Las claves de la ley audiovisual

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Comunicación Audiovisual. Tras meses de negociaciones intensas y un final de infarto, la norma ha salido adelante con un estrecho margen y gracias a la abstención del PP. Además, ha provocado la primera ruptura del Gobierno de coalición: el PSOE ha votado 'sí' a la norma y Unidas Podemos se ha abstenido. A continuación, las claves de la ley: Producción en catalán, gallego o euskera La ley recoge la obligación de "financiación anticipada de obra audiovisual europea y promoción de la diversidad lingüística" por parte de las cadenas de televisión y de las plataformas de 'streaming'. En concreto, obliga a aquellos operadores que facturen más de 50 millones de euros al año a destinar un 5% de sus ingresos -un 6% en el caso de TVE- a la producción o compra de derechos de obras europeas, de las cuales un 70% deberán ser en castellano o en alguna de las lenguas cooficiales. Como mínimo, estas últimas deben suponer un 15% de esa subcuota. Esto supone, al final, un 0,525% de los ingresos de plataformas como Netflix o HBO y un 0,63% de TVE. ERC lo cifró en 15 millones de euros anuales. También podrán suplir esta obligación destinando el 5% de sus ingresos al Fondo de Protección a la Cinematografía o al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. Si las cadenas de televisión o las plataformas tienen ingresos inferiores a 50 millones, pero superiores a 10 millones, no tendrán la obligación de destinar una parte a la producción concreta en lenguas cooficiales. Presencia en el catálogo A parte de la obligación de financiar nuevas producciones, la norma establece que las plataformas de 'streming' deberán reservar, como mínimo, un 6% de su catálogo para películas, series, documentales... en algunas de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. En el caso de la televisión pública nacional deberá destinar un mínimo del 51% del tiempo de emisión a obras europeas, del cual la mitad debe ser en español o en algunas de las otras lenguas cooficiales del Estado. Estas deben representar, al menos, un 15% de esta subcuota. Es decir, deberán dedicar un 3,75% del tiempo de emisión a obras en catalán, gallego o vasco. Este último punto no se aplica al resto de televisiones generalistas, como Antena3 o Telecinco. El Fondo de Doblaje Se crea un fondo de ayudas con "el fin de atender al fomento y protección del uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas promoviendo el doblaje y subtitulado de obras audiovisuales". La norma no especifica la cuantía con la que se dotará dicho fondo, si no que se compondrá de las aportaciones que realicen las comunidades autónomas con lengua oficial y el Estado, "conforme a las disponibilidades presupuestarias aprobadas anualmente". Además, la ley recoge que las plataformas de 'streaming' deberán incorporar a sus catálogos las versiones lingüísticas de aquellas obras que hayan sido dobladas o subtituladas en lenguas cooficiales siempre y cuando no supongan una contraprestación económica. La producción independiente Las televisiones y las plataformas de 'streaming' deben dedicar un 3,5% de sus ingresos a la producción independiente, con el objetivo de fomentar la competitividad del sector. No obstante, el PSOE introdujo una enmienda en la norma que otorga el estatus de productora independiente a "las grandes empresas audiovisuales", como por ejemplo Atresmedia o Mediaset, siempre y cuando no presten servicio a su propia cadena. Este cambio ha provocado el enfado de las asociaciones de productores audiovisuales y ha puesto en peligro la aprobación de la norma. Unidas Podemos, ERC y EH Bildu votaron 'no' a la ley por esta enmienda y el PSOE necesitó de la abstención del PP para lograr los votos necesarios. La financiación de RTVE Hasta el momento, la corporación de RTVE se financia, principalmente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero también obtiene ingresos del resto de operadores televisivos por la renuncia de la cadena pública a los anuncios desde 2009. En concreto, las cadenas estatales deben aportar un 3% de los ingresos brutos que obtienen. La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual amplía esta obligación a las plataformas de 'streaming', como Netflix o Amazon Prime, y también a empresas de intercambio de contenido audiovisual, como Youtube, que tendrán que colaborar con el 1,5% de sus ingresos. Estas cantidades deberán ser abonadas a RTVE al finalizar el año. Impulso a las mujeres La norma se queda bastante coja en cuanto a medidas para buscar la igualdad entre hombres y mujeres en el sector audiovisual. El texto indica que se "fomentará la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres mediante la convocatoria de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía", pero no se ofrece ninguna cifra concreta. Únicamente, obliga a las televisiones, tanto públicas como privadas, y a las grandes plataformas de 'streaming' a invertir un 1,05% de los ingresos que obtienen -un 1,26% en el caso de TVE- en la producción o compra de derechos de obras dirigidas por mujeres. La cifra resulta insuficiente para las asociaciones de mujeres del sector audiovisual. La regulación de la publicidad La ley también ofrece un nuevo sistema para la regulación de la publicidad. Actualmente, las cadenas de televisión pueden emitir 12 minutos de anuncios por cada hora, mientras que la norma recién aprobada establece la capacidad de emitir 144 minutos entre las seis de la mañana y las seis de la tarde y 72 minutos entre las seis de la tarde y las doce de la noche. El tiempo es el mismo, pero permitirá que las televisiones puedan emitir bloques más largos a determinadas horas y reducirlos a otras. Además, se establece que por cada franja de 30 minutos, solo se podrá cortar la programación una única vez. También se endurecen las normas sobre el contenido que se puede publicitar.

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