Pedro Sánchez llegaba este jueves al Congreso con algunos anuncios bajo el brazo con los que calmar a sus socios por el 'caso Pegasus'. Básicamente, dos: reformar la normativa que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y agilizar la tramitación de una nueva ley de secretos oficiales. Pero no logró su objetivo de bajar la tensión porque pesaron más sus silencios. La inmensa mayoría de los grupos consideró que el jefe del Ejecutivo se escabulló de dar explicaciones sobre la intervención de los móviles de 18 dirigentes independentistas efectuada por el CNI con aval judicial. Tras cinco horas de debate, ERC salió advirtiendo de que “la crisis no está resuelta” y EH Bildu lamentó que Sánchez siga sin atreverse a “limpiar las cloacas del Estado”. Por el contrario, el principal partido de la oposición, el PP, denunció la falta de aclaraciones y ve a Sánchez “arrodillado” y “pidiendo perdón” a los independentistas por las acciones “legales” de los servicios secretos.
El presidente se desvinculó con rotundidad de los seguimientos al soberanismo: en el "marco de la directiva de inteligencia" —la última, aprobada en 2019—, fue el CNI quien adoptó las decisiones operativas que él no conocía, el que determinó las escuchas siempre con amparo del juez encargado del Tribunal Supremo. Es decir, que siempre se ha respetado la legalidad, como también avaló el Defensor del Pueblo en su informe de la semana pasada, esgrimió. España, reiteró, es un Estado aún "más garantista" que otros de nuestro entorno, pero aún se puede hacer más para proteger los derechos individuales de los ciudadanos.
En la Moncloa recalcaban que lo importante era la "voluntad política" manifestada por Sánchez con sus dos anuncios, más allá de cómo y cuándo culmine la tramitación de ambas iniciativas
Ese objetivo explica las dos iniciativas principales que impulsará el Ejecutivo. De un lado, la aprobación de una ley de información clasificada (que sustituya a la ley de secretos oficiales de 1968) y, de otro, la reforma de la ley orgánica del CNI, para reforzar el control judicial. No avanzó fechas, aunque en el Ejecutivo creen que podrían tener lista la primera antes de vacaciones. Fuentes de la Moncloa señalaban que lo importante era la "voluntad política", la "decisión" manifestada por Sánchez, aunque falte la "concreción jurídica" y se requieran primero "trabajos técnicos". Es decir, que lo relevante era el gesto, más allá de que luego se culmine la tramitación. Porque para la segunda norma se requiere mayoría absoluta, dado su carácter orgánico, y no está nada claro que el Gobierno disponga de los apoyos necesarios. Al menos, a día de hoy. De hecho, hay miembros del Gabinete y del PSOE que dudan de que la nueva regulación del CNI vea la luz en esta legislatura.
El líder socialista defendió la "transparencia" de su Gabinete, la "enorme fuente de preocupación para la seguridad nacional" que provocaron los sabotajes y el incendio en las calles de Catalunya que siguieron a la sentencia del 'procés' y que justificaron las escuchas del CNI. Es decir, que el Gobierno y él mismo hicieron "lo que debían" en ese contexto. Lo que no aclaró es si la vigilancia se extendió hasta finales de 2019 y principios de 2020, cuando el PSOE negociaba la investidura de su líder con ERC. El presidente se mostró dispuesto a proceder a "toda solicitud de desclasificación" de documentos vinculados al espionaje, "con la mayor celeridad", pero solo si lo solicita el juez.
"España huele a cerrado"
Sánchez lamentó que el 'Catalangate' haya minado la confianza con el Govern y con ERC, pero insistió en que está dispuesto a recomponerla, porque el diálogo es su "apuesta" personal y política. Todavía está pendiente de fijarse la reunión con el 'president', Pere Aragonès, y también una nueva reunión de la mesa de diálogo, y esta quiere que sea "cuanto antes" para reanudar unos trabajos que han dado "frutos". Pero, de nuevo, no hay fechas, y en el PSOE se asume que no la habrá hasta que no pasen las elecciones andaluzas del 19 de junio.
Sánchez revalida su apuesta por el reencuentro y el acuerdo, e insiste en que está dispuesto a su reunión con Aragonès, aún sin fecha, y a una nueva mesa de diálogo, que debe convocarse "cuanto antes"
"¿Qué ha venido a hacer usted aquí?", se arrancó el portavoz republicano, Gabriel Rufián, en cuanto subió a la tribuna. Ese trallazo ya mostraba cómo la comparecencia se había probado inútil para su partido. "Las preguntas esenciales continúan sin respuesta", faltan "explicaciones claras y responsabilidades", protestó Aragonès en Twitter. "En un país donde la principal ley es la ley del silencio, no es un país, es una mafia [...]. España huele a cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta", añadió Rufián.
Pero no solo fue ERC. También se mostraron críticos los portavoces de Más País, Bildu y PDECat, aliados naturales del Ejecutivo. Más aún lo fueron Junts y la CUP, quienes reprocharon a Sánchez la insuficiencia de sus explicaciones y que no asumiera responsabilidades por lo ocurrido. Unidas Podemos, socios en el Ejecutivo del PSOE, respaldó el aumento de los controles de los servicios secretos y la reforma de la ley, pero exigió a Sánchez limpiar el “Estado profundo”. Una expresión que rechazó el presidente, porque lo que hay, insistió, es un Estado y sus contrapesos, y no "cloacas", como sí las había con el PP en el Gobierno.
¿Fue Marruecos?
En su intervención, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lanzó una ristra de preguntas que Sánchez había evitado concretar: “¿Qué otros cuerpos autonómicos usan Pegasus?”, “¿le parece normal sentarse a negociar la gobernabilidad con aquellos que sabe que están siendo investigados porque son una amenaza para la integridad del Estado?”, “¿indultó a personas que sabía que estaban siendo investigadas porque eran una amenaza para el Estado?”.
"¿Le parece normal sentarse a negociar la gobernabilidad con aquellos que sabe que están siendo investigados porque son una amenaza?", le inquiere Gamarra
La portavoz del PP también incidió en la brecha de seguridad que permitió que los móviles de Sánchez y los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) fueran pinchados. El PP registró ayer una solicitud para que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, acuda a la comisión de gastos reservados y concrete qué información lograron sustraer a los miembros del Ejecutivo, para saber si lo robado “pone en peligro la seguridad de España” y si Sánchez es un “presidente atado de pies y manos”. Gamarra deslizó que el giro radical de la Moncloa, al bendecir la opción de que el Sáhara Occidental pueda convertirse en una autonomía del reino de Marruecos, se pueda deber a que Rabat está detrás del espionaje con Pegasus al dirigente socialista y pueda estar chantajeándole.
A los dirigentes del PP les escoció que en su intervención inicial Sánchez incidiera en los escándalos de corrupción de los conservadores, sobre todo, cuando a la vez les está reclamando sentarse a negociar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y les salvaron este mismo jueves en la aprobación de la ley audiovisual. “No entraré ni en su juego sucio ni en su barro, porque está aquí para dar explicaciones”, le espetó Gamarra a Sánchez antes de recordarle que el PSOE tiene a dos presidentes del partido condenados por corrupción: José Antonio Griñán y Manuel Chaves. La Audiencia de Sevilla castigó al primero por malversación y al segundo por prevaricación por el caso de los ERE.
El PNV aplaudió las reformas anunciadas por Sánchez, pero mostró su sorpresa por la afirmación del jefe del Ejecutivo de que no conocía las intervenciones reclamadas por el CNI a los 18 dirigentes. “Que el CNI sea una célula autónoma que se permita elegir objetivos en una materia como la política es muy grave", advirtió.