se ha volatilizado en paraísos fiscales. ¿Piensa que en este país la corrupción solo se utiliza para manchar la imagen de los rivales políticos en los medios de comunicación, en vez de servir para cambiar la concepción del servicio público en las administraciones? Ha sido un deporte nacional embestir con los casos de corrupción de los partidos rivales y proteger a los corruptos propios en casos similares. Si hubiera habido voluntad, la corrupción habría acabado hace décadas. ¿Cuántos casos de corrupción le ha tocado instruir como magistrado? En los juzgados valencianos en los que he trabajado, en todos los partidos judiciales he llevado casos de este tipo y con protagonistas de todas las fuerzas políticas. ¿Qué pasos hay que dar para cambiar la actual dinámica en las administraciones y empresas públicas del país? Es muy importante reforzar los instrumentos de prevención, persecución y castigo. La prevención es fundamental, es decir, que no sea fácil adjudicar por encima de los precios de mercado, que haya controles de esos procesos. Se deben también reforzar los mecanismos de transparencia hacia los ciudadanos. Y, además, debería haber una mayor democracia interna en todos los partidos políticos, así como conocer su financiación y gestión económica.

Joaquim Bosch, magistrado: "En España, a nivel penal, sale rentable ser un corrupto"

"Si se aplican precios reales de mercado no hay corrupción; esta requiere sobrecoste", sostiene el juez y autor del libro 'La patria en la cartera'

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