El enésimo capítulo de tensiones y disensiones entre la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, y la presidenta Laura Borràs puede terminar esta vez con el cese de la letrada de su puesto de motu proprio. La polémica por el nombramiento del hijo de la máxima responsable de la administración parlamentaria, Jan Forner, como ujier interino y las distintas versiones sobre si Andreu informó debidamente y sobre si intervino en el proceso de elección, desataron una cadena de informes que, a ojos de la Mesa, no son suficientes para determinar si actuó correctamente. De ahí que este martes, los miembros del órgano parlamentario acordaran recurrir a un organismo externo, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), para que dictamine la idoneidad del trámite, algo que enervó a la secretaria general hasta el punto de presentar su dimisión 'in voce'. Borràs tiene la última palabra, pero no tomará decisión alguna hasta que Antifrau se pronuncie.