El 14 de marzo de 2020 se decretaba en España el estado de alarma y, con él, se daba el pistoletazo de salida a la carrera de las administraciones para obtener material sanitario dentro de un mercado colapsado y con un 'stock' escaso que propició una contratación exprés. Más de dos años después, los órganos fiscalizadores han analizado los contratos a dedo y ofrecen una radiografía de la disparidad de precios que pagaron unas y otras instituciones. Una diferencia que agrava todavía más el polémico 'pelotazo' en el Ayuntamiento de Madrid, ya en manos de la justicia, por el que dos empresarios cobraron presuntamente comisiones de hasta seis millones de euros a través de algunos contratos a dedo.